La perversión del sistema judicial que ya hemos señalamos antes nos merece una serie de puntualizaciones que pasamos a desarrollar.
Nos ha sorprendido el entusiasmo con el que altos dirigentes del Partido Nacional y algún dirigente de corta trayectoria del Partido Colorado, al parecer fascinados por el hecho de que el Frente Amplio haya incluido en su plan de gobierno la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han salido a compartir esa idea y hasta promover la aprobación inmediata de la ley para su creación en este mismo período de gobierno.
Discrepamos radicalmente y entendemos apresurada y poco meditada la iniciativa, pues no se mira más allá.
La situación del sistema judicial que criticamos, en sólida compañía, se vertebra en tres pilares que son: el nuevo Código del Proceso Penal, la creación del Servicio Descentralizado que absorbió la Fiscalía de Corte y la ley que aprobó las Instrucciones Generales obligatorias para los fiscales. A ese inconveniente plexo legislativo, el frenteamplismo quiere agregar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiende a consolidar lo que entendemos que se debe derogar, es decir, la usurpación de la administración de la Justicia, que pasó a manos de los fiscales.
El nuevo Código del Proceso Penal, bajo la pretensión de instalar el verdadero y democrático proceso acusatorio, terminó, por la vía del procedimiento abreviado, instalando un proceso administrativo que excluye la participación del juez, otorga menos garantías al justiciable al someterlo a una verdadera coacción por la fiscalía y elimina la presunción de inocencia.
Obviamente, la ausencia del juez implica que no puede intervenir en esa negociación entre defensa y Fiscalía que incluye el monto de la pena, la forma de cumplir la condena, su calificación jurídica, la incautación de bienes y la reparación civil, además impide cumplir con el principio de inmediatez. El juez queda fuera de la negociación y no puede modificar ni alterar los términos del acuerdo, solo aprobarla o rechazarla, respetando la total autonomía de lo que las partes voluntariamente acuerden.
Las críticas se han hecho notar enfáticamente por parte de diputados como los doctores Eduardo Lust y Gustavo Zubía, exfiscal de destacada actuación, y finos juristas como el ministro William Corujo, entre otros, quienes han expresado que se trata de un regateo cuasi comercial o de mercadeo, dentro de un modelo que huye del proceso y degrada los fines generales del derecho sustantivo, al empobrecer la jurisprudencia y la construcción doctrinaria.
La creación del servicio descentralizado por la Ley No. 19.344 es claramente inconstitucional, pues violenta la reserva de esa institucionalidad de derecho público, por estar destinada en forma exclusiva a los dominios de orden comercial o industrial del Estado.
Finalmente, la aprobación legislativa de las Instrucciones Generales obligatorias le quita independencia técnica a los fiscales y constituye un elemento de presión psicológica indiscutible.
A todo ello se agrega una verdadera vedettización de los integrantes del sistema, antes trabajando en silencio y cuidando la dignidad de su elevado magisterio y hoy integrando como actores la civilización del espectáculo.
Como hemos afirmado en anterior oportunidad, somos contrarios a la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que busca crear el frenteamplismo para la consolidación de esa estructura para el sistema judicial, que consideramos muy inconveniente e inconstitucional. Antes que nada, resulta imprescindible la urgente reforma del Código del Proceso Penal actual que, paradojalmente, hoy otorga menos garantías al justiciable que el viejo código apegado al criterio inquisitivo-acusatorio.
Sabemos que existen problemas de orden carcelario y penológico, que falta una auténtica política criminal y que los procedimientos de rehabilitación no comienzan como se debe y recomienda la doctrina universal y entre nosotros ha sido iniciativa recurrente del general Manini Ríos, o sea desde adentro de los establecimientos de reclusión, con el trabajo obligatorio, controlado y remunerado razonablemente.
Pensamos que esos problemas no se van a arreglar con la creación de mayor burocracia y gastos de un nuevo ministerio, justo cuando en la orilla de enfrente nos dan el ejemplo de haber eliminado dieciséis.
En cuanto a los problemas administrativos que sobrelleva la Suprema Corte de Justicia, entendemos que se solucionan otorgando a ese poder del Estado la autonomía financiera que tienen los otros poderes y aumentando su número de miembros para crear distintas salas especializadas, sin instalar ningún ministerio nuevo.
El Frente Amplio se obstina en mantener su predominancia ideológica en el actual servicio descentralizado que creó, desde el fiscal general hacia abajo, sin aceptar la designación de un nuevo titular. Y lo hace en la medida de que su actual conformación permite resultados acordes a sus intereses políticos. Recordemos que el fiscal Rodrigo Morosoli anunció la formalización con prisión del general Manini en un asunto en el que “se olvidó” de citar a Tabaré Vázquez y a su secretario Miguel Tomá, verdaderos responsables, si es que había lugar a responsabilidad, como jerarcas. Con la misma voluntad de servir los intereses políticos del Frente Amplio, el fiscal Diego Pérez “perdió” el pendrive y no pudo presentar su acusación contra el arquitecto Mariano Arana y la doctora María Julia Muñoz, responsables por sus jerarquías en el sonado caso del fraude en los casinos municipales. Esta excusa absurda, que en un mundo digital nadie puede creer, la utilizó como pretexto para encubrir su voluntad de servicio con el Frente Amplio.
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