En las últimas semanas se ha instalado en la opinión pública uno de los temas que va a estar en el centro de la discusión durante los próximos meses: la tan necesaria y postergada reforma de la seguridad social. Como ya es conocido y aceptado por consenso entre los distintos actores del sistema político, el sistema de seguridad social se enfrenta a una crisis estructural que se ve reflejada en los elevados déficits que arroja año a año. Esta situación solo puede ser revertida si se asume con compromiso y sin medias tintas el tratamiento del problema para llevar adelante una reforma profunda que genere verdaderos cambios en la dinámica del sistema. Una verdadera solución tiene que enfocarse en las causas primarias del problema, para que no terminemos asistiendo a lo que será la primera de varias reformas que por abocarse únicamente a la realización de cambios en criterios técnicos, genere efectos de consecuencias rápidamente perecederas en el tiempo dejándonos ante un escenario muy similar en un futuro no muy lejano.
¿Cuáles son estas causas primarias que deben ser abordadas como prioridades en el marco de una verdadera reforma de la seguridad social? El principal problema que presenta el sistema y que obliga a una reforma es su insolvencia debido al desequilibrio cada vez mayor entre la población activa y la pasiva. Por lo tanto, para pensar en una seguridad social que sea solvente, no basta con modificar criterios técnicos, sino que las soluciones exigen revertir esa tendencia entre trabajadores activos y pasivos que viene deteriorándose a un ritmo cada vez más acelerado. Con respecto a esto, el proyecto presentado por el Ejecutivo más allá de su contenido específico, el cual es muy amplio y seguramente tenga muchos puntos a debatir, ya cuenta con una debilidad de origen y es el hecho de que se aboca a medidas de corte netamente económicos o de gestión del sistema de seguridad social. Esas medidas por sí solas, por más virtuosas que puedan resultar desde el punto de vista de la gestión poco podrán lograr si no son acompañadas por políticas que apunten directamente a la reversión de esa tendencia entre activos y pasivos. Evidentemente esa relación se debe en gran parte a la evolución demográfica del país. En ese sentido, es difícil imaginar una reforma exitosa del sistema de seguridad social que no esté acompañada de políticas que atiendan el asunto de la natalidad. Entre los insumos con los que contó la comisión de expertos de la seguridad social para realizar el proyecto que fuera presentado, se encuentra un informe elaborado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo y la Udelar, en el cual se estima que la población uruguaya será de 2.750.000 personas para el año 2100, es decir un descenso de unos 800 mil habitantes.
Natalidad y emigración
Resulta prioritario entonces que como parte de una reforma integral, se incluyan políticas orientadas al fomento de la natalidad y a la reducción de la emigración, generando oportunidades para que menos compatriotas dejen el país. En lo que respecta a lo primero, es decir al fomento de la natalidad, las propuestas no faltan ya que hace tiempo se ha presentado en el parlamento un proyecto que busca atender la situación. Es de esperar entonces que si se busca concretar una reforma realmente exitosa que aborde las raíces de los problemas, este proyecto de fomento a la natalidad sea recibido de brazos abiertos y se lo considere como prioritario para la transformación de la seguridad social.
Por otro lado, otro fenómeno que incide en esa relación cada vez más desfavorable entre activos y pasivos, tiene que ver con las transformaciones que se han producido en el mercado de trabajo en las últimas décadas. Las relaciones laborales se han vuelto cada vez más inestables, con contratos de carácter temporal, parciales o a prueba y con un número cada vez mayor de trabajadores en el sector informal. Por lo tanto una reforma de la seguridad social no será tal, si no es acompañada de una batería de políticas que atiendan el asunto poblacional, y que se ocupen del sujeto social que crece a un ritmo cada vez mayor desde la década de los 90: el trabajador precarizado que se mueve en el ámbito de la economía informal o que va rotando entre trabajos formales de corta duración. Para esto último aparece en el horizonte un gran desafío que también va unido a la solvencia de la seguridad social y tiene que ver con la transformación de la estructura productiva del país. Porque una verdadera reforma de la seguridad social implica atender el problema poblacional y el problema laboral y éste último está inserto en una estructura productiva que concentra sus ingresos en la renta diferencial que se obtiene de las exportaciones, es decir en sectores que no necesitan de grandes cantidades de trabajadores para su funcionamiento (sino revisemos cuánta mano de obra es empleada por el sector forestal, el sector estrella de los últimos años). Ya que hablamos del sector forestal, para llevar a cabo una verdadera transformación no podemos ver solamente el árbol sino que hay que considerar todo el bosque, porque la solvencia de la seguridad social depende de muchas variables, y algunas de ellas no están siendo tenidas en cuenta en la discusión. Tanto la evolución de la población, como la estructura productiva de un país son claves para la fortaleza de su seguridad social.
Matías Prieto
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