La justicia humana es por definición imperfecta y los sistemas ideados para aplicarla tienen todas las falencias naturales de nuestra propia imperfección. Con frecuencia encuentro que, de manera reiterada y como un mantra, hay personas que dicen: “Confío en la Justicia”. Este parece una especie de dogma al que no puede sustraerse ningún ciudadano responsable y respetuoso de las instituciones republicanas, pero en realidad no es más que un lugar común que en la práctica es sistemáticamente desconocido. Así, en estos días, hemos visto a connotadas figuras, con las que compartimos nuestro desempeño en el Senado de la República pero que actualmente están sometidas a procesos de naturaleza penal, agraviarse de resoluciones tomadas por nuestra administración de Justicia. Durante cuarenta años ejercimos la abogacía y protagonizamos o presenciamos decena de casos en los que se disintió con resoluciones judiciales, para lo que nuestro ordenamiento jurídico, de inspiración romana, prevé un razonable sistema de recursos, en el que como es normal no siempre se logra el pronunciamiento perfecto. En realidad, como ya hemos señalado en otras oportunidades, no se trata de confiar en la Justicia sino de acatarla, de someterse a su pronunciamiento aun en la discrepancia, siendo esta la actitud republicana que corresponde.
Como señalara la exfiscal Fossati en su libro, en el Uruguay compramos un sistema de administración de Justicia Penal, al son de imposiciones de colonización intelectual, que no resolvió nuestros problemas de la esfera penal, sino que los agravó con una Justicia negociada, que en algunos casos supone una extorsión legalizada, ya que se acepta la responsabilidad, al margen de que ello corresponda, o el indagado se ve privado de libertad por lapsos extensísimos, mientras se indaga y discute si la responsabilidad existe o no. La citada profesional agrega con acierto que todo ello de alguna manera ha servido para politizar la Justicia, lo que no solo denuncia sin ambages, sino que corroboran innumerables casos, desde la llamada “violación del Cordón” hasta la prisión preventiva de un candidato a intendente finalmente reelecto, promovida por una fiscal militante, políticamente, ahora sometida a un procedimiento disciplinario, o bien el caso de los militares presos por venganza. Como frutilla de la torta, el arquitecto del sistema hoy es una importante figura del Poder Ejecutivo. Nuestro sistema de administración de Justicia esta políticamente partidizado y el anterior gobierno, a pesar de nuestros reiterados reclamos, nada hizo por resolver el tema y es de esperar que se agrave en medio de presiones gremiales interesadas en deponer a la fiscal de corte interina, mientras parece estallar una parodia de persecución del fiscal Perciballe por parte de Jorge Díaz. Nos preguntamos qué se trama en ese enfrentamiento en cuya sinceridad nadie cree.
Una nueva amenaza se cierne sobre nuestra administración de Justicia y es la designación de jueces por elección popular y el establecimiento de jurados. Ello servirá para destruir los pronunciamientos basados en el estudio de los hechos, a la luz de las normas jurídicas elaboradas con base en una fina apreciación de la experiencia de especialistas, para sustituir todo ello por decisiones adoptadas emocionalmente en base las apreciaciones puramente subjetivas influidas por circunstanciales decisiones de fundamento afectivo o político. En definitiva, por el citado camino tendremos los tribunales populares por los que tanto ha predicado históricamente el marxismo y ensayó en nuestro país la guerrilla con parodias de juicio a personajes políticos de los sesenta, a los que se secuestró y privó de libertad, en clara violación de los tan proclamados derechos humanos, que se reconocen a los marxistas y sus acólitos y se niegan a quienes se oponen a ello. Así tendremos remedos del juicio más injusto de la historia en el que Pilatos pregunta a la multitud si quieren la libertad de Barrabás o la ejecución de Jesús y la multitud persuadida por los enemigos de Jesús, contestó: “¡A Barrabás!”. La elección popular de los jueces y la instalación de jurados terminará con la aplicación técnica y meditada del derecho para sustituirlo por decisiones emocionales y políticas. En definitiva, una Justicia que cobrará al grito al mejor estilo de algunos espectáculos deportivos. Ya hemos tenido una mala experiencia de los juicios por jurado en nuestro país, de donde fueron desterrados después de una mala experiencia, la del famoso “juicio de la ternera”, en que la supuesta pero verosímil venalidad de los jurados impuso el fin de los juicios por jurado desde 1938. Es de esperar que no continuemos en la línea de degradar nuestras instituciones jurídicas, ya sea por novelería o maliciosa intencionalidad de digitar las decisiones judiciales con intencionalidad política. La decisión de instrumentar una Justicia con jueces designados de forma electiva no determinará una mejor administración de Justicia, sino una inevitable politización de esta. A ese abismo se ha lanzado nada menos que México, impulsando desde el gobierno la medida a que aludimos y que se aprobó con solo el trece por ciento de los votos habilitados. La instauración del aludido sistema es un claro estímulo para provocar la instalación de la demagogia en el sistema judicial y a generar campañas políticas para obtener cargos en la judicatura, lo que constituirá una evidente tentación a privilegiar los intereses de los votantes sobre la aplicación de las normas al caso concreto.
La reforma del proceso penal promovida hace ocho años fue nada más que el comienzo de un proceso de copamiento político que puede agravarse de darse pie a reformas que contradicen nuestras tradiciones jurídicas, las que siempre quisieron evitar la politización del Poder Judicial y de la administración de Justicia en general. Ante una general indiferencia, cuando no cierta complicidad, hemos visto degradar la Justicia, por lo que es hora de asumir la responsabilidad del momento y restaurar el prestigio de instituciones que son esenciales a la convivencia en libertad de la República.
