La crisis por la que atraviesa nuestra justicia penal y su visible descrédito, obedece en forma primordial el pésimo Código del Proceso Penal, que ha querido implantar, sin éxito y con indudable fracaso el proceso acusatorio.
En la necesidad de sustituir nuestro modelo inquisitivo que, con reformas nos regía desde fines del Siglo XIX, se propuso un sistema acusatorio, rápido, garantista, oral y público, que daría respuesta a los requerimientos que la modernidad aconsejaba imponer en nuestro medio.
Fue así, que sin atender los sensatos consejos y asesoramientos de la Academia, se llegó a la aprobación de un texto que garantizaría el juicio oral y público, que respetara el principio de concentración de las pruebas, la inmediatez que aseguraría el contacto personal del Juez y el justiciable, la igualdad de trato para las partes o sea Fiscal y Defensor y con ello las seguridades mayores para el ejercicio de la delicada función de juzgar.
Sobre esas bases se aprobó la ley N° 19.293 el 19 de diciembre de 2014 y se complementó el nuevo Código con las Leyes N° 19.843 y N° 19.334, por las que convirtió a la Fiscalía General de la Nación en un Servicio Descentralizado, y mediante una amplia normativa se aprobaron las llamadas “Instrucciones Generales” de rigurosa aplicación para los señores Fiscales.
Al cabo de los años que han pasado con la vigencia del nuevo sistema procesal penal, el resultado ha sido malo, a tal grado que ha sumido a nuestra justicia penal en el mayor desprestigio.
Ocurre que el nuevo texto, contiene una alternativa al juicio oral que se innova, ofreciendo un proceso abreviado al que hoy se inclina el 95% de los justiciables y se ha instrumentado de forma tal que se reduce a un intercambio entre Fiscal y Defensor, sin la presencia del Juez, que queda limitado en su función a una mera homologación del acuerdo arreglado entre las partes, limitándose a firmar el convenio logrado entre el Fiscal y el Defensor.
O sea que el Juez ha dejado de administrar justicia, no interviene en la prueba ni tiene acceso a la misma, no puede pedir, ni rechazar, ni evaluar ni calificar los medios o el plexo probatorio incorporado a los autos. O sea ha dejado de ser Juez, para el 90% o 95% de los juicios que ingresan a su jurisdicción.
La experiencia ha enseñado que el sistema no camina, se ha desjuridizado y sustituido por un procedimiento administrativo en el que se negocia y regatea como en almoneda, y en su manejo se ha llegado a las hasta las mayores contradicciones y el asomo del ridículo.
Esto obliga a modificar de inmediato, limitando los procesos abreviados a aquellos hechos de ínfima gravedad como los delitos llamados de “bagatela” o comprendidos en el principio de oportunidad. A la vez, y como ya lo han propuesto algunos fiscales, acortar los plazos dentro del juicio oral, aligerarlo de todo aquello que no vaya en contra de sus principios medulares como la concentración de las pruebas, la oralidad, la necesaria inmediatez del Juez con el implicado, la publicidad y permitir el fecundo cambio de opiniones y tesis, que hacen al derecho penal sustantivo y forman la jurisprudencia y la doctrina.
Obviamente que el equilibrio de una auténtica justicia penal estará siempre en las manos de los operadores, y son los jueces y fiscales al amparo de su total independencia técnica, quienes deberán actuar, sin dejarse influenciar por otro interés que los del orden jurídico.
Hemos recibido, como uno de los peores legados de los gobiernos frentistas, la perversión de lo que se denomina “politización de la Justicia” que se concreta cuando el sistema judicial se convierte por medio de determinado Juez o Fiscal o Ministro en un actor político, al servicio de una fracción determinada, como lamentablemente debemos reconocer. Así ha ocurrido con el último Fiscal de Corte, operando invariablemente al servicio de su sector, aunque haya sido votado en su momento por la unanimidad del Senado. Y es lo que explica que hoy día el Frente Amplio, por haber politizado el cargo, se niega a votar el candidato que proponga la Coalición Republicana.
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