A partir de finales de la década de 1980, en Irlanda se celebraron cinco acuerdos sucesivos de concertación social entre gobierno, sindicatos y empresarios (incluidos los agricultores), dando cuerpo a la determinación de los salarios y las políticas públicas en general. El primero de estos acuerdos fue el Programa de Recuperación Nacional (PNR) (1988-90), firmado en una época en que la deuda pública y el déficit fiscal se habían disparado, la inversión estaba estancada, y a pesar de la creciente emigración, el desempleo estaba en aumento. Esta percepción de crisis desempeñó un papel importante en propiciar la centralización. En el marco del PNR, el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) acordó contener los aumentos salariales dentro de límites negociados a nivel nacional. Además, el ICTU se comprometió a no emprender acciones colectivas que se tradujeran en un aumento de los costeos para los empresarios. En contrapartida, el gobierno aceptó reducir los impuestos sobre las personas y preservar el valor real de las ayudas sociales.
Durante los tres años que abarcó el PNR (1988-90), la economía irlandesa se desempeñó muy bien. El PIB creció fuertemente (3,6% anual) y dio lugar a mejoras en prácticamente todos los demás indicadores macroeconómicos. En los años siguientes, la colaboración social se convirtió en la columna vertebral de la política económica irlandesa. Al igual que el PNR, el Programa de Progreso Económico y Social (1991-3) estableció aumentos salariales simultáneos para todos los sectores económicos. También estableció que, “excepcionalmente”, se podían negociar aumentos salariales de hasta el 3% también a nivel local. No es de extrañar que una parte considerable de los convenios locales aplicara la cláusula del 3%. Sin embargo, los empresarios consiguieron vincular estos pagos adicionales a la reestructuración del lugar de trabajo y al aumento de la productividad. Los primeros años de la década de 1990 fueron difíciles para Irlanda, ya que el crecimiento disminuyó y el desempleo comenzó a crecer nuevamente. Sin embargo, a pesar de ello, la estrategia de colaboración social se mantuvo intacta. El Programa para la Competitividad y el Trabajo (PCW) (1994-6) se centró en la creación de empleo y los interlocutores sociales continuaron con la política de moderación salarial, logrando reducir aún más la brecha entre los salarios brutos y netos mediante recortes fiscales adicionales.
En términos económicos, el pacto social irlandés parece haber sido un gran éxito. Entre 1988 y 2000, el PIB real creció un 132%, frente al 45% de Estados Unidos y el 32% de la Unión Europea. La determinación centralizada de los salarios parece haber incrementado en gran medida la competitividad del sector manufacturero irlandés, especialmente en las industrias dominadas por empresas multinacionales. Además, la colaboración social ha demostrado ser notablemente resistente a los cambios tanto del ciclo económico como en la composición política de las coaliciones de gobierno.
Lucio Baccaro, en “Qué está vivo y qué está muerto en la teoría del corporativismo”, British Journal of Industrial Relations (2003).
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