En ocasión del tratamiento legislativo de la Rendición de Cuentas en Cámara de Diputados, Cabildo Abierto introdujo el tema del (¡excesivo!) afán recaudatorio en la implosión de colocación de radares en carreteras nacionales, a lo largo y ancho del país. Tal “osadía” del novel partido plantea la real molestia por parte de conductores, que no son otra cosa que el fiel reflejo del contribuyente medio de la República.
Contribuyente medio que ya se ve asediado por una pesada carga tributaria, con el sinsabor aun de no recibir una contrapartida coherente por sus dineros extraídos. Vale no olvidar que el hecho de tener un auto rodando implica un piso considerable de gastos entre patente, seguro y el combustible más caro de la región.
Es innegable el poder-deber estatal en controlar el tránsito, ya sea a nivel nacional vía MTOP o través de las 19 intendencias. Pero, en resumidas cuentas, cualquier vía punitiva, así sea en sede administrativa, si pretendemos vivir bajo un Estado democrático de derecho, debe enmarcarse dentro de principios jurídicos muy caros, como el de proporcionalidad y el de racionalidad. Por ejemplo, las figuras penales tienen mínimo y máximos de pena, donde hay un amplio espacio de juego para que el operador jurídico, considerando todas las circunstancias concurrentes, gradúe el castigo a imponer. Detalle no menor es que la misma entidad que hace los controles es la que se ve beneficiada con el fruto de los mismos. Y esa coincidencia de identidad amerita la desconfianza de hasta los más crédulos…
El derecho financiero, o hablando más en criollo, el tributario, tiene sus propias peculiaridades, y una de ellas es el principio de “igualdad de armas” entre el Estado y los contribuyentes. Ergo, no es darle carta blanca al Leviatàn y que maneje sus apetencias sin freno alguno. Deberíamos tener los contribuyentes nuestros airbags jurídicos frente a encubiertos atropellos.
Caja de Pandora
Tal inquietud de CA en la Cámara de Diputados, que abarcaba la integralidad de las multas, causó revuelo en muchos intendentes y fue elevado el tráfico de llamadas a sus representantes más afines, para abortar cualquier intento de cerrar (un poco, nomás) esa gentil canilla de caudalosos fondos.
Si bien la iniciativa de ponerle topes razonables a las multas por exceso de velocidad no logró un consenso para su aprobación, el tema quedó puesto sobre la mesa en la opinión pública. No fue un final, solo un principio.
Bradbury Rodríguez
TE PUEDE INTERESAR
