Sugiero que antes de leer el programa de gobierno que pone en oferta para la próxima elección el Frente Amplio, la ciudadanía refresque su memoria con el recuerdo de lo que dejó al país el conglomerado de izquierda.
Porque fueron quince años de desaciertos y errores, de despilfarros en “historias locas”, como dijo el presidente Lacalle, épocas en que el dinero público se tiró por la senda del fracaso y la corruptela, con la sola improvisación y el entusiasta o interesado voluntarismo, derrochando sumas que hasta hoy hemos seguido pagando, con el agregado de la noticia de que un nuevo fallo en contra por el caso interminable de Pluna va a costarle al bolsillo de todos los uruguayos unos sesenta millones más de dólares.
A esa información de un ingrato color, la precede un conjunto de errores y pésimas decisiones que hace responsables al expresidente Tabaré Vázquez, al exvicepresidente Danilo Astori y al expresidente José Mujica, autor del episodio caricaturesco del remate de los aviones, con la interesada colaboración de López Mena y su pariente, “el caballero de la derecha o de la izquierda” que asistió a la subasta.
Esas sucesivas gestiones de gobierno que endeudaron a la República como nunca se vertebraron en costosísimos fracasos.
La regasificadora o Gas Sayago enterró millones, sin estudio de mercado ni de factibilidad, ya le costó a este gobierno en sueldos, en resarcimientos e indemnizaciones, pero le seguirá costando por la extracción que se deberá hacer de los pilotes que adornan la bahía y fueron objeto de la mofa del ex compañero tupa Jorge Zabalza Waksman.
Aratirí y el puerto de aguas profundas, los oscuros negociados con Venezuela y la condonación de la deuda a Cuba, las empresas que se dieron para la autogestión obrera con una muy generosa asistencia financiera de la que nunca se devolvió un solo peso, resultando otro fracaso de las “velitas al socialismo”.
La instalación en el Brou de la plataforma informática Bantotal, que tuvo un costo de 110 millones de dólares pagado a las firmas Larrobla y Asociados e IBM de Uruguay, donde iban intereses de parientes próximos de nuestros gobernantes y, se afirma por los funcionarios, que resultó un fracaso al generar un verdadero caos en su aplicación.
Como si fuera poco ese ligero pantallazo, se asoma otro gran problema con perfiles de escándalo internacional: la sombra del turbio negociado de Ancap con Trafigura hace entrar a Uruguay en la sospechosa ronda de pago de coimas que está investigando la Justicia de Estados Unidos.
Todos estos serán temas de campaña, como el reciente archivo de la denuncia penal por el caso del sobrecosto del Antel Arena. Hace unas semanas tratamos el tema del sistema judicial uruguayo, bajo el título de “La Justicia en manos de los fiscales”, y en otro artículo nuestra negativa a la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como tiene previsto en su plataforma o programa electoral el Frente Amplio.
Respecto a que la Justicia ha quedado en manos de los fiscales, nos referimos a la negativa del Frente Amplio a aceptar las sugerencias de la coalición gobernante para la designación del nuevo titular de la Fiscalía de Corte. Y es porque no se resigna a perder el poder que ha logrado con la creación del Código del Proceso Penal (Ley 19.193), la conversión de la Fiscalía de Corte en servicio descentralizado (Ley 19.334) y la Ley de Instrucciones Generales para los Fiscales (Ley 19.483), pues actualmente le sirve una serie de fiscales, que felizmente no son todos (y los hay brillantes, como para ser candidatos a la Fiscalía de Corte), dispuestos a actuar al ritmo de sus afinidades ideológicas.
Con referencia a la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como han salido a apoyar altos dirigentes y ahora candidatos blancos y colorados, nos parece un injustificable apresuramiento, poco meditado y que no mira más allá, pues le amputa facultades a un poder del Estado que hoy se debe fortalecer con otro tipo de medidas, por lo que insistimos en que a) se le debe dar autonomía presupuestal, para lo cual incluso puede generar importantes recursos propios (artículo 254 de la Constitución, al decir que la Justicia será gratuita para los declarados pobres está disponiendo que la regla es la erogación por sus servicios); y b) se debe aumentar el número de miembros de la Suprema Corte a siete u ocho para permitir la creación de distintas salas especializadas, e indiscutiblemente una exclusiva en materia penal.
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