La variabilidad climática –el exceso de lluvias o las sequías extremas, entre otros fenómenos– ha puesto en el centro de la discusión el tema del agua y su manejo sostenible. No se trata de un asunto exclusivo de nuestro país, sino que, en mayor o menor medida, afecta al mundo entero. En nuestro caso, la sequía histórica que vivimos el año pasado junto a buena parte de la región puso en jaque a toda la zona metropolitana, al punto de que OSE tuvo que dejar de brindar en su servicio agua potable, para inaugurar el concepto de “agua bebible”.
Recordemos que había sido el ministro de Defensa Eleuterio Huidobro, en el 2013, quien había salido a la opinión pública advirtiendo sobre la necesidad implementar un plan B, para extraer agua potable ante la posibilidad de contaminaciones en la cuenca del río Santa Lucía. Desde entonces aparecieron dos proyectos que cobraron fuerza con el tiempo y que resultaron a la postre, tanto para la ciencia como para la opinión pública, antagónicos, aunque no tendrían por qué serlo. Hablamos del proyecto Casupá en Florida sobre el río Santa Lucía y el proyecto Neptuno en el balneario Arazatí a orillas del Río de la Plata en el departamento de San José.
Los gobiernos frenteamplistas anunciaron el proyecto Casupá en 2013 y 2016, pero ya desde la década del 70 se hablaba de un proyecto similar, aunque nunca fue concretado. Si bien se avanzó durante las administraciones frentistas en diversos estudios técnicos y se logró que la Comisión Andina de Fomento (CAF) autorizara un préstamo de US$ 80 millones para llevar adelante la obra, esta en definitiva no se hizo.
Con el cambio de gobierno, el proyecto quedó flotando un tiempo más en el aire y, de hecho, en entrevista para La Mañana en julio de 2020, el presidente de OSE, Raúl Montero, había declarado: “Tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva de agua es preocupante”.
Sin embargo, también se le vieron inconvenientes al proyecto Casupá, por ejemplo, al ser la misma cuenca –la del Santa Lucía– una sequía podía afectarla por igual en distintos tramos del río, y podía suceder –en casos extremos de sequía prolongada– que ambos embalses tuviesen déficit. Otro, aspecto negativo era que al ser la misma planta potabilizadora –la de Aguas Corrientes– la cantidad de agua que se podría potabilizar sería la misma. Además de considerar que si hubiese un problema en Aguas Corrientes no habría alternativa para brindar servicio de agua potable a la zona metropolitana.
De esa forma, este gobierno optó por el proyecto Neptuno que nació en octubre de 2020 desde el sector privado, cuando cuatro empresas –Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast– presentaron al Poder Ejecutivo, bajo un consorcio llamado Aguas de Montevideo, el proyecto para construir la toma de agua en el Río de la Plata, el pólder y la planta potabilizadora en Arazatí.
Así, el proyecto Neptuno, elegido por la administración del presidente Luis Lacalle Pou, que pretende comenzar su construcción el mes que viene, terminó siendo unaobra tres veces más cara que la de Casupá. La inversión tiene un costo de cerca de US$ 300 millones, del que se hará cargo el grupo inversor al que OSE acordó pagarle casi US$ 900 millones, en 17,5 años, a razón de unos US$ 50 millones anuales.
Desde el gobierno se argumentó que el aspecto positivo de este proyecto sería que generaría una nueva infraestructura para potabilizar agua en la zona metropolitana. Pero desde el primer momento en que el proyecto Neptuno surgió como una posibilidad cierta, aparecieron voces críticas, entre los que se encontraban investigadores de la Facultad de Ciencias de la Udelar, que han advertido en más de una ocasión que el proyecto no es viable.
Expresó Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Udelar en entrevista para este medio, al respecto del proyecto Neptuno: “Está absolutamente probado que va a ser de muy poca utilidad en condiciones de estrés hídrico. Por varias razones, en primer lugar, porque cuando tenemos estrés hídrico en el río Uruguay, el Río de la Plata muchas veces tiene poca agua, poco caudal que viene de sus afluentes, con lo cual el agua salada entra profundamente, eso no ocurre en veranos lluviosos, pero es cuando no lo necesitamos. En ese sentido el río Santa Lucía alcanza y sobra. Podemos decir que cuando Arazatí se precise no va a estar”.
Por otra parte, el pólder, que tendrá reservas de agua bruta para utilizar en días en que la salinidad sea mayor a la permitida, sería otro de los aspectos controvertidos del proyecto Neptuno. El pólder es un gran lago artificial que ocupa 240 hectáreas, con un volumen de 15 millones de metros cúbicos, construido sobre tierras de cultivo, abastecido exclusivamente con agua del Río de la Plata y delimitado por un terraplén de tierra de 6,5 kilómetros de largo.
Según Panario, este pólder “además de seguramente contaminar las napas freáticas de la zona –es un acuífero importante, el Raigón–, van a inundar tierras fértiles y fertilizadas. Y lo que ocurre es que la primera respuesta que tienen estas tierras fértiles y fertilizadas es llenarse de cianobacterias. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se precise esa agua, siendo que el agua del Río de la Plata es salada? Van a tener que tirar lo que juntaron, por las cianobacterias, y cargar agua nueva. Eso no soluciona nada porque las cianobacterias tienen la posibilidad, y normalmente lo hacen, de decidir a qué altura de la columna de agua se encuentran, y, eventualmente, si tiran el agua, ellas se van al fondo, quedan en el barro y cuando cargan de vuelta aparecen. O sea, ese supuesto pólder, que no es tal, sino una laguna excavada, no da para nada. No se va a poder usar porque los niveles de cianobacterias –por lo tanto, de cianotoxinas– son más altos de lo que pueden depurar las plantas de tratamiento”.
En definitiva, el proyecto Neptuno parece tener graves falencias, siendo probablemente la peor de las mencionadas la contaminación del acuífero Raigón, que es el más grande que hay al sur del país y abastece a miles de personas.
Además, otro de los aspectos negativos es la incidencia que va a tener el proyecto en la economía de la zona. Las tierras que se piensa inundar y aquellas que se utilizarán para colocar los lodos del proceso de potabilización, son tierras productivas. Es una zona que tiene rubros como la producción de papa, fruticultura, lechería, etcétera, que son más intensivos en la demanda de mano de obra y durante todo el año llegan personas a trabajar, generándose un movimiento que es esencial para el lugar. Un cambio en este sentido, no solo dejaría a un montón de productores sin su tierra, sino que además cambiaría la fisionomía económica de la zona.
De todos modos, sin lugar a duda, el gran problema que aparece aquí de fondo, más allá de los pros y los contras de los dos proyectos que se estuvieron debatiendo en los últimos años, es que hace falta pensar el abastecimiento y el cuidado del agua en nuestro país desde una perspectiva holística, integrada, y desde una eficiencia sistemática.
En primer lugar, parece sorprendente que se vaya a buscar una alternativa al abastecimiento de agua contaminando una reserva de agua de mayor calidad, tal como podría suceder con el acuífero Raigón, o como recordaba el diputado por Cabildo Abierto Rafael Menéndez al decir que “es un atraso medioambiental producir hidrógeno con agua del acuífero Guaraní”.
En segundo lugar, es imprescindible que la OSE, que tiene un porcentaje de pérdidas de entre el 30% y el 40%, encare un proceso no solo de reparación, sino también de actualización y modernización para que todo el sistema tenga más eficiencia.
Y en tercer lugar, tal como afirma Walter Baethgen del INIA, “Uruguay debería preocuparse por ver cómo hace para mejorar la gestión de los riesgos en un clima que tiene cada vez más eventos extremos”. En este sentido, cuando había sequía se habló mucho de cosechar agua, se presentaron proyectos, se hizo mención de las represas multiprediales que permite la última ley aprobada de riego. Sin embargo, un año después y con el exceso de agua, todo eso parece haber quedado en el tintero. Por otra parte, en la actualidad, cuando algunos departamentos como Treinta y Tres y Rocha padecen inundaciones, tampoco hay un plan de contingencia apropiado para enfrentar estos eventos de exceso hídrico.
En definitiva, todas estas contingencias alrededor del agua las terminan pagando tanto los productores como los consumidores.
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