El nuestro es un país que desde hace décadas no soluciona el problema de la falta de competitividad, atrapado en el bucle del atraso cambiario. Es un país tan extremadamente caro que semanas atrás fue noticia por un informe de la BBC titulado “¿Por qué Uruguay es el país más caro de América Latina y uno de los más caros del mundo?”, en el que se compararon los precios de unos 600 productos entre Uruguay y otros 43 países, dando por resultado que los productos uruguayos eran en promedio 27% más caros, costando más que el doble que en Bolivia, 80% más que en México, y 20% más que Brasil y Argentina, y hasta eran más caros que en países como Francia, Alemania y Reino Unido. En definitiva, en un país estancado en su crecimiento económico y en su capacidad humana –por una preocupante baja natalidad y por lo ineficaz de su sistema educativo–, en el que se ha dejado de lado el crecimiento industrial y agropecuario, en el que, como hemos visto, es caro producir y vivir, el problema del endeudamiento privado exige mayores respuestas de las que se han dado.
De hecho, la implementación del Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, que fue articulado por medio de un acuerdo entre la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y la articulación del BCU, no ha tenido hasta el momento el éxito esperado, ya que solo se han acogido alrededor 150 mil personas de las 800 mil habilitadas, o sea, menos de un 20%. Y si bien podría decirse que es una obviedad que no todos los habilitados iban a adherirse al programa, también hay que decir que esta solución, al tener una fecha de vencimiento –el 15 de noviembre de este año–, parecería funcionar más como un parche que como una solución real y definitiva al problema. Y, al mismo tiempo, tampoco resuelve el tema de las altas tasas de interés, que es una de las raíces del asunto.
No olvidemos que en la investigación publicada en mayo de este año por Lucía Bertoletti, Fernando Borraz, Graciela Sanroman (investigadores de la Udelar) y titulada Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago, el impacto de las altas tasas de interés debía ser considerado si se pretendía tomar una fotografía completa del problema. En unos de los párrafos del estudio se expresa lo siguiente: “El acceso al crédito suele tener un costo, que se manifiesta en forma de tasas de interés. Si bien las prácticas de préstamo responsables y las decisiones de endeudamiento informadas pueden conducir a resultados positivos, las tasas de interés elevadas pueden atrapar a las personas en un ciclo de endeudamiento, erosionando su seguridad financiera y exacerbando potencialmente las desigualdades sociales”.
Se destaca especialmente que “las personas vulnerables presentan un riesgo de impago significativamente mayor que la población no vulnerable”. Y que “los tipos de interés son cruciales, ya que explican aproximadamente el 30% de la brecha de impago de los individuos vulnerables y el 40% de la de los individuos altamente vulnerables”. En esa medida, es evidente que el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas es una respuesta demasiado timorata por parte de un sistema financiero que también es responsable de este problema.
En el fondo esa debe ser la razón por la que la campaña Deuda Justa sigue avanzando. No solo porque hay voluntad política por parte del Cabildo Abierto para continuar con el tema, sino porque la ciudadanía le reclama a esta fuerza política proseguir y darle un punto final al tema. Sobre todo, aquella parte de la ciudadanía que proviene de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que ha sentido en carne propia los efectos negativos de estar endeudadosin una vía de salida. Por esa razón han visto en la campaña contra la usura de Cabildo Abierto una política que pone en el centro a las personas y su contexto.
Según informó a La Mañana Enrique Montagno, coordinador de la campaña Deuda Justa, hasta el momento hay registradas 328 mil firmas, y se ha iniciado un proceso de control para disminuir al mínimo los descartes que se puedan producir cuando lleguen a la Corte Electoral. Para realizar el plebiscito con las elecciones departamentales del domingo 11 de mayo de 2025, se necesitan unas 276 mil, por lo que ese número ya se lo ha superado con creces. De todas formas, para asegurar el número de firmas ante los eventuales descartes que pueda hacer la Corte Electoral, Cabildo Abierto seguirá juntando firmas.
En definitiva, el tema del endeudamiento privado, como otros tantos temas, no puede ser visto como un fenómeno aislado y temporal, sino que responde a un problema estructural, en parte ocasionado por la ley que regula las tasas de interés del astoribergarismo. Al mismo tiempo, debería considerarse el costo social que le produce al Estado uruguayo tener a poco menos de una tercera parte de su población al margen del sistema financiero, mas también al margen del acceso a servicios públicos, como puedan ser OSE o UTE, o simplemente, conseguir una garantía de alquiler. Pues como bien dijo para esta edición de La Mañana el economista José María Puppo, “debemos ser un país que compita, debemos hacer más eficiente nuestros factores productivos, es decir, la población. Por eso la educación es absolutamente imprescindible”. Lo que en efecto nos lleva a pensar que cuidar el factor humano de nuestra economía es fundamental para generar ese desarrollo y ese crecimiento económico tan mentado.
Al final de cuentas, hay problemáticas que requieren diagnósticos y respuestas nítidas y efectivas, pero también holísticas e integrales. Y en esa línea, resolver el problema del endeudamiento privado también forma parte de resolver el poco crecimiento económico que tiene el país, la baja competitividad de nuestros productos y la escasa preparación de nuestros recursos humanos. No olvidemos que el endeudamiento privado es otra de las caras del atraso cambiario.
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