Según el senador Mario Bergara, el proyecto de reforma constitucional presentado por Cabildo Abierto es demagógico. Quien fuera uno de los máximos exponentes de la política económica del país durante quince años opina que, si se aprueba el proyecto, los ciudadanos podrían quedar sin otra alternativa que endeudarse con el “usurero del barrio”, cuyos fondos “probablemente” proceden de “actividades delictivas”. Al mismo tiempo, su colega, el senador Eduardo Brenta, se percató ayer que operan en el país redes de ciudadanos colombianos que prestan a tasas usurarias, utilizan la violencia y tienen vínculos con el narcotráfico. Evidentemente estamos presenciando un repentino despabilamiento del astoribergarismo que desde su torre de marfil logra apreciar lo que cualquier trabajador que vive en la periferia de Montevideo y las ciudades del interior conoce en carne propia desde hace años, y que La Mañana viene denunciando en sus páginas de opinión.
Lo que no dice Bergara es que en muchos casos estos prestamistas ofrecen créditos a tasas inferiores que las empresas de crédito al consumo, controladas por instituciones financieras y supervisadas por el BCU. Esto contradice el relato implícito de su planteo, que sugiere que ante las “injustas” restricciones que impondría el proyecto de Cabildo Abierto, los deudores no tendrían otra alternativa que caer en manos de redes criminales. La verdad es que muchos de los que optan por acudir a este tipo de préstamos lo hacen siguiendo esa lógica del mercado tan defendida por los capitostes y sus repetidores locales. Ofreciendo tasas más bajas y menos papeleo, el usurero parecería representar el ideal de ese mundo neoliberal al que el mismo astoribergarismo le puso la alfombra roja, dejando las finanzas nacionales dependientes de unos pocos tomadores de decisión como nunca antes experimentó nuestra nación en su historia.
Evidentemente estas redes criminales apelan a la violencia como mecanismo para reducir la tasa de morosidad, lo que les permite cobrar tasas más razonables que ese 150%-200% que fue implícitamente impulsado por un BCU que evidencia un letargo que lo ha dejado paralizado. Después de todo, si quien dirigiera el BCU por casi una década nos admite que sabe de la existencia de usureros en todos los barrios, ¿qué pueden hacer los ciudadanos comunes y corrientes?
Pero eso no quiere decir que en los préstamos cobijados por los supervisores no exista violencia. Todo lo contrario. ¿Es moralmente superior a un sicario un operador cómodamente sentado en un call center que induce a un deudor al suicido? ¿Son menos criminales las organizaciones de cobranzas que mantienen a cientos de miles de ciudadanos en ascuas con sus amenazas y presiones? ¿No interesa a nadie más en el sistema político investigar estas prácticas que a Cabildo Abierto?
Lo cierto es que fue durante la gestión del hoy senador Bergara, como pieza clave del equipo económico, que se sentaron las bases de este maravilloso sistema de préstamos al consumo que opera en la actualidad. En primer lugar, antes las empresas de crédito al consumo eran muchas y atomizadas, sin poder de mercado. Pero un cambio de normas del BCU les afectó su modo de financiamiento y las dejó en manos de los bancos, que ahora las pueden financiar directa o indirectamente con los depósitos del público. Sí, estos préstamos al consumo a tasas exorbitantes son financiados con el ahorro de los uruguayos, que hoy es poco remunerado por los bancos. En segundo lugar, mediante un artero cambio de criterio, el BCU sacó al BROU del cálculo del promedio de tasas de interés, el cual actúa como variable crítica para fijar la tasa de usura. Sin el BROU bajando el promedio, las financieras privadas lograron elevar las tasas a niveles que no solo desafían la gravedad económica de los deudores, sino que constituyen un insulto a la sensibilidad republicana de la nación. Si a esto agregamos la generosidad de la COMAP que otorga exenciones fiscales a las financieras para que importen computadoras y muebles del exterior, no debería sorprender que a más de uno le suba la presión ante el estupro flagrante.
Lo cierto es que mientras el sistema político se pasa la pelota de un lado al otro y proliferan los discursos de “reglas de juego” y “riesgo moral”, junto a toda esa letanía habitual de sandeces utilizadas para defender lo moralmente inadmisible, los ciudadanos comunes van quedando entre medio de la usura y el narcotráfico, como si se tratara de las dos muelas de un alacrán al acecho. En estas condiciones resulta muy difícil que se puedan desarrollar fuentes de trabajo adecuadas para mantener el nivel de vida de un país de ingresos medio-altos. En consecuencia, de seguir por el trillo actual, iremos relegando a segmentos cada vez más importantes de nuestra juventud a un mundo de anarquía y falta de oportunidades.
Llegado ese momento República y Democracia solo serán el nombre de dos calles en Montevideo. Cabildo Abierto se resiste a aceptar la banalización de este escenario futuro altamente indeseable, y ante la incapacidad manifiesta del sistema político para articular una solución, acude a la democracia directa, al modo de Artigas de Purificación. Y es por ello que todo ciudadano con conciencia nacional debe considerar seriamente agregar su firma a la propuesta de reforma constitucional.
Basta de sofismas. ¡A firmar!
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