El proyecto de ley que regula la expansión de la forestación promovido tiene media sanción en Diputados y está en carpeta para su tratamiento en el Senado. En el ámbito político y académico el tema está cobrando más espacio de discusión. En una reciente actividad de balance sobre la política forestal en el país, legisladores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta dieron su punto de vista.
El jueves 2 de abril el Movimiento por un Uruguay sustentable (Movus) organizó el debate “Balance y proyecto de ley sobre la política forestal del país” que contó, entre otros con el autor del proyecto de ley que regula la actividad forestal, el diputado Rafaél Menéndez (Cabildo Abierto). Participaron del evento los senadores Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Lanz (Partido Colorado) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional), todos ellos integrantes de la Comisión de Ganadería en el Senado. El moderador fue el activista Raúl Viñas.
Menéndez: la economía y el ambiente
Al hacer uso de la palabra, Menéndez comenzó señalando las virtudes de la forestación. “El modelo forestal aporta US$ 100 millones por venta de rolos a China, por madera acerrada otros US$ 100 millones, chips a Portugal US$ 100 millones, madera terciada a Estados Unidos y México US$ 60 millones, ventas de rolos a las zonas francas de UPM y Montes del Plata US$ 600 millones. Es incuestionable que, en ese sentido, la política ha sido exitosa”, señaló Menéndez.
Sin embargo, para el representante “es clave” entender que “es una política desarrollada en base a subsidios y exoneraciones” que paga toda la sociedad. “Es momento para que la sociedad sepa en qué se convirtió el dinero que aportó”, reclamó.
Menéndez citó un informe de Uruguay XXI, elaborado en 2019 en el cual se destacaban como resultados el rápido crecimiento de las especies, en especial el eucaliptus, el bajo precio de la tierra, bajo costo de la mano de obra, normativas ambientales poco exigentes, las mencionadas políticas forestales y las zonas francas para la instalación de las pasteras.
Por otra parte, cuestionó que una vez promulgada la ley se adjudicaron como terrenos de prioridad forestal 1,3 millones de hectáreas, pero luego, a través de sucesivos decretos de todos los gobiernos pasamos a 4,3 millones de has. con prioridad forestal, esto es el 25% del país como terreno de prioridad forestal. Además, hay 300 mil has. que “están fuera de los terrenos de prioridad forestal”, subrayó.
Asimismo, argumentó que el 60% de la producción forestal está en manos de 2 empresas extranjeras que son las propietarias de la planta de celulosa, UPM y Montes del Plata, y el 80% de las forestaciones es propiedad de 6 empresas extranjeras a través de subsidiarias uruguayas.
Otro punto que destacó fue que “todos los proyectos de menos de 100 has. no pasaron por estudios de impacto ambiental y así se han conformado macizos forestales”. “Se ha forestado muchísima zona de cuenca, zonas de recarga de acuíferos. Este no va a ser un debate ambiental, pero cuando hablamos de forestación no es lo mismo un predio de 40 o 50 has., nos referimos a la conformación de macizos forestales que desde lo social y medioambiental no son lo mismo”, advirtió el diputado.
Sánchez: atender la “solidaridad intergeneracional”
Por su parte, el senador Alejandro Sánchez, que ahora preside la Comisión de Ganadería en el Senado, dijo que la forestación “es un tema estratégico y refiere a qué mirada tenemos nosotros sobre el desarrollo del país, e involucra aspectos del debate político económico desde casi la conformación del Uruguay, porque estamos discutiendo sobre el uso de la tierra, el acceso y cómo las distintas producciones pueden acceder a ese recurso que es finito”. “A ese concepto hay que incorporarle el de solidaridad intergeneracional, es decir, qué hacemos para preservar ese recurso, tierra para las futuras generaciones”, reflexionó.
“La forestación compite con otras actividades productivas y lo hace con ventajas por su capacidad económica y de captar flujo financiero, y esto es un problema porque estamos hablando de un bien caro y que su rentabilidad muchas veces no está asociada al valor de la tierra”, apuntó el legislador.
También consideró que en la forestación “el 85% va a la pasta de celulosa y uno de los costos del sector forestal tiene que ver con los fletes y la logística, por tanto, hay una presión natural de acercar las plantaciones a las plantas y, entonces, se genera una tensión para realizar la actividad forestal cerca de las plantas donde puede haber otros usos de suelos agrícolas”.
Lanz: la forestación integra mano de obra femenina
En una posición diferente, el senador Pablo Lanz resaltó la convivencia del sector forestal con otros sectores productivos, como el caso de la apicultura.
“Tenemos el valor en las exportaciones”, subrayó. “El alto porcentaje ocupacional directo o indirecto que tiene el sector”. En 2019, en la fase silvícola se ocupaban 8500 puestos de trabajo, en la fase industrial otro tanto y en la logística y transporte se agregaron algo más de 15 mil trabajadores, “llegando a un total de 18 mil trabajadores”, sintetizó, además de ser de los sectores agropecuarios “que integra más mano de obra femenina”.
“Las remuneraciones ascienden, de forma directa, a US$ 440 millones en cuanto a los 18 mil cotizantes totales de forma directa e indirecta, y se estima que el sector aporta US$ 340 millones a los ingresos públicos”, dijo el legislador colorado.
“En el proyecto de ley encontramos algunas inconsistencias, no compartimos la presentación de este proyecto porque hay información que no se ajusta a los últimos índices y evaluaciones, y entendemos que el debate en el Senado tiene que estar dado desde la convocatoria de todas las partes”, opinó.
Da Silva: no hay que quitarle rentabilidad al productor
A su momento el senador blanco dijo que no cree en que la forestación “debe ir a diestra y siniestra” por todo el país. “Quiero recalcar que estos debates olvidan la propiedad privada, el derecho de propiedad, el derecho del propietario de hacer en su establecimiento lo que mejor pueda hacer”, indicó.
En ese sentido, dijo que “un establecimiento de 800 has. que pueda dedicar 100 a una empresa forestal en arrendamiento, implica ingreso de US$ 20 mil o 25 mil por la parte más embromada de su campo. Yo no sé si estoy dispuesto a sacárselo, porque puede pasar que esa familia si pierde ese ingreso capaz que pone el campo a la venta y viene un extranjero y se lo compra”. Por tanto, hay que ver “los impactos que tiene” un proyecto como el de la ley forestal.
Además, “la forestación es de los sectores del campo más regulados, para hacer un proyecto forestal tiene que pasar por tres filtros, que son la Dirección Forestal, la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), y en la mayoría de los casos la autorización departamental”, argumentó.
Finalmente, consideró que “a ese denominado problema que es la forestación hay que sumarle otros tres problemas llamados jabalí, carancho y garrapata, para que también estén incluidos en la ley, porque esa es una realidad con la que el productor convive”.
Ocho meses de debate
El diputado Menéndez dijo: “no podemos caer en si la forestación es buena o es mala, porque cualquier activad es buena o mala según el modelo de desarrollo que se proponga y según cómo se haga”. Ante los señalamientos de inconsistencia del senador Lanz, dijo que el proyecto tuvo “ocho meses de discusión y participaron técnicos muy avezados en temas agronómicos y de ordenamiento territorial”.
Y ante la mención de la propiedad privada, el senador Da Silva opinó: “no se ponen límites, no veo ningún artículo que ponga límites. Acá todas las actividades están reguladas. Si yo quiero agarrar mi auto y salir a llevar y traer gente no puedo, si tengo un terreno en una zona residencial y pienso hacer un edificio de 20 pisos tampoco puedo”.
Disputa territorial del ganadero familiar con la expansión forestal
Entrevistado por el programa La Voz de la Mañana de radio Oriental, el Dr. Pablo Díaz Estévez, del Observatorio de Política de Tierra de Udelar, sostuvo que “hay una disputa territorial en el sentido que a la empresa forestal le sirve disponer de grandes superficies para expandir un monocultivo y no le conviene que haya pequeños predios aislados dentro de sus macizos”.
Aseguró además que el principal problema que existe con la expansión forestal viene por el lado del costo del acceso a la tierra, sobre todo en la política de arrendamientos y que a través de censos con datos oficiales se ha constatado que se perdieron 7400 productores registrados de todos los rubros, pero que hay más que no se pueden identificar por el registro del MGAP.
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