La actual Ley de Cabotaje N°12.091 que data del año 1954 y sus posteriores modificaciones, no han logrado una adecuada reactivación del cabotaje nacional dada que la misma no se ajusta a los tiempos modernos y ha quedo obsoleta con el paso de los años, a pesar de haber tenido una visión innovadora para la época.
Actualmente varios países de la región han modernizado sus leyes de cabotaje y Brasil está haciendo su mayor apuesta con la aprobación por parte del gobierno federal de la BR do Mar, una ley integral que promete potenciar su cabotaje nacional y la eficiencia intermodal.
Lamentablemente somos un país que, a pesar de surgir a través del mar, le hemos dado la espalda durante muchos años, y la realidad indica que no tenemos gente capacitada dentro de las áreas claves del gobierno para comprender con globalidad el entorno marítimo, fluvial y portuario para así llevar adelante las reformas que el país necesita en la materia.
Se ha hablado por parte del gobierno nacional de potenciar la Hidrovía del Rio Uruguay, de desarrollar la Hidrovía de la Laguna Merín y se ha hablado en estos últimos días de un futuro puerto oceánico sin mencionar siquiera la problemática del cabotaje nacional el cual es casi inexistente.
¿Cómo podemos pretender un país de cara al mar teniendo en cuenta los proyectos antes citados, si no contamos con una marina de cabotaje básica y elemental para el desarrollo de los mismos?
El Uruguay de hoy necesita urgentemente aggiornar su ley de cabotaje a los tiempos modernos y los desafíos futuros, contemplando no solo beneficios tributarios para los armadores, sino también para la industria naval, en todo lo concerniente al fomento de la construcción y reparación naval, ya que una flota de cabotaje necesita de talleres, diques y astilleros especializados para el adecuado mantenimiento de los buques que componen su marina mercante.
Sólo se puede destacar el impulso puntual que en éstos últimos años se otorgara a la construcción naval en el país para unas pocas embarcaciones exclusivamente fluviales que ya operan en su mayoría en el Río Uruguay para UPM, ANCAP, Montes del Plata y junto a otras que paralelamente algunos armadores privados terminan de incorporar a la bandera nacional.
Para los exportadores e importadores que sólo procuran abatir los costos de los fletes, poco les interesa en buques de qué bandera se lleven a cabo las operaciones de cabotaje necesarias para concentrar las cargas en el puerto hub, mientras que por otro lado invocando el principio de libre comercio, sólo se aportan beneficios a las terminales portuarias operadas por privados y a buques de terceras banderas.
Sin embargo, el tráfico de cabotaje con bandera nacional hasta el Puerto de Montevideo y en nuestro litoral oceánico es prácticamente inexistente, porque no disponemos de buques apropiados para el mismo. Es así como el Uruguay renegó el desarrollo de todo un sector como es el de la marina mercante y en especial los buques feeder, negando posibilidades laborales a nuestra gente de mar, calificada y formada en nuestros centros de enseñanza y forzada a buscar mejores horizontes en el exterior.
Cambiar el status quo requiere disponer de buques embanderados en el país, pero lamentablemente los planes mínimos para el desarrollo de la marina mercante no han sido considerados en muchas décadas, y por si fuera poco no se han otorgado facilidades de ningún tipo para fomentar dicho desarrollo, sino por el contrario, se han impuesto condiciones referentes al trabajo y composición de las tripulaciones que sólo han contribuido a que no sea atractivo incorporar unidades a nuestra bandera.
Ha llegado el momento de fijar una política que apoye e incentive el desarrollo del cabotaje nacional, con estrategias claras que aseguren una navegación equitativa en toda la Cuenca del Plata e hidrovías y brinden facilidades a las empresas armadoras del país para incorporar, ensamblar y si fuera necesario o conveniente hasta construir y con una visión descentralizadora que mucho se ha fomentado y poco se ha ejecutado en los últimos 50 años.
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