Cuando todavía falta un año para el acto eleccionario, la contienda electoral ya se desata por la impaciencia del Frente Amplio, aún sin haber ejercido la autocrítica tras la derrota en las últimas elecciones.
El politólogo Adolfo Garcé, en su columna de un conocido semanario, hace algunas afirmaciones sobre la próxima campaña electoral y a la vez se inclina por anunciar lo que podría ser uno de los temas importantes.
Por supuesto, reconoce logros del Gobierno como los de ordenar y activar la economía, el haber gestionado con éxito la pandemia, la reforma de la seguridad social, la transformación educativa, la atención a la emergencia social, la inversión en infraestructura y el esfuerzo en cumplir con sus promesas electoras, dejando constancia que no son los únicos.
Pero, además, afirma que la corrupción será el tema de la próxima contienda electoral, fundamentando su anuncio en experiencias propias de su formación y aprendizaje. Y expresando que la contracara del balance positivo en materia de políticas públicas son las denuncias de corrupción, citando “el caso Astesiano”, el abusivo reparto de cargos en la Comisión Mixta de Salto Grande y las renuncias de Germán Cardoso e Irene Moreira a sus respectivos cargos ministeriales como los episodios más resonantes.
Agrega también como información trascendente que vale la pena difundir que según los parámetros de “Transparencia Internacional” en materia de corrupción, Uruguay ocupa un lugar similar al de Canadá, por encima de Reino Unido, EE.UU., Francia, Japón y Chile, y por debajo de Dinamarca, Finlandia, Suiza y Alemania.
Pues bien, con el debido respeto que nos merece el columnista, debemos puntualizar nuestras discrepancias.
Primero, señalamos que su pronóstico de que la corrupción será un tema no menor en la campaña electoral, solamente puede atribuirse a la basta y vasta torpeza de los dirigentes frentistas. Así parece resultar, a título de ejemplo, de las burdas afirmaciones de Fernando Pereira a quien Jorge Gandini públicamente le ha preguntado: ¿dónde estaba cuando cerraron Pluna con una pérdida de US$ 140 millones que todavía se sigue pagando al Scotia Bank de Canadá, por el ruinoso negocio que hicieron y debieron cerrar la empresa estatal? En forma de recordatorio “para callar, cuando se debe callar”, si no se tiene autoridad por el peso abrumador de la mochila que carga con la gestión de las administraciones frentistas, que incluye los procesamientos de los tres más importantes cargos como lo son el del vicepresidente de la República, el ministro de Economía y el presidente del BROU.
A las injustificadas invectivas de Pereira, se suma ahora Yamandú Orsi, apresurado e impaciente en su lucha interna con Carolina Cosse, que en La Diaria del 28 de octubre pasado se despacha mal diciendo que están “acostumbrados al escándalo permanente” y que le “preocupa la falta de transparencia” para concluir en un mayestático mensaje a la ciudadanía diciendo que su partido “es una respuesta totalmente esperanzadora”.
En segundo lugar, ya dejando aparte ese disparatario de antología, debemos marcar nuestra clara discrepancia con la inclusión del caso de la renuncia de la Dra. Irene Moreira a su Ministerio como uno de los episodios de corrupción, porque en su actuación no hubo corrupción, ni siquiera abuso o ilegalidad.
Insistimos: el llamado “caso Astesiano” es un problema del presidente Lacalle Pou, seguramente engañado por un funcionario infiel; la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo es un tema del Partido Colorado y los abusos en las designaciones privilegiadas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande son muy diferentes a las asignaciones de vivienda que realizó la Dra. Irene Moreira, totalmente regulares, para nada ilegales ni abusivas y dispuestas al amparo del cupo de discrecionalidad que la autorizaba una Resolución anterior de ese Ministerio dictada durante el gobierno del presidente Vázquez.
Lo hemos dicho y lo repetimos: la Dra. Irene Moreira dispuso soluciones habitacionales amparada en el cupo que, para su aplicación discrecional, estableció la Resolución del 5 de octubre de 2009, dictada por el mismo Ministerio de Vivienda según establece su Considerando II y se repite en su parte Resolutiva Numeral 2º) diciendo que: “Finalizado el Proyecto ONU 008700D, el cupo se podrá mantener para los sectores que percibiendo ingresos iguales o inferiores a la línea de pobreza y otros que por razones fundadas no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes”.
Siendo así, para imputarle alguna irregularidad, ya no un acto de corrupción que es imposible, se deberá demostrar que la Resolución citada fue derogada con anterioridad a las soluciones habitacionales asignadas en ejercicio del acto discrecional autorizado. Hasta el momento, nadie ha salido a demostrar la derogación ni a cuestionar su vigencia y el acto discrecional es tan legítimo como el acto reglado si está autorizado a texto expreso.
Finalmente discrepamos con el distinguido columnista, por cuanto entendemos que malos estrategas serían los frentistas si esgrimen como lanza el tema de la corrupción, cuando los ejemplos que se citan son pecados veniales al lado de los irredimibles casos de corrupción que sancionó la justicia penal y otros presumibles o sospechosos que aún siguen pendientes como los que refieren a la Ing. Carolina Cosse respecto al Antel Arena y al senador Charles Carrera, con relación al Hospital Policial que todavía están sin resolución judicial.
TE PUEDE INTERESAR:
