En 2015 la editorial L´Harmattan publicó en Francia, y en francés, una obra colectiva organizada por la Universidad Montesquieu de Burdeos, al cuidado del Prof. Arnaud Martin, titulada “La laicité en Amerique Latine”, de casi 400 páginas, en la que autores de varios países latinoamericanos aportaron su visión sobre el tema de la laicidad en relación a cada uno de sus Estados.
Sobre la realidad de Uruguay tuvo el honor de ser seleccionado el autor de este artículo.
¿Cuál es nuestra tesis, sustentada en documentos y citas de autores nacionales y extranjeros? Que en Uruguay nunca existió y aun hoy no existe una verdadera laicidad; que no se pasó del Estado confesional al Estado laico sino al laicista, que es muy distinto, a partir de la separación de la Iglesia del Estado que dispuso la Constitución de 1918.
¿Y esto qué significa? Que en verdad el Estado no es laico sino laicista, que es una deformación de la laicidad. Es decir que en vez de respetar todas las creencias y permitir con libertad expresar todas las posiciones ideológicas y de sistema de valores, sin que el Estado sostenga ninguna oficialmente, se pasó a perseguir o prohibir, en especial a los cristianos, la manifestación pública de la fe, es decir, fuera del ámbito privado. Como dijo el expresidente Jorge Batlle sobre los valores, en Uruguay se había confundido no hablar de Peñarol y Nacional con no hablar de fútbol, lo cual naturalmente es muy distinto.
Y sobre esto hay muchos ejemplos, incluso recientes, pero la extensión de la nota imposibilita al autor citar todos.
Sí nos detendremos en algunos que son graves:
1) La enseñanza de la ideología de género en el sistema educativo, a vista y paciencia de gobierno y oposición actuales.
Es evidente que el Estado no debe sostener posición oficial en materia ideológica, de creencias o religiosa, de acuerdo a la debida laicidad estatal derivada del texto constitucional. Nadie dudaría que se viola la laicidad si en las aulas se adoctrinara a los alumnos con una posición filosófica o política oficial y única o si se les obligara a practicar alguna religión. Pero muy pocos parecen advertir que el Estado, ni por medio de la Enseñanza ni por medio del MIDES, debe adoptar ideologías o perspectivas como oficiales y obligatorias, lesionando la laicidad y el derecho constitucional de los padres a ser consultados sobre la enseñanza impartida a sus hijos, conforme el art. 41 de la Carta. Sobre todo porque en virtud del laicismo referido y no de la verdadera laicidad, que debería llevar a presentar todas las posiciones o creencias y no flechar la cancha como hace el laicismo, no se permite a los que disienten con la ideología de género que se manifiesten. En la Universidad estatal y en ANEP, hay carteleras y se dan charlas a favor del aborto, la ley trans o de la ideología de género pero sistemáticamente se niega la autorización a exponer a los que son contrarios a ellas. Más claro imposible.
Incluso hace poco, en una facultad, los estudiantes realizaron una intervención o performance contraria a un plebiscito constitucional sobre seguridad pública que se someterá a votación del cuerpo electoral el próximo 27 de octubre con las elecciones nacionales generales. ¿Se hubiera permitido a estudiantes que están a favor del mismo a manifestarse públicamente dentro de esa facultad? Ya sabemos que la respuesta lamentablemente es no.
2) El uso de textos de historia oficiales que deforman la verdad y afirman que en Uruguay la subversión comenzó contra la dictadura militar, pretendiendo ocultar groseramente lo que la historia demuestra, o sea, que la subversión se inició en gobiernos democráticos elegidos por el pueblo; que cuando se dio el golpe en 1973 todos los tupamaros estaban presos.
Por tanto, resulta imperioso que en el próximo gobierno los poderes Ejecutivo y Legislativo se aboquen a este crucial tema para cumplir con la Constitución de la República.
*Carlos Alvarez Cozzi, catedrático de Derecho Privado y experto en bioderecho internacional
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