Se conoce como política de Estado aquella que inspira medidas de gobierno que se toman en beneficio del país y su gente, por encima de las diferencias ideológicas y de partido, en el entendido de que serán compartidas por todos, en mérito a su indiscutible interés general.
Teniendo como único propósito la defensa del interés nacional, tales medidas no están llamadas a beneficiar electoralmente un partido político ni habrán de considerarse logros que pertenecen a una sola colectividad, sino una conquista de todo el sistema, destinada a perdurar más allá del tiempo del mandato en que resulte aprobada.
Naturalmente que, en una democracia, hace a su esencia la discusión de todos los temas que se plantean desde diferentes perspectivas, en forma franca, abierta y hasta con la sana pasión puesta al servicio de quien defiende sus propias convicciones.
Pero una política de Estado supone que quien ocupe circunstancialmente la oposición, tenga la amplitud de miras y la responsabilidad política de asumir el propósito real de una colaboración con el país, lo que no significa someterse al proyecto político de su adversario.
En los pasados gobiernos frenteamplistas –fundamentalmente en los dos primeros–, la oposición de los partidos llamados tradicionales dejó gobernar y acompañó en muchas oportunidades y en soluciones puntuales, como la integración de los organismos que requieren mayorías especiales y la designación del fiscal de corte Jorge Díaz o la del ministro William Corujo para el TCA. Pero señalamos que tampoco fue convocada para compartir proyectos de real interés general, pues, para poner un ejemplo, no lo es ni lo será nunca el llamado voto consular para otorgarle el sufragio a quienes se han alejado del país y viven y trabajan integrados en otras sociedades.
Solamente en el segundo gobierno de Vázquez, cuando ya las irregularidades administrativas eran inocultables por pérdidas multimillonarias ocasionadas en conductas de inequívoca proyección penal, la oposición desató una muy fuerte campaña que finalizó con el alejamiento de los cargos y las sanciones penales a los responsables.
Todo lo expuesto lleva a que se necesita proponer temas de verdadero e inequívoco interés general y encontrar en la oposición el talante receptivo a esas propuestas para considerarlas y discutirlas, con la finalidad de su aprobación.
En estos momentos en que se proyecta la reforma de la seguridad social, tema que obviamente no puede resolverse sin un consenso nacional pues está en juego nada menos que el equilibrio y sosiego de los ingresos, o sea las pasividades de las generaciones sucesivas que en forma inexorable impone el destino, nos encontramos que el Frente Amplio ha adelantado que no estaría dispuesto a acompañar, no sabemos si este proyecto o ninguno.
Por el contrario, su presidente se ha manifestado claramente en contra, pero además su único propósito es muy claro: la recuperación del poder, antes que nada.
Para ello, comienza por reforzar su aparato electoral, aumentando los comités de base, incitando a redoblar la militancia, el trabajo puerta a puerta, la salvaje oposición a todo proyecto, a toda la gestión del gobierno a la que, desde ya y en forma asaz anticipada, califica como “proyecto fracasado”.
Aparte del cambio de actitud de quien ha dejado su rol de dirigente sindical para convertirse en político con ambiciones, se observa que, sin tener reparos por su trabajo como tal, a lo que tiene legítimo derecho, no encontramos el menor asomo de una posibilidad de acompañar una política de Estado.
Quedará entonces por el camino todo eventual acuerdo en las políticas de seguridad, educación, salud y previsión, sin perjuicio del bloqueo a la designación del cargo de fiscal de corte, de los ministros de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Es muy natural y hasta obvio que así sea, en algunos casos. En seguridad, por ejemplo, donde dejaron un desastre que hay que acomodar sin pérdida de tiempo; en la educación, pues al desorden, el caos administrativo y las corruptelas apañadas por los representantes sindicales que hoy han salido a luz, para incomodidad y lamento de Fenapes que nada puede explicar, hay que agregarle la modificación de textos con relatos históricos falseados por la militancia.
Aspectos como los relativos a la economía o la política internacional hacen a la diversidad de dos proyectos diferentes de país y por tanto nadie va a sugerir que esas visiones se acompañen.
Los quince años de gobiernos frentistas dejaron su huella: colonizaron el Estado, dilapidaron una bonanza irrepetible, urdieron un relato mentiroso para infiltrarlo en la enseñanza, deterioraron la institucionalidad con sus mayorías parlamentarias, salteándose plebiscitos o desoyendo principios angulares del derecho, y pusieron en crisis los valores de nuestra clase media, núcleo central de la sociedad uruguaya.
Nada escapó a su grotesca ambición y a sus declamadas -y frustradas- pretensiones de justicia social.
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