Alejandro Bordagorri integra el equipo asesor de Cabildo Abierto en materia educativa. En diálogo con La Mañana señaló que se necesita crear una Universidad Pedagógica Nacional para la formación de docentes, ya que entre cuatro y seis, en educación media, no tienen un título terciario.
¿Qué reuniones ha tenido el equipo de educación de Cabildo Abierto?
El primer encuentro fue un debate educativo organizado por Unesco con los referentes de educación de todos los partidos. También hemos tenido otros, como uno reciente en la Universidad Católica, al que asistió el senador Guido Manini Ríos y en el cual, junto con la también asesora doctora Lidia Barboza, presentamos nuestro programa. Como partido integramos los órganos colegiados de la educación, con representantes en el Codicen y el Consejo de Formación en Educación.
Hay que recordar que en el documento Compromiso por el País se estableció que Uruguay enfrentaba una emergencia educativa. Al iniciar el gobierno tuvimos la pandemia y, por lo tanto, un periodo de casi dos años en que se tuvo que lidiar con el coronavirus. También estuvo la Ley de Urgente Consideración, en la que se implementaron cambios institucionales muy importantes. En educación, esos cambios fueron básicamente en la formación docente y en materia de alumnado mediante la transformación curricular, con un enfoque por competencias, que está orientada al desarrollo de habilidades. Esto es para permitir a los estudiantes resolver problemas, tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Ahí se diseñó el plan de educación básica integrada que fue aprobado por el Codicen, con el voto de nuestra consejera. También se diseñaron nuevos bachilleratos y el plan 2023 para la formación de los educadores.
La otra transformación es el gobierno de la educación, que ha pasado de una conducción colegiada a direcciones generales, lo cual ha facilitado enormemente la gestión. Partimos, entonces, desde esa base. En Cabildo Abierto hemos analizado cuál es la situación en que estamos parados y a partir de ahí visualizamos una serie de transformaciones que son impostergables desde nuestro punto de vista.
¿Cuáles son esas transformaciones?
En primer lugar, está la creación de una Universidad Pedagógica Nacional para la formación de docentes. Esta tiene sus antecedentes en Carlos Vaz Ferreira, quien en 1914 ya visualizó una Facultad Pedagógica para formar a todos los docentes, o sea que tuvieran la categoría universitaria. Debemos tener en cuenta que hoy en el mundo los docentes son todos universitarios. Incluso en algunos países, como Finlandia, para estar parados frente a un aula se debe tener un máster en educación. En ese sentido estamos bastante atrasados. Pero ¿qué decidió el gobierno? Crear una acreditación. Se realiza a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa [Ineed]. Un instituto colombiano es el que acredita, a través de una prueba, a los docentes que quieren tener un carácter universitario. Nosotros estamos hablando de que un docente debe tener un título universitario y no terciario, como se otorga en Uruguay, por ejemplo, a maestros o profesores. Con este sistema de acreditación, los docentes se presentan a la prueba y obtienen otro título. De esta manera, una persona que egresa de la misma carrera tiene dos títulos. Es por eso por lo que lo consideramos una medida paliativa y burocrática. Tanto es así que, de los 64 mil docentes, solo el 3% optó por la prueba para el título universitario.
También consideramos que es necesaria una ley de educación superior a los efectos de llenar ese vacío legal que tenemos en este proceso de internalización de las políticas educativas: docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio de las nuevas generaciones. Esto posibilitaría que los docentes tengan carreras de grado y posgrados a nivel nacional. Hoy tenemos entre cuatro y seis docentes (secundaria y UTU) de diez que no tienen título y en primera infancia llega al 60% del personal sin educación terciaria. Esa es una situación muy crítica. Como una analogía, cuando uno se tiene que operar, quiere que lo haga alguien que tiene un título de cirujano y en este caso estamos entregando la educación de nuestros niños más pequeños a quienes no tienen un título de profesional en educación. A veces, por el tema de la urgencia, hay que llenar ese lugar y pasa en varios lugares, principalmente en educación media, donde, por ejemplo, un estudiante de ingeniería termina siendo profesor de matemática. Por lo tanto, en la visión de Cabildo Abierto el 100% de los docentes deben titularse como tales.
Sobre educación inicial, ¿cuál es el planteo?
Para primera infancia proponemos crear una dirección nueva, que atienda a los niños de tres a cinco años, reconociendo no solo su rol educativo, sino también socio-asistencial. Decimos también que se debe debatir sobre la obligatoriedad de la educación inicial desde los tres años.
En educación media, ¿qué análisis hace de los centros María Espínola que plantean el tiempo extendido?
Proponemos que hay que extender esa modalidad. Apoyamos lo que se ha hecho en estos centros, en especial la formación de los equipos multidisciplinarios que trabajan en ellos. Pero no podemos hablar de que se ha hecho una transformación significativa, porque más o menos estamos hablando de 3000 estudiantes atendidos por estos equipos multidisciplinarios en esos centros, por lo cual todavía falta mucho.
¿Qué problemas observa en educación media?
En primer lugar, el bajo egreso, que es del 50%. Estimamos que la transformación curricular va a permitir que menos estudiantes se vayan de la educación media y puedan culminar, pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Debemos tener en cuenta que del 50% que no termina la educación media la mitad después no consigue trabajo. El otro tema es el problema de la droga. El informe del Ineed sobre centros educativos reveló que el 84% de los estudiantes de 15 años había consumido ya sean bebidas energizantes, medicamentos, marihuana o cocaína. La situación es complicada y no tenemos una política que enfoque justamente la prevención. Por ejemplo, en México tienen una política agresiva de prevención en tres niveles. El primero es una política de concientización a nivel nacional. El segundo es a nivel educativo, donde los docentes pueden hablar en sus clases sobre la problemática de la droga, y tercero el concientizar a la familia para que puedan detectar cuando un hijo puede estar vinculado con las drogas.
En el informe del Ineed se hacía referencia a la violencia en los centros de estudio. ¿Usted observa una relación de las drogas con este tema?
Desde mi punto de vista, la droga afecta dos pilares de los centros. Uno es la seguridad, ya que en algunos centros de estudios se está vendiendo drogas y eso evidentemente afecta la convivencia interna. El otro punto es la capacidad cognitiva de los jóvenes que consumen. Esto afecta el aprendizaje, en un marco donde se pretende mejorar el rendimiento en lenguaje o matemática.
¿Cómo ve la seguridad dentro de los liceos?
El tema de la seguridad depende de dónde está ubicado el centro de estudios y el entorno externo. Nosotros proponemos fortalecer la formación de directores, inspectores, coordinadores y los equipos multidisciplinarios para enfrentar este problema. Es muy importante que los directores de los centros tengan formación, en virtud de la realidad que estamos viviendo y somos favorables a que cada liceo tenga su autonomía. No es lo mismo un liceo de Carrasco o Punta Gorda que uno de Cerro Norte, ya que cada realidad, cada entorno, es diferente. En los debates que hemos participado nos manifestamos no solo a favor de la autonomía, sino también a los temas burocráticos. Uno de los problemas de la ANEP es la burocracia. Dentro de los pilares estratégicos que visualizamos es fundamental una gestión eficiente y transparente, basada en la evaluación de procesos y resultados. Si vemos el estudio que se ha hecho sobre qué es lo que se gasta por cada centro de estudio (escuelas de tiempo completo, normales o rurales), vemos de 60 mil pesos a 230 mil pesos por alumno, lo cual marca una gran diferencia en materia de distribución de recursos.
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