Hace algunas semanas atrás escribí una carta elogiando la actuación humanitaria del gobierno por la asistencia brindada a los pasajeros y tripulantes del crucero Greg Mortimer. En este mundo plagado de egoísmos siempre nos pone orgullosos pertenecer a un país que no pierde su vocación solidaria.
Ahora se ha difundido una historia que, de ser cierta, resulta un tanto decepcionante sobre este buque, que deja mucho que desear en cuanto al proceder de ciertas empresas navieras dedicadas a los grandes cruceros alrededor del mundo.
Parece ser que se estaría ocultando tanto a los legítimos dueños como a la bandera de procedencia del mismo. Aparentemente la mayoría de estas empresas esconden su verdadera bandera, que no es la que dicen tener, y son registrados en países a los cuales se los conoce como paraísos fiscales. Uno de ellos, las Bahamas, el cual parece ser el país con más buques registrados y que es la bandera marítima real del Greg Mortimer, aunque éste y sus voceros periodísticos, insistían en proclamarlo australiano.
Cada barco debe registrarse en un país, que se conoce como Estado Bandera. Ese país tendrá jurisdicción sobre el buque y por lo tanto será responsable de inspeccionar y garantizar que es de segura navegación además de revisar las condiciones de trabajo de la tripulación.
Y esta jugada, si se puede llamar así, se hace para pagar menos impuestos ganando más beneficios. Además de las pocas exigencias y los bajos controles a la hora de registrar un barco incumpliendo así con las normas de seguridad, se le suma incluso a la hora de contratar mano de obra, el pago de salarios por debajo de lo estipulado en los convenios internacionales.
Volviendo al Greg Mortimer, algo que también se ha ocultado, es la presión ejercida sobre el médico del crucero por parte del principal empresario y otros miembros de la empresa para que éste mintiera en la declaración oficial realizadas al Estado uruguayo sobre las condiciones sanitarias en las que se encontraba el buque, para obtener el permiso de ingreso al puerto y que los pasajeros descendieran. Postura a la que el médico colombiano se negó decididamente indicando que su declaración reflejaba la realidad en la que se vivía en el barco. Actualmente el médico y otros tripulantes han contratado a un abogado marítimo a fin de iniciar acciones legales.
Una duda que surge de todo esto es que siendo el gobierno uruguayo puerto de atraque para este buque, debería haber iniciado investigaciones para que esta empresa fuera puesta en la mira por ciertas prácticas abusivas, y que por su actuar, puso en riesgo a nuestro país en plena emergencia sanitaria.
¿Justos por pecadores?
