Puede decirse que es dudosa una cosa que, aunque me parezca clara, puede con todo estar sometida a los engaños de algún genio maligno que se complazca en usar de toda su industria, de tal manera que lo que es falso se me aparezca como claro y cierto.
René Descartes, Meditaciones metafísicas.
Uno de los aspectos más importantes de la filosofía de Descartes –además de su famoso “cogito ergo sum” (pienso, luego existo)– fue la noción de “genio maligno”, el cual era un ser malvado que tenía la facultad de engañar a la mente humana por medio de diversas apariencias, provocando, así, que algo malo pudiese tener apariencia de bueno.
No hay que olvidar que Descartes era un devoto católico, por lo que esta noción de “genio maligno” representa aquellos aspectos nocivos del pensamiento. De forma que el instrumento del que dispone el ser humano para distinguir una cosa de otra, lo bueno de lo malo, o discernir entre lo verdadero y lo falso, por ejemplo, es a través de la razón.
Paradigmáticamente, en nuestra América Latina, tan aficionada a lo fantástico, no siempre resulta tan sencillo analizar la realidad de un punto de vista racional, resultándole más apropiado al común de las gentes navegar en la marea de las apariencias donde lo simbólico y lo emotivo se confunden. Evidencia de ello fue lo que pasó en nuestro país en la campaña electoral de las últimas elecciones, la cual estuvo desprovista de contenidos profundos y de grandes razonamientos y discursos, privilegiándose la apariencia por encima de la autenticidad de las propuestas.
Algo similar parece haber ocurrido con la creación del Ministerio de Ambiente en 2020, en sustitución de la vieja Dirección Nacional de Medio Ambiente, que en apariencia cumple una función loable, pero en la praxis parecería haber obedecido más a una necesidad política de la Coalición, de la que se vio beneficiado el Partido Colorado, y externamente, pareció un cumplido a los gurúes de la Agenda 2030. De hecho, Gerardo Amarilla, en una nota publicada en Búsqueda el 2 de enero de este año en la que mencionaba los “logros” de la cartera, señalaba que “la actividad productiva agrícola y ganadera” debe habituarse “a los procesos de certificación de la sustentabilidad ambiental, no solamente para cuidar mejor los recursos naturales, sino también para valorizar la producción nacional. En ese sentido, Uruguay ya ha dado pasos en relación con la medición de la huella ambiental de la ganadería”, explicó el jerarca.
Paradójicamente, desde el Ministerio de Ambiente se les exige a nuestros productores rurales más requisitos ambientales y burocráticos, cuando a otros rubros como la forestación, por ejemplo, se les facilita la tarea. Tal como sucedió el 13 de enero, cuando el presidente Lacalle Pou, los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Ganadería, Fernando Mattos, firmaron el decreto que introduce modificaciones a otro de 2021, permitiendo plantar en suelos con uso forestal previo sin que se tenga la autorización completa por parte del Ministerio de Ambiente, algo que había sido reclamado por la Sociedad de Productores Forestales. No obstante, según expresa César Barrios en su nota sobre este tema para esta edición de La Mañana, para los funcionarios del Ministerio de Ambiente los cambios en el decreto “no se inscriben en ninguna de las estrategias ni lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera”.
Recordemos que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 2005 había establecido que las nuevas plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en un establecimiento o unidad de producción debían contar con autorización ambiental previa para su ejecución. El 10 de diciembre de 2021 Lacalle Pou aprobó el decreto 405/021 para la creación del registro ambiental de plantaciones forestales, a cargo de la Dinacea, más a fines de ese mismo año, y por razones puramente económicas y no ambientales ni de fundamento técnico, el presidente vetó la ley forestal que había sido aprobada entre cabildantes y frentistas, declarando que “el proyecto de ley aprobado, no solo generaría graves perjuicios económicos, sino que afecta la seguridad jurídica, principio fundamental, imprescindible para mantener el desarrollo económico”. Dicha norma no pretendía cambiar nada de la vieja Ley Forestal de 1987, sino que por el contrario pretendía aclarar y adaptar su espíritu a la realidad y a las necesidades productivas actuales. Sin embargo, el peso del lobby forestal no debe desmerecerse, sobre todo en un país que cada vez más parece haberle dado al sector celulósico-forestal las llaves de la casa.
Con otra tónica, pero casi con la misma arbitrariedad, en la que lo político cede terreno a lo técnico, se firmó el contrato para la construcción del proyecto Arazatí y tenemos, por el otro lado, a Gerardo Amarilla hablando en la citada nota ut supra que “uno de los mayores retos será mejorar el conocimiento sobre las aguas subterráneas”. Resulta al menos curioso que en un país que es de los que tienen mayor disponibilidad de recursos hídricos en el mundo, el tema del agua esté dando tanto que hablar y debatir. Pero lo peor de todo es que hemos llegado a un punto en que la ciudadanía desconfía y duda de los informes técnicos medioambientales. Porque ha visto cómo en este terreno las apariencias realmente engañan, tal como parece estar sucediendo con los parámetros con los que se mide la calidad del agua en las playas de Montevideo.
Por otro lado, en el día de ayer el Ministerio de Ambiente negó autorización ambiental para el proyecto en Punta Ballena, donde se pretendía construir 29 edificios en la zona, algo razonable desde todo punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta de la importancia del paisaje como patrimonio cultural.
Lo que nos lleva a preguntarnos cuál es la vara para medir los beneficios y los impactos de la política ambiental nacional. Porque además de los costos que tiene dicho ministerio para su funcionamiento, que tuvo en el último año un presupuesto de 25 millones de dólares, habría que valorar cuál es su verdadera utilidad, no en el reino de las apariencias en que el cuidado del medioambiente parece estar en el país de las maravillas, sino en el Uruguay real, que debe dar un paso de sinceridad si quiere afrontar los retos que tiene por delante. Retos propios y no ajenos.
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