Pedro es un damnificado más. Un amigo de su esposa había invertido hace más de diez años en Conexión Ganadera (CG) y le recomendó que vendiera su casa, el terreno de afuera e invirtiera para luego de unos años hacerse una casa más grande. Mientras tanto, Pedro tenía la posibilidad de vivir con su familia en la casa de sus suegros. Lo pensaron él y su esposa un año y luego vendieron la casa y el terreno.
El 23 de enero del año pasado Pedro tenía en su cuenta 100 mil dólares y estaba dispuesto a invertirlos, al igual que el amigo de su esposa. Llama al teléfono de la página web y le dicen que se van a comunicar con él. A los pocos días recibe un correo de Rodolfo Flores invitándolo a ir a las oficinas en Montevideo, donde lo “van a atender mejor”. Pedro y su señora van a la capital y los recibe Martín Bartol.
Bartol era el gerente general. Al llegar les ofrecen agua fría y le muestran las instalaciones. El gerente general le dice a Pablo que tuvo suerte, ya que la suya no era una inversión de gran porte, “si hubiese venido con un millón de dólares tendríamos que dejarlo en lista de espera porque no tenemos más lugar para colocar ganado”. Pedro llena unos papeles, los firman Bartol y él. Al momento de transferir, el gerente general le dice: “Es mejor que lo hagas en transferencias menores a diez mil dólares”. Pedro hizo once transferencias diarias, las diez primeras por nueve mil y pocos dólares de su cuenta de Scotiabank a la cuenta del mismo banco de CG y la última por quinientos dólares.
Antes de hacer la primera transferencia, Pedro pregunta: “¿Acá hay riesgo?”. Le responden: “Mirá, Pedro, nosotros sobrevivimos a la aftosa, sequía y garrapata”, y “Este es un país ganadero, el único riesgo sería que un meteorito cayera encima del Uruguay entero”. Esta última frase le quedó marcada.
Como es sabido, CG empieza a tener atrasos en pagar renta y capital en enero. Pedro, como tantos, intenta comunicarse con Bartol, Flores o quien lo atienda. Analía Pallares, empleada de CG, desde 2019 le comunica por teléfono que las demoras se debían a la sucesión de Basso, pero que pronto iba a cobrar.
A los días vuelve a comunicarse y pregunta por Rodolfo Flores, se le informa que “Flores está tramitando su jubilación, no es más empleado de la empresa”. Pregunta por Martín Bartol y le dicen que “está de viaje en Argentina”. Luego nadie más le respondería.
A la fecha de hoy, 30 de abril de 2025, ninguno de los empleados ni directores de CG ha sido formalizado por la Justicia. Esto ha traído mucho malestar en lo que hoy se calcula que son aproximadamente tres mil damnificados reales de CG y sus allegados. Comenzaron las manifestaciones en la puerta de la casa de la familia Carrasco-Iewdikow y luego en el apartamento de la viuda e hijas de Gustavo Basso. La impotencia de ver que pasa el tiempo, que su dinero no aparece y que, por ejemplo, Pablo Carrasco se pasea por la ciudad en un automóvil eléctrico está mermando la confianza de los damnificados y varios de los ciudadanos en las instituciones que deberían cuidarlos y hacer justicia.
A los pocos días de aparecer en la prensa por mi investigación, muchas personas se ofrecen a colaborar, gente de todas las franjas etarias y colores políticos. Algunos me preguntaban qué era un esquema Ponzi, qué pensaba sobre la muerte de Basso y si la plata aparecería. Entre ellos encontré el apoyo y la empatía de varios políticos, por nombrar tres: Alejandro Pacha Sánchez (Frente Amplio), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Martín Lema (Partido Nacional). Los tres, cada uno desde su lugar, recibieron a damnificados y ofrecieron reunirse conmigo para ayudar o para entender cómo iba mi investigación.
El último, Martín Lema, es candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, en un convenio con el Partido Independiente lleva de tercer suplente al Dr. Pablo Donnangelo, el abogado de la viuda e hijas de Gustavo Basso. A la hora de proclamar la fórmula, Donnangelo y su socio no eran aún abogados de una de las partes que estuvo al frente de esta estafa. Un grupo de damnificados llamó por las redes sociales y mandó imprimir folletos pidiendo que no se votara por Lema, ya que era votar por el abogado de la familia Basso.
Si bien se está intentando negociar políticamente para que Donnangelo deje la defensa de la familia Basso, creo que esto, las manifestaciones y los boicots se podrían evitar si la gente ve a los Carrasco y a la viuda de Basso con prisión preventiva y luego presos por estafa, apropiación indebida, vaciamiento societario, lavado de activos y todos los delitos que se hayan cometido. Recordemos que en febrero del año pasado una mujer de 27 años que vendía brownies con marihuana en la playa de Punta del Diablo fue detenida en el lugar y procesada con dos años de prisión.
Como aconsejaba Winston Churchil, “nunca hay que dejar de escuchar al pueblo”.
