El gobierno necesitaba actuar sobre las causas de fondo de la situación. Su diagnóstico era que el factor determinante de la conmoción social estaba en el proceso inflacionario, cuya aceleración estaba poniendo en “grave peligro las bases esenciales de la convivencia nacional” (según expresaba el Decreto No. 428/968 de 28 de junio de 1968). Sin embargo, el combate a la inflación mediante los instrumentos convencionales de política monetaria no parecía estar dando resultados, aun cuando en lo que a la evolución del crédito interno refiere se estaba cumpliendo razonablemente con los compromisos establecidos en el programa con el Fondo Monetario Internacional.
La devaluación de noviembre y la ganancia de reservas internacionales habían acelerado la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero hasta marzo, tras lo cual se estaba desacelerando, como consecuencia de menores compras netas de divisas y un comportamiento restrictivo del crédito, sobre todo por un recurso al financiamiento del sector público con emisión menor al esperado. Pero la inflación, tras el registro de 135,9% al cierre de 1967, había seguido creciendo a 147,7% en los doce meses terminados en marzo para llegar luego al record histórico de 182,9% en junio de 1968.
Tras la aprobación de las medidas prontas de seguridad, el ministro de Industria y Comercio, Jorge Peirano Facio, y el subsecretario de esa cartera, Ramón Díaz, se reunieron con el presidente Pacheco Areco para señalarle la que, según su entender, era la raíz del problema inflacionario que estaba viviendo Uruguay. Pese a la moderación en la expansión monetaria, la indexación de los salarios en base a la inflación pasada y la falta de confianza en el mantenimiento de la paridad cambiaria fomentaban conductas especulativas de aumentos de precios que se veían ratificadas con la realimentación del proceso tras cada devaluación. Para cortar esa espiral de devaluación, aumentos salariales e inflación era necesario actuar en forma contundente sobre las expectativas, para lo cual Peirano Facio y Díaz proponían dotar al Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios, organismo en aquel entonces dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, de las facultades y recursos necesarios para aplicar un estricto control de precios. La medida debía ser acompañada de una congelación de salarios, de modo de evitar la aplicación de una nueva ronda de ajustes.
La propuesta de Peirano Facio y Díaz volvía operativa una idea que rondaba la cabeza del gobierno desde tiempo atrás y sobre la cual insistía Jorge Batlle Ibáñez, pero que hasta el momento sólo había resultado en tímidos intentos, mayormente declarativos. Pacheco dio el paso y el 28 de junio de 1968 firmó el Decreto No 420/968 por el cual los precios de todos los bienes y servicios quedaban estabilizados en el nivel que tenían el 26 de junio o en la última transacción anterior a esa fecha. También quedaban estabilizados en el nivel vigente al 26 de junio los salarios, intereses y “cualquier ingreso cuya modificación fuese susceptible de influir sobre el costo de los bienes y servicios”. El decreto también previó severas sanciones por el incumplimiento, que incluían cierre temporario del local comercial, multas, confiscación de mercaderías y prisión de los responsables de aumentos no autorizados de precios…
El plan de estabilización de junio de 1968 fue inicialmente exitoso. Los precios, que habían aumentado un 63,7% en los primeros seis meses del año, subieron sólo un 1,6% en el segundo semestre, acumulando una variación de 66,3% para todo el año 1968. La brusca desaceleración de la inflación se produjo sin que se produjeran desabastecimientos visibles de mercaderías ni se desarrollaran mercados paralelos en los productos controlados.
Extraído de “Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central del Uruguay” de los economistas Ariel Banda, Julio de Brun, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone, publicado por Ediciones de la Banda Oriental y Universidad ORT. El libro fue encomendado por el BCU en 2015 con motivo de la celebración de su 50 aniversario, que tendría lugar en 2017. Sin embargo, las autoridades de la época censuraron su publicación, por lo que el libro había quedado confinado a un rincón de la página de internet del BCU, al cual solo se podía acceder con dificultad a través de la utilización de Google y sabiendo que el libro existía. Afortunadamente, el Directorio que asumió con el nuevo gobierno enmendó la situación, y finalmente el libro se pudo publicar en setiembre de 2021, haciéndolo disponible a toda la ciudadanía, la que al fin y al cabo solventó esta magnífica obra de historia económica del Uruguay.
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