Se descalabra un mito: “El de la superioridad moral de la izquierda populista”, con esta frase el prestigioso periodista de La Nación de Buenos Aires Carlos Pagni sintetizaba su editorial del 8 de agosto pasado.
Jamás podrá borrarse lo escrito en la historia de un partido que dice servir a los intereses populares y, en cambio, sirve a sus propios intereses y a los intereses de sus dirigentes. Porque la frase lapidaria y probada del periodista argentino también es perfectamente aplicable a nuestro país, donde el Frente Amplio, en el ejercicio de poder durante 15 años, en cuyo transcurso ocurrieron hechos de corrupción de tal gravedad que determinaron la sanción penal de los tres cargos más importantes después del presidente de la República, que eran el vicepresidente, Raúl Sendic, el ministro de Economía y Finanzas, Cr. Fernando Lorenzo, y el presidente del BROU, Ec. Fernando Calloia.
Ya no se trataba de incurrir en faltas al Código de Ética de la Función Pública que regula la Ley 19.121 en su Estatuto, sino de violación de la ley penal. Notorias y graves violaciones que aparejaron las inmensas pérdidas para el Estado, que tuvieron que ser afrontadas y pagadas con el dinero de los sacrificados contribuyentes.
De modo que el partido que se dice defensor de los intereses de los más desfavorecidos, que pretende ser el paradigma de la justicia social, que lucha por la igualdad de oportunidades para todos y promete una más justa distribución del ingreso, transitando de la mano de su vocero sindical el Pit-Cnt, no ha guardado en cambio una conducta de gobierno transparente y limpia, exenta de toda sospecha, sino todo lo contrario.
Estas afirmaciones, que no necesitan prueba, le impiden al Frente Amplio la ostentosa pretensión de ser cuidadoso de los recursos públicos, al punto de que su candidato presidencial don Yamandú Orsi se ha visto obligado a salir, desde su primer discurso, haciendo hincapié en la total y necesaria honestidad y transparencia en la función pública que compromete, en caso de salir electo en el mes de octubre.
Y que no se diga que, como perdieron la última elección, ya han pagado la culpa de sus pecados, pues esa conducta delictiva está inscripta para siempre en las letras indelebles de su historia.
Ahora bien, en las pretensiones de lograr una política de Estado para ciertos temas que requieren continuidad, certeza y permanencia, como la política exterior de un país, en la que se incluyen las razones de principio irrenunciables, los intereses de orden económico y las poderosas razones de la geopolítica regional, hay un verdadero impedimento de poder coincidir con el proyecto frenteamplista.
En primer lugar porque las razones de principio imponen el respeto de la tradición democrática y de la voluntad popular que siempre nos han caracterizado. Aquí encontramos el primer e insalvable escollo, porque tanto el Frente Amplio como el Pit-Cnt se niegan a reconocer el fraude mayúsculo en las elecciones venezolanas, perpetrado por Maduro y sus secuaces.
El Frente Amplio, por vía de su presidente, Sr. Fernando Pereira, se ha quedado sin otras razones que expresar estar a la espera de las actas para la verificación del resultado del escrutinio. Y el Pit-Cnt, sin la menor intención de pronunciarse condenando el descomunal, notorio y vergonzoso fraude, se excusa en que están ocupados en temas de interés sindical y no han tratado esa aberración electoral monstruosa.
Bastaba ver el programa de Santo y Seña del domingo pasado, donde Ignacio Álvarez exhibía la visita de Marcelo Abdala a Caracas, su abrazo con Maduro y su discurso laudatorio hacia el dictador venezolano, para explicarse el notorio afán de hacerse “el distraído”.
Ese desinterés no tiene explicación en un Pit-Cnt que decide ir a la Argentina para acompañar una manifestación contra el presidente Javier Milei convocada por los corruptos sindicatos argentinos, acto de solidaridad con una expresión de mínima importancia e interés. Pero que omite la menor atención, disimulando el apoyo implícito que le presta, frente a un acto de repercusión internacional, donde lo que está en juego es, nada menos, que el destino de un país, la libertad de un pueblo oprimido y la persecución, la prisión o la muerte de quienes se oponen al autoritarismo de un régimen signado por la rapacidad y el narcotráfico.
Cuando ya hasta el Centro Carter, único observador imparcial que Maduro admitió en el acto electoral, porque a todos los demás les prohibió la entrada, concluyó que el triunfador en las elecciones fue el candidato opositor don Edmundo González Urrutia, ya nadie, absolutamente nadie, puede dudar del fraude y la farsa del ya condenado régimen del insolvente Maduro y sus secuaces sicarios.
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