La semana pasada informamos sobre el proceso judicial iniciado en Estados Unidos contra Petroecuador y que involucra a Ancap. Compartimos ahora más datos y reflexiones.
Con ribetes de escándalo internacional, la cadena de noticias Bloomberg anunció el proceso penal iniciado en Nueva York sobre los negociados de Petroecuador durante el corrupto gobierno de Rafael Correa, que hoy está exiliado en Bélgica, disfrutando de la fortuna mal habida que obtuvo durante su gobierno como presidente de Ecuador.
La información, que involucra a nuestro país junto a China, Tailandia y Omán, refiere a los negociados propiciados por Trafigura Group, uno de los operadores independientes en la comercialización del petróleo en el mundo, quizás el más importante.
Según los datos conocidos, surge que quien fue el gerente de comercio internacional de Petroecuador hasta 2017, el señor Nilsen Arias, confesó haber recibido sobornos de Trafigura, que traficaba en forma ilícita el petróleo ecuatoriano. Por el mismo motivo –sobornos y lavado de activos– había sido procesado, como resultado de una investigación a iniciativa de las autoridades estadounidenses que busca esclarecer las maniobras y los responsables en el corrupto gobierno del expresidente Rafael Correa, don Javier Aguilar, que recibía de Vitol Group, otro operador importante del comercio mundial del petróleo.
La maniobra comenzó con el intercambio de petróleo crudo ecuatoriano que se entregaba para refinar en el extranjero y a pagar con nafta y gasoil destilados en refinerías de otros países, en cuyo negocio de intermediación intervenía Trafigura. Como reconoce en sus propias declaraciones Nilsen Arias, la operadora Trafigura seleccionaba cuidadosamente las empresas estatales de otros países para tratar comercialmente con la empresa estatal ecuatoriana.
La razón era y es que entre empresas que son estatales se negocia de Estado a Estado, por lo que el negocio se concreta con la simple expresión de voluntad que dicte la autoridad competente de cada una, alegando siempre, como es natural, razones de interés comercial.
Si se tratara de empresas privadas, lo que ocurriría necesariamente es que se debería concretar la operación por intermedio de un proceso licitatorio, con las demoras y la intervención de terceros y otros interesados, lo que complejizaría el trámite. Por ello, el trato directo evitaba la licitación, la demora y la trama burocrática insoslayable. Trafigura, como intermediario, operaba con plena libertad, arreglando con las empresas estatales contratantes, que han sido las de China, Tailandia y Omán, en el Asia, y nuestra muy uruguaya Ancap.
Uruguay se encuentra claramente identificado como país responsable en un proceso de corrupción internacional, que está siendo investigado por la Justicia de Estados Unidos. El Frente Amplio, como titular del gobierno en el momento de la contratación, deberá aclarar todos los detalles del operativo comercial entre Ancap y Petroecuador. La Justicia estadounidense, probablemente, solicitará información.
También es necesario que se conozca todo: la fecha del acuerdo, el texto del contrato, el acta del directorio de Ancap que lo aprobó, el volumen de los embarques, la operación y las medidas subsiguientes –ya que Ancap no tenía en su planta industrial la capacidad para refinar ese crudo, operación que se tercerizó–, y saber quién refinó ese crudo y dónde se pagó el proceso de refinado, cuánto cobró Trafigura por su intervención, qué asesoramientos o consultorías se contrataron, cuál fue el monto pagado como honorarios por esos servicios y qué utilidades dejó para Ancap el contrato con Petroecuador.
Sabemos que Raúl Sendic fue procesado por la Justicia, pero no por este tema; al contrario, lo esgrimió en su defensa al decir que había dejado una ganancia de cinco millones de dólares para Ancap.
Sin embargo, hasta el momento nadie se ocupó de solicitar información sobre un contrato que se presentó como un excepcional beneficio que el presidente Correa otorgaba al gobierno frentista de nuestro país y, en cambio, ha resultado una verdadera piedra de escándalo que compromete la imagen de Uruguay, que se ve envuelto en un proceso de corrupción internacional.
Se debe tener en consideración que el senador Guido Manini Ríos, desde el comienzo de este gobierno, solicitó realizar auditorías de gestión en todas las empresas comerciales o industriales del Estado, incluida Ancap, y expresó luego: “Las pocas auditorías que se han hecho, terminan indefectiblemente en la Justicia”. Además, sirvieron para demostrar el caos administrativo de ASSE, las inmensas pérdidas de Gas Sayago, sobre los problemas existentes en Ursec y la situación de AFE. El senador Manini terminó señalando, ante la falta de auditorías en varios organismos, la necesidad de sancionar una ley que convirtiera en obligatorias las auditorías de gestión.
Al Frente Amplio corresponde hacerse cargo y explicar sobre las razones que hoy han determinado que la Justicia estadounidense incluya a nuestro país entre aquellas naciones involucradas en casos de corrupción, pues en ello va el prestigio internacional de Uruguay.
En la edición anterior de este semanario, del día 24 de enero, en nuestro artículo titulado “Sin autoridad para la crítica” incurrimos en el error de señalar a los señores Marcelo Abdala y Juan Castillo como los autores de comentarios inadecuados sobre la desgraciada tragedia de los Andes. No fueron ellos, sino el senador Mario Bergara el autor de la referencia a la condición social de los accidentados, lo que ningún inconveniente tenemos en rectificar.
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