Días pasados, un analista político de reconocida solvencia, comentando la vacilante y a veces contradictoria estrategia del Frente Amplio (FA) en clave de oposición, afirmaba que “se puede salir para Colonia y terminar en Rocha, porque fuiste doblando y doblando y no te diste cuenta de que ibas para otro lado…”.
Hay mucho de cierto en esta aguda reflexión sobre un partido que durante quince años ejerció un poder omnímodo, con mayorías parlamentarias absolutas, y que aún no se ha adaptado a su nuevo rol.
Y lo que es peor, carece de conductores de peso que lo auxilien en la toma de decisiones.
Pero hay algo más grave que cierta dirigencia del FA maneja con mucha tenacidad y astucia: es que se han propuesto –y en parte lo han logrado– que no se investiguen los errores, ni las graves omisiones, ni los casos de corrupción en que indudablemente incurrieron muchos de sus cuadros en quince años de gobierno. ¡Parecería que con el affaire Sendic (y su legendaria tarjeta corporativa) quedaría desechada cualquier sospecha de otras venalidades!
Y hasta ahora, aquella estratagema de que la mejor defensa es un buen ataque, les viene dando muy buen resultado.
El último fogonazo en ese sentido lo acaban de dar la semana pasada con el tema del alto jerarca policial enjuiciado por cinco graves delitos.
Para que nadie se preguntara en qué contexto y cómo pudieron hacer carrera funcionarios proclives a la corrupción, nada menos que en la institución destinada a velar por la seguridad pública. Y es así que hicieron entrar en escena al ministro de Turismo por algunas llamadas vinculados a la seguridad, que le hizo a una conocida figura, que desde hacía muchos años en su departamento de Maldonado ejercía un rol relevante en el aparato policial. Y por más que el fiscal actuante, Jorge Vaz, explicó que en esas llamadas no había nada que configurara delito, se estiraron numerosos índices acusadores desde sitios aparentemente objetivos, como son ciertos medios y periodistas que nadie podría identificar como laderos de la oposición.
Y es esto lo que contribuye a hacer más hermética la cortina de humo que impide sacar conclusiones propias a la gente.
Ya nadie se preguntó cómo este funcionario con esa vocación por la corrupción -que no le debe de haber surgido en el último año y medio- logró su meteórica carrera, sobre todo en los quince años de administración frentista, accediendo al grado de Comisario Mayor.
Ya nadie se preguntó que el hoy destituido coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado –la segunda en importancia después de Montevideo–, es un oficial de larga y reconocida trayectoria en los últimos 16 años, que además fue comisario en San Carlos y antes del actual cargo, estuvo al frente de las zonas operaciones 3 y 1.
En 2008, la Coordinadora Nacional de Sindicatos de Policía (Conasip) emitió un comunicado para repudiar la designación del actual coordinador (tercer cargo en importancia y jerarquía) de la Jefatura de Policía de Maldonado al frente de la seccional 2ª de San Carlos. ¿Cuántos vocacionales del derecho que posee la población de estar informada, hasta de conversaciones privadas y confidenciales, han divulgado este importante antecedente que la administración progresista pasó por alto?
Casi ningún medio le importó poner el foco en que, desde hacía casi un año, el funcionario desleal venía siendo minuciosa y sigilosamente investigado, seguramente por orden del ministro Larrañaga.
Para poner un ejemplo, un destacado periodista de El Observador, que parece ignorar la inseguridad a que fue sometida la población antes del advenimiento de este gobierno de coalición, se atrevió a afirmar el pasado sábado, centrando el foco sobre Germán Cardoso, que el caso del ministro “puede ser un búmeran peligroso para los políticos, en tiempos en que la profesión se ve desprestigiada a nivel mundial”.
Así funciona la trama que inhibe a las personas a pensar por sí mismas y trata de imponer a forceps un pensamiento único a nuestros compatriotas.
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