En un rincón escondido de la página de internet del Banco Central del Uruguay se encuentra una magnífica obra de historia económica uruguaya, publicada por los economistas Ariel Banda, Julio de Brun, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone. La obra fue encargada en ocasión del 50º aniversario del BCU, pero lamentablemente la misma no tiene una versión impresa, y su versión electrónica no tiene ni título ni tapa, por lo que resulta muy difícil encontrarla. Un ejemplo más de la generosidad intelectual y transparencia astorista-progresista cuando algo no resulta ser de su agrado. Para encontrarlo hay que ser avezado en el uso de google, pero bien vale el esfuerzo. (ver documento aqui)
En su capítulo 4, el trabajo describe los problemas que enfrentó el equipo económico durante el período 1985-1989, durante la presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti. Se trataba del primer gobierno democrático luego del período cívico-militar, uno que tuvo que enfrentar los resultados de la crisis que se había producido en noviembre de 1982 luego de la ruptura de la mal concebida “tablita”.
“El gobierno democrático que inició el 1º de marzo de 1985, enfrentó problemas en prácticamente todos los campos, pero los más importantes en el área económica eran el endeudamiento externo, el endeudamiento interno, el nivel de actividad y empleo, y la situación del sistema financiero”, arranca el capítulo. La gran diferencia con la actualidad es que el sistema financiero se encuentra en situación saludable, y en que a pesar de que la deuda externa se encuentra en un nivel récord histórico, todavía estamos al día con las obligaciones y tenemos acceso a los mercados de capitales.
Las garantías de crédito generalizadas sirven si se parte de la base que la crisis actual no es más que una contracción de liquidez transitoria
El gran problema de aquella época fue el tendal de empresas quebradas, endeudamiento interno y desempleo que dejó la crisis del ´82, generada por un colosal atraso cambiario acumulado durante años. Habían transcurrido casi tres años de la devaluación pero todavía no se encontraba una salida. “El problema del endeudamiento interno estaba lejos de ser despejado y los esfuerzos realizados no habían tenido aún el éxito esperado.
El nivel del endeudamiento interno, la indefinición de los derechos de propiedad que implicaba y el credit crunch que lo acompañaba, afectaban la inversión, la producción y el empleo. Como manifestara el presidente del BROU (Cr. Federico Slinger) en un reportaje en Crónicas Económicas del 21 de octubre de 1985, el sobreendeudamiento solo podría ser absorbido en plazos razonables y en la medida que el país creciera”, describen la situación los autores.
Como gran parte de la producción y el empleo dependía del sector agropecuario, el gobierno de la época contrató un préstamo con el BID para aliviar la situación del sector, al mismo tiempo que impulsó una nueva ley de refinanciación, que se hizo necesaria ya que los bancos aceleraban las ejecuciones de los predios rurales. “Los bancos se opusieron a la suspensión de ejecuciones, pero sabían que una refinanciación obligatoria para ellos y voluntaria para los deudores era inevitable para resolver finalmente el problema”, concluyen los autores.
El gran problema de aquella época fue el tendal de empresas quebradas, endeudamiento interno y desempleo que dejó la crisis del ´82, generada por un colosal atraso cambiario acumulado durante años
La Concertación Nacional Programática de 1984 había sentado las bases de colaboración de los partidos políticos. El documento resultante definía, como sectores prioritarios, al agro y a las industrias de exportación que generaban altos niveles de empleo, al mismo tiempo que respetaba el principio de distinguir a las empresas viables de las no viables.
Estos principios y herramientas, aplicados para salir de la crisis del ´82, forman parte del recetario habitual para salir de las crisis de endeudamiento interno. Hoy lo ideal sería que el sistema bancario se pusiera de acuerdo en buscar soluciones que eviten la quiebra y ejecución generalizada de empresas. En ausencia de un acuerdo en esa dirección, siempre existirá el incentivo para alguna o algunas instituciones de contraer el crédito, con la esperanza de que ello pase desapercibido y pasarle el costo al resto. Con la concentrada estructura del sistema bancario actual, una acción de ese tipo tendría consecuencias muy negativas para el crédito y la cadena de pagos. El BROU no puede ni debe absorber el crédito que contrae la banca privada. Pero tampoco nos podemos dar el lujo de sentarnos a presenciar cómo la acción “descoordinada” de los bancos conduce a una retracción generalizada del crédito, lo que haría la situación aún peor.
En la misma línea, el economista Kenneth Rogoff es muy crítico acerca de las tímidas soluciones que se vienen implementado hasta ahora en el mundo desarrollado. En una columna reciente en Project Syndicate, propone llevar las tasas de interés nominales a terreno negativo, algo que evitaría un escenario de quiebra generalizada. Dice Rogoff:
“Las garantías de crédito generalizadas sirven si se parte de la base de que la crisis actual no es más que una contracción de liquidez transitoria que se resolverá con una recuperación fuerte y sostenida luego de que termine la pandemia. Pero, ¿y si esa recuperación rápida no se materializa? ¿Si, como uno sospecha, le lleva años a la economía de Estados Unidos y del mundo volver a los niveles de 2019? Si así fuera, no parece probable que todas las empresas sigan siendo viables, o que todos los gobiernos conserven la solvencia… Lo más seguro es que nada será igual. Se destruirá riqueza en proporciones catastróficas, y los gobiernos deberán procurar que, al menos en algunos casos, los acreedores asuman una parte de las pérdidas, proceso que llevará años de negociaciones y litigios. Para los abogados especializados en quiebras y los lobbistas habrá grandes beneficios (derivados en parte de presionar a los Estados para que honren las garantías y den rescate). Será un desastre indescriptible”.
