Al cierre de esta edición, la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por el manejo institucional y financiero de la Comisión Mixta de Salto Grande (CTM) ha dejado en evidencia las deficiencias de distinto orden que hubo en términos de gestión en este organismo, sobre todo en lo referido a la transparencia.
De esta manera, el principal cuestionamiento expresado a la CTM, no solo desde distintas fuerzas políticas, sino también desde distintos sectores de la sociedad, estuvo referido al excesivo gasto y al número de incorporaciones de funcionarios que en un principio se dijo, eran inamovibles. Estas contrataciones que se han visto como parte de una política clientelista estuvieron en el foco de discusión durante toda la jornada.
La posición del Frente Amplio estuvo desde un principio a favor de la censura del ministro de Relaciones Exteriores por considerar suya la responsabilidad en la omisión de los controles que permitieron el gasto excesivo mencionado. Y en esa línea también exigió la renuncia de la actual delegación del Uruguay en la CTM, no estando conforme con lo explicado por los integrantes de la misma como por el mismo canciller Francisco Bustillo.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores se defendió expresando que el mismo marco jurídico que regula el funcionamiento de la CTM –por ser ella misma un organismo de carácter internacional– que le adjudica a este organismo un grado de autonomía excepcional, no posibilita la realización efectiva de los controles exigidos.
En ese sentido, el ministro Francisco Bustillo expresó que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que equipare a los delegados con los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. “Frente a la situación planteada y tomando en consideración la necesaria clarificación de las delegaciones nacionales, el Poder Ejecutivo adoptó medidas para un nuevo diseño de funcionamiento de las delegaciones ante las denominadas comisiones binacionales, algunas de naturaleza estructural y otras referidas a las coyunturas”, apuntó Bustillo.
Por su parte, Cabildo Abierto entiende que ha habido un uso abusivo de los dineros públicos. No obstante, realizó una tercera lectura, considerando que no es pertinente la censura a los ministros porque obviamente la responsabilidad proviene de una órbita que trasciende a ambos ministerios. El diputado por esta fuerza política, Rodrigo Albernaz, expresó: “Cabildo abierto apoyó esta interpelación en aras de la transparencia de la gestión en el uso de los dineros públicos para poder conocer los criterios y los destinos de los mismos. Es por esto que Cabildo Abierto continúa exigiendo auditorias, y no cualquier auditoria sino auditorias de gestión donde se explique los criterios en la toma de decisiones que nos permite entender por qué se hizo ese gasto de dinero, en qué cosas y por qué no en otra. De esta manera entenderemos la necesidad o no de las partidas de refuerzo que han sido pedidas y que han sido otorgadas. Esto daría transparencia, concepto tan usado en la campaña política por nuestros socios de gobierno”.
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