En un encuentro que reunió a la Cámara Regional de Empresarios del Este (CRECE) y a las Cámaras Empresariales de la Frontera (CEFRO), los representantes de ambas organizaciones brindaron una conferencia de prensa para dejar clara la posición en favor de no derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Esta decisión reafirma el sentir que se ha venido reivindicando desde 2017 en cuanto a la bancarización obligatoria, entre otros puntos.
En este sentido, Martín Rodríguez, directivo de la Cámara Comercial e Industrial de Rocha, señaló que CRECE y CEFRO se han reunido en varias oportunidades para discutir acerca de este punto y han definido que no se sienten representados por quienes defienden derogar los 135 artículos de la LUC.
Tanto CRECE como CEFRO han trabajado para demostrar el perjuicio de la obligatoriedad financiera y junto a otros actores sociales y las cámaras de comercio del interior, reunieron hace menos de tres años 240.000 firmas que avalan esta postura.
Para Rodríguez, un ejemplo claro de la pérdida de libertades que significa la bancarización obligatoria es la medida anunciada por AEBU, en la que establece que “trancará” el sistema bancario por 10 días, a lo que se suma el feriado de Carnaval, con el consiguiente perjuicio no solo para el empresario y el comerciante, sino para todos los trabajadores.
Otro de los artículos que las gremiales empresariales defienden es el que se refiere a la regulación de las ocupaciones sindicales a las empresas. Con la aprobación de este artículo en la LUC, se recupera algo por lo que históricamente se ha luchado, que las empresas privadas tengan el mismo derecho que las empresas públicas para no permitir las ocupaciones. El directivo destacó que no se niega el derecho que tienen los sindicatos a hacer huelga, sino que se quiere garantizar el derecho al trabajador que quiere trabajar.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de las cámaras del interior son de pequeño y mediano porte, siendo el mismo empresario el que cumple varias funciones a la hora de desarrollar el trabajo.
Una situación similar se da con los cortes de ruta que impiden el traslado de mercadería e insumos, lo que perjudica al comerciante, pero también al trabajador. “No estamos todos en la misma bolsa”, explicó Martin Rodríguez, “y eso es lo que nos vamos a encargar de explicar de aquí al 27 de marzo”, estableció.
Por su parte, José “Pepe” Pereyra, presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado, invitó a las comerciantes y empresarios a que se unan a este planteo de las cámaras de la frontera y del este del país para no derogar los 135 artículos en cuestión y así continuar la obligatoriedad financiera. “Esto no es un tema político ni partidario”, dijo Pereyra al referirse a la situación de los comerciantes y empresarios del interior que, desde el 2014 cuando se había aprobado esa obligación, comenzaron a ver los daños y a sentir cómo pesaban los costos de la implementación de esa mala ley, lo que en su entonces quienes desarrollaron esa nefasta obligación llamaban “un supuesto control contra la informalidad”.
Cerrando su exposición “Pepe” Pereyra reafirmó lo establecido por Martin Rodríguez previamente, al manifestar que el partido que están jugando los sindicatos con la ampliación del derecho de huelga que permite las ocupaciones, no es ni más ni menos, que poner al Uruguay en la lista negra de la OIT, es por eso que se le dice no al PIT-CNT, el cual pretende llevar las riendas, perjudicando al trabajador que necesita trabajar.
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