El caso Conexión Ganadera está poniendo al país en un problema serio con relación a las garantías jurídicas para el respeto de la propiedad privada. Por tanto, está dañando a Uruguay en lo que refiere a la plena certeza que debe dar a inversores nacionales y extranjeros de que la propiedad privada de sus bienes va a ser siempre respetada.
No estamos ante un problema simplemente entre actores privados, sino ante un problema país de los más graves hacia el futuro: sin garantías y certezas, no habrá inversión suficiente para hacer crecer al Uruguay y tener mayor prosperidad.
El asunto es conocido y en parte ya ha sido expresado en una carta al semanario La Mañana el pasado 2 de abril. El Poder Judicial ha prohibido el retiro de ganados ubicados en los establecimientos explotados por la concursada Hernandarias XIII, empresa vinculada al caso Conexión Ganadera. Al interdictar los números de Dicose (Dirección Nacional de Coordinación de Semovientes) de todos los establecimientos rurales explotados por Hernandarias XIII, se ha imposibilitado el traslado de animales de los propietarios de los ganados allí ubicados, coartando el ejercicio del derecho de propiedad de los titulares de los ganados sobre estos, y por ende agravando los perjuicios contra los inversores.
Se ha puesto así en duda la propiedad de los ganados respecto de aquellos inversores que realizaron los trámites de rigor que la legislación vigente dispone, es decir, que procedieron a la inscripción ante el registro que lleva Dicose a la obtención de la marca nacional de ganado bovino, lo que los habilitó a adquirir ganado a su nombre y a constituirse como propietarios de ganado sin tierra; y que están inscriptos ante el SNIG (Sistema Nacional de Identificación Ganadero), por el cual todas las haciendas tienen su trazabilidad.
Hubo pues negocios de compraventa de ganado refrendados por el Ministerio de Ganadería que realizaron esos propietarios de ganado en estos años; traslados de ganado al amparo de la correspondiente guía de propiedad y tránsito, controlada por el Ministerio del Interior; e impuestos abonados a la Dirección General de Impositiva en concepto de Imeba, y otros abonados en concepto de ventas a los gobiernos departamentales correspondientes: en todos estos actos, siempre, se reconoció que el inversor era el dueño del ganado.
La decisión ajustada a derecho a adoptar por parte del Poder Judicial es levantar la prohibición a los dueños de los ganados para poder movilizar sus semovientes y ejercer debidamente el derecho de propiedad sobre ellos.
Pero, además, y más allá de las cuestiones jurídicas, hay un problema de credibilidad del país. En efecto, si hubo un extranjero que, por ejemplo, decidió invertir en comprar ganado con Conexión Ganadera, con la certeza de que todo el sistema jurídico, desde el SNIG hasta el Dicose, pasando por las guías, los impuestos etc. del Uruguay le garantizaba que esos ganados eran de su propiedad, ¿cómo puede ocurrir ahora que al caer la empresa le terminen diciendo que esos ganados, por vericuetos judiciales que contradicen todo lo que le dijeron que le daba seguridad en el respeto de su propiedad, pasan a estar al servicio “de todos los damnificados”, y que, por tanto, no puede hacerse y disponer de ellos como le plazca?
Hoy son los ganados en el campo; mañana, ¿serán también los departamentos en Punta del Este, o las acciones de empresas en Montevideo, o los depósitos en un banco de plaza? Alguno dirá que no es así, que no hay que confundir la propiedad de un bien inmueble o de un depósito financiero con un semoviente. Justamente: el cambio de reglas de juego, es decir que lo que se decía antes es diferente a lo que se dice ahora con respecto a los semovientes, es lo que hace muy poco creíble el argumento ese de que no hay que confundir ganado con departamentos o con acciones o depósitos. La verdad es evidente: si cae la garantía en un caso, cae en todos los casos, porque lo que se acaba es la confianza en las garantías que da todo el sistema, es decir, el país en sí.
¿Cómo puede ser que el Uruguay que tiene un poco más de visión que los simples actores judiciales, que se pierden en cuestiones leguleyas sin ningún sentido común, no se dé cuenta de la enorme gravedad de la señal que está dando el país con este manejo que se está haciendo de la caída de Conexión Ganadera y el accionar del Poder Judicial al no respetar la propiedad de los ganados?
Estamos a tiempo de reaccionar y reencauzar las cosas.
Francisco Faig Garicoits
