Luego de dos décadas, el sistema bancario regresa nuevamente a la agenda pública. Pero a diferencia del año 2002, esta vez los balances de las instituciones financieras lucen muy saludables. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, entidad privada con fines públicos que integra el Sistema de Seguridad Social del Uruguay junto al MTSS, el BPS, las otras dos cajas paraestatales (la Caja Notarial y la Caja Profesional), el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, y las AFAP.
El desequilibrio de la Caja Bancaria no solo era previsible, sino que suficientemente conocido desde hace años por todos los actores que directa o indirectamente tenían algo que ver con la situación. Nos atrevemos a afirmar que era previsible porque la situación actual no es el resultado de una crisis bancaria o cualquier otro hecho sobreviniente que hubiera provocado una pérdida no anticipada de socios activos. El proceso de reducción de empleados en el sector bancario se viene produciendo de forma más o menos consistente y uniforme. Efectivamente, durante la última década la banca privada redujo su plantilla un 25%, lo que implica que la caja perdió en el período aproximadamente mil aportantes.
Tampoco esto es el resultado de una abrupta pérdida de rentabilidad o desvalorización de los activos de la caja; en efecto, gran parte de los ellos se encuentran colocados en activos forestales, los cuales se han apreciado mano a mano que el Estado sigue ofreciendo generosos subsidios al complejo forestal-celulósico. Mucho menos se debe a cambios tecnológicos, en un sistema financiero abroquelado regulatoriamente en favor de las instituciones existentes y que no facilita la entrada de nuevos jugadores al mercado bancario, mucho menos en el segmento de las fintech. De todo esto, posiblemente la variable que haya incidido más en los últimos años es el no llenado de vacantes en la banca pública, algo enteramente bajo resorte de las autoridades económicas.
Pero además de constituir un problema anticipado, corresponde anotar también que esta situación es ampliamente conocida por todos los actores; al menos desde que se inició el gobierno actual. La última reforma implementada en el 2008 permitió ajustar los números de la caja a la realidad del sistema posterior a la crisis del 2002. Pero transcurrida una década, ya en el 2018 el sistema empezaba a exhibir pérdidas operativas, que desde entonces vienen creciendo hasta culminar en un desequilibrio de US$ 56 millones el año pasado. Más concretamente, todos sabían desde el año pasado que muy probablemente para agosto de este año se agotaran las reservas de la caja, lo que requería ajustes urgentes. Empezando por la propia Caja Bancaria, siguiendo por el MEF, la OPP, los bancos públicos, la banca privada y por supuesto AEBU. ¿Por qué entonces es que no se encontró una solución antes?
¿Por qué se da este fenómeno?
Una explicación posible podría ser que los bancos estuvieran transitando por un período de baja rentabilidad, situación que no les permitiría realizar aportes adicionales. Esta es la senda que parecería transitar la Asociación de Bancos Privados. “Cada vez tenemos menos bancos en Uruguay producto de la creciente dificultad de competir y de una rentabilidad que no satisface a los accionistas”, dijo su directora ejecutiva, la Ec. Barbara Mainzer, entrevistada por La Mañana (ver pag. 5). Pero los números parecerían evidenciar una situación algo diferente. Desde el 2017 a esta parte los bancos privados vienen mostrando ganancias anuales que superan los US$ 200 millones y que tuvieron un pico de US$ 360 millones en 2019. Ni siquiera la pandemia pareció afectarlos; durante los años 2020, 2021 y 2022 lograron acumular ganancias por casi US$ 800 millones, y en los primeros cuatro meses del año ya llevan acumuladas ganancias por unos US$ 200 millones. Y esto sin incluir las ganancias de las empresas financieras parabancarias.
El BROU no es la excepción y también viene produciendo ganancias récord, lo que le permite pagar dividendos que se vuelcan a las arcas de la Tesorería para hacer frente al presupuesto estatal.
Otra explicación posible podría ser la ausencia de un marco normativo que, por más capacidad económica que tuvieran los bancos, no les permitiera incrementar sus aportes para contribuir a cerrar la brecha de la caja.
Para la directiva de AEBU, este tampoco es el caso, ya que la ley 18.396 del 2008 ya tiene previsto un mecanismo que permitiría cubrir en gran parte el déficit que considera coyuntural de la Caja Bancaria. Se refiere a la posibilidad de aumentar la Prestación Complementaria Patronal (PCP) –partida que se cobra en función del stock de activos financieros de los bancos– hasta el 4 por 10 000, desde el 2,5 por 10 000 que las instituciones aportan en la actualidad. Bastaría con un decreto del Poder Ejecutivo para aumentar la PCP.
Las autoridades del equipo económico se han mostrado reacias a esta solución, considerando que cualquier partida que se cobre en función del nivel de activos aumentaría el costo de intermediación, costo que acabaría siendo pago por deudores y depositantes. Desde el punto de vista académico esto puede llegar a resultar correcto, pero sin una medida de este tipo –ya prevista por la ley–, el costo terminará siendo absorbido por los trabajadores y el Estado, algo que no resulta lógico en una industria que exhibe altos niveles de rentabilidad, lo que le permite girar dividendos al exterior con regularidad como si se tratara de una máquina generadora de rentas.
La banca privada y la banca pública
En contraste con la banca privada, es poco lo que la banca pública se ha hecho oír en este tema, lo que resulta algo llamativo por lo que sufriría en forma asimétrica que el aumento en la incertidumbre provoque una estampida de jubilaciones entre sus funcionarios. En concreto, el BROU tiene la plantilla con mayor edad promedio del sistema bancario, con gran parte de su plana gerencial en edad de jubilación. Esta situación dejaría al banco del aparato productivo en inferioridad de condiciones para competir con la banca privada, abonando el camino de aquellos que pretenden desde hace 60 años disminuir el rol que el banco fundado por el presidente Idiarte Borda en 1896 tiene en la actividad productiva nacional.
Con tanto lobby en contra –y algunos agentes locales soplándole al oído–, no debería sorprendernos que el FMI se convierta en representante de facto de los intereses del sector privado extranjero. “Los bancos estatales cuentan con cuantiosas reservas de capital y liquidez, pero debido a su importante presencia en el sistema financiero, sería importante prestarles una atención especial en las áreas de supervisión, gobernanza, gestión de crisis y mantenimiento de la competencia”, escribió el FMI el 20 de marzo luego de la visita a nuestro país. Como si los bancos estatales estuvieran de alguna manera impidiendo la competencia en el sistema bancario local, en lugar de fomentarla. Habría que preguntar a los productores agropecuarios cuál sería la tasa de interés que pagarían en la actualidad si el BROU se hubiera dejado atemorizar por las advertencias del FMI y todas aquellas fuerzas antinacionales que actúan como sus agentes locales oficiosos. Lo cierto es que no hubiera existido una prórroga de plazos por la emergencia agropecuaria sin la agresiva insistencia del BROU.
Como si fuera poco, el FMI advierte también en su informe que “a fin de reducir las vulnerabilidades financieras, los bancos estatales deberían estar sujetos a los mismos mecanismos de resolución y reglas de gobernanza que los bancos privados”. Este sería el colmo del riesgo moral, ese concepto que tanto atrae a las autoridades del BCU. Mientras los representantes de la banca privada exacerban un conflicto que afecta asimétricamente a la banca pública, el FMI recae en viejas reivindicaciones pendientes desde la crisis del 2002, cuando la ciudadanía votó con su confianza a favor de la banca pública.
Esto es algo que tiene atragantado no solo al FMI, sino a algunos actores que hasta el día de hoy se atreven a criticar en voz baja a Alejandro Atchugarry, justamente por haber logrado un equilibrio de economía política que permitiría a nuestro país emerger de una profunda crisis bancaria. Estos actores, que hoy ocupan lugares destacados en la gestión económica, critican al exministro de economía por haber logrado acordar con AEBU una salida decorosa a un problema que arriesgaba con sumergir en la pobreza a gran parte de la población.
A poco más de veinte años de esos hechos, valga un reconocimiento a esos hombres que supieron hacer a un lado sus intereses políticos de corto plazo para construir una salida posible para la crisis. Quizás sea esto lo que algunos personajes menores no perdonarán nunca a hombres de la talla de Atchugarry y Juan José Ramos, cuyo legado pesa sobre los hombros de una nueva generación de gobernantes y dirigentes.
¿Será que estaremos exagerando artificialmente el problema de la Caja Bancaria para beneficiar a aquellos intereses que quedaron defraudados en la resolución de la crisis del 2002?
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