El recrudecimiento de la pandemia ha obligado al Ejecutivo a recalibrar las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Esto naturalmente repercutirá de forma negativa sobre una economía que había comenzado a exhibir tímidas señales de recuperación y en especial afectará a aquellos sectores de servicios más intensivos en la contratación de mano de obra.
Las medidas sanitarias deberían ir acompañadas de estímulos económicos que ayuden a familias y empresas a solventar un período en el que su capacidad de generar ingresos quedará seriamente disminuida. El mecanismo de créditos Siga fue efectivo en la primera etapa de la pandemia, pero al extenderse existen limitantes a la capacidad de endeudamiento de las familias y las empresas.
Los créditos Siga, otorgados a partir de mayo, empezaron a vencer en las últimas semanas y esto aumenta la presión sobre las pymes. Sin dudas el BPS, la DGI, el BROU están haciendo individualmente lo que deben hacer como instituciones responsables. Pero su accionar colectivo en este particular momento puede acelerar las tendencias recesivas. Y es mejor posponer el cobro de impuestos que forzar a las empresas a despedir personal… para que luego venga el astorismo a proponer rentas universales por no trabajar.
También llama la atención que mientras se piden los máximos esfuerzos al sistema mutual de Salud –sobre el cual recae gran parte del peso de la pandemia-, se le fuercen restricciones económicas como solución a problemas estructurales que se vienen acumulando desde hace años. ¿Es el momento adecuado o no convendría esperar que termine la pandemia? Cualquier sistema, sea físico o económico, tiene límites a la presión que puede soportar antes de que la estructura ceda. El Estado podría no estar calibrando adecuadamente los objetivos sanitarios con las medidas económicas necesarias para hacer ese esfuerzo posible.
Lo anterior contrasta con la disponibilidad que el Estado demuestra cuando se trata de promover grandes inversiones, como ocurre claramente con el caso UPM. La suma de subsidios implícitos y sacrificios fiscales a los que se hizo acreedora la empresa finlandesa suman al menos 5% del PBI. Esto es cinco veces más que el costo que, según el Cr. Ferreri, tendría el salario mínimo cobrado por trescientas mil personas por seis meses. Esto es solo para hacerse una idea la magnitud de la alfombra roja que se le puso a UPM.
Volviendo al presente, parecería que en muchos lugares de la administración pública aún no ha caído la ficha de que el mundo cambió. Si hace un año los países desarrollados se encontraban preocupados por la deuda pública, hoy reconocen que la salida de la crisis pasa por una expansión fiscal, ya que la política monetaria habría alcanzado su límite.
Parecería que llegó el momento de dar señales claras y concretas de que estamos dispuestos como sociedad a invertir para mantener nuestro sistema económico a flote. En concreto, sería conveniente ponerle un número a la pandemia, como hizo la Unión Europea. Esto contribuiría a señalizar a los actores económicos que el Estado está vigilante y actúa diligentemente en apoyo de los sectores más afectados.
Lamentablemente debemos aprender a elegir entre los males. Todos somos conscientes de que aumentar el déficit fiscal y la deuda pública no es lo ideal. ¿Pero sería mejor seguir con tarifas públicas e impuestos a las pymes que se encuentran fuera de la realidad? ¿Quién va a pagar la deuda si seguimos perdiendo empresas y empleos? ¿O estaremos preparando el terreno para que llegue un mesías con una cuarta planta de celulosa?
Es difícil pensar que Uruguay no pueda invertir recursos fiscales por 3% o 4% del PBI para asistir a sus pymes y trabajadores con incentivos reales, como ser bajándoles costos o impuestos; simplemente igualándoles la cancha con los beneficios que han recibido los grandes emprendimientos, que comparativamente generan mucho menos mano de obra. Sí, es posible que nos bajen la calificación de crédito, esto es verdad. ¿Pero qué país está mejorando su calificación en este contexto?
Si no hacemos algo diferente, arriesgaremos que la pandemia nos convierta en una república de deudores y desempleados, con todo lo que ello implica en lo económico y político para el país.
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