En una fría pero soleada tarde de invierno en Sarandí del Yi, frente a unas 25 personas, hombres y mujeres de manos curtidas, Guido Manini Ríos cuestionó: “¿Se ha visto alguna vez que la central sindical realice un paro en disconformidad por los gravosos intereses de usura que los prestamistas (básicamente tarjetas de crédito) cobran a los trabajadores en este país?”. El encuentro con cabildantes tuvo lugar en el marco de la gira que el líder de CA viene realizando a lo largo y ancho del país, explicando los fundamentos de la propuesta de enmienda constitucional del art. 52, englobado en el concepto de “deuda justa”.
Con cerca de un millón de compatriotas en el Clearing o las listas negras de acceso al crédito, estamos frente a un ineludible problema social. Y, en estas líneas queremos centrarnos en los conceptos de fondo de este flagelo, aceptado pacíficamente.
La idea de “plusvalía”
Como didácticamente nos han explicado en los cursos liceales –según el modo Marx y Engels–, la plusvalía es la ganancia desmedida que el patrón tiene sobre el trabajador, y es esa ganancia abusiva la que permite el camino en espiral hacia la concentración de la riqueza de unos (capitalistas), y el eterno estancamiento de otros (proletarios).
Estos días hemos escuchado con ahínco la autocomplacencia pública de que somos uno de los países con más baja inflación de la región. Pues bien, simétrico ahínco debiera ameritar el descomunal abuso de las tarjetas de crédito sobre sus deudores. Pues, si estamos situados en una inflación que dista de llegar a los dos dígitos, ¿cómo puede ser que los prestamistas institucionalizados tengan por costumbre cobrarse sus intereses en cifras superiores a los tres dígitos? Abuso, que bajo ningún concepto se le debiera permitir ni al Estado central, ni a los feudos departamentales, ni a empresas públicas, ni organismo alguno de seguridad social, salvo se esboce públicamente una plataforma conceptual de libertad, pero en la trastienda se quiera hacer caja con mañas estalinistas.
Es curioso cómo quienes abrazan agendas globales, por un lado exaltan “nuevos derechos”, pero no muestran el menor entusiasmo frente a un drama tan antiguo como vigente, el del abuso económico de la codicia del fuerte, sobre las tentaciones del vulnerable, mirando para el costado mientras esquilman a compatriotas.
Cuando no, algunos incurren en la actitud a lo Tartufo de Moliere, de cargar las culpas sobre el abusado so pretexto de (encima) endilgarle cosas como “falta de educación financiera” o sino el despiadado aforismo de “ya sabían a qué atenerse de antemano”, muy típico de los fundamentalistas de la seguridad jurídica, donde el derecho está engrietado con la justicia.
Paradoja no poco significativa, es que, si se trata de temáticas como del acoso laboral o sexual, ahí sí la víctima es víctima en serio; víctima con carta de ciudadanía. Para estos casos, el sistema político contemporaneo ha sancionado leyes, que expresa o tácitamente han implicado hasta un cambio de paradigmas jurídicos vulnerando entre otras cosas, principios tan caros de derecho (como lo son la presunción de inocencia y la de carga de la prueba) .
Pero si estamos en el ámbito de la usura, no son pocos los opinólogos y hasta representantes políticos que cargan las tintas en la “auto puesta en situación de riesgo de la víctima”.
Zona liberada
Actualmente, se ha conformado un status quo de una verdadera zona liberada de hecho para depredadores económicos. Dada la convergencia, por un lado, entre ortodoxos del libre juego del mercado, cultores del laisse faire que sienten que es mejor cortarse un dedo antes que entrometerse, y neoizquierdistas por otro, que subliman sus afanes revolucionarios en causas tangenciales, (como el lenguaje inclusivo o ese embelesamiento con la paridad de género forzada en las listas de candidatos). Sobre éstos últimos, pretendidos máximos defensores de la sensibilidad social, está más que claro que, el drama de los deudores, no está en su radar de reivindicaciones. No han propuesto medida legislativa alguna de consistencia, que busque una solución integral a los abusados económicamente.
Que el ingreso económico de los trabajadores egrese groseramente hacia casas de crédito, haciéndose las mismas un verdadero festín acumulativo, en desmedro de horas de trabajo de los asalariados, indica -siguiendo la línea dogmática de los socialistas que posaban de científicos-: que estamos frente a ¡una segunda plusvalía!
Tal abuso, tiene el amparo legal de la ley 18212 de cuneo astoribergarista que, curiosamente, fue votada por la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria de la época, haciendo llamativa coincidencia con otras definiciones de macro política de los 15 años progresistas, como la designación de Jorge Díaz al frente de la FGN o más aun, el NCPP de 2017. Cosas, nomás.
Concomitantemente, en estos días vuelven a resurgir voces blanquicoloradas, en línea de homogeneizar un programa común para octubre de 2024, a lo cual, vale consignar –¡otra vez! – que Cabildo Abierto es un partido distinto, con su propia lista de prioridades, que obedece a su avidez por solucionar los reales problemas de la gente. Tal pretensión de homogeneización, o no lee bien la actualidad política en 2023, o tiene la osadía de presuponer que Cabildo Abierto va a apearse de sus más sólidas convicciones. Y, la búsqueda de soluciones concretas –así sea por institutos de democracia directa como un plebiscito– a las personas físicas víctimas del abuso usurero, es una de ellas.
Bradbury Rodríguez
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