La semana pasada Amazon anunció la compra de One Medical, una red de 182 consultorios médicos desperdigados por el territorio de los Estados Unidos. Para acceder a sus servicios, los clientes pagan una cuota de US$ 199 por año. La novedad de esta cadena de consultorios es que posee un sistema de teleconsulta, lo que permite consultar un médico de la misma forma que se compra un libro o se ordena una hamburguesa. Para Amazon, la salud se encuentra “bastante arriba de la lista de servicios que deben reinventarse”. Ergo, podemos anticipar que la estructura de atención de salud en Estados Unidos se encuentra próxima a ser uberizada e integrada a ese monopolio dirigido por Jeff Bezos, que va extendiendo sus tentáculos por todos los sectores de la economía mundial.
One Medical define su modelo de negocio como un proveedor de atención primaria por suscripción que se apoya en la tecnología para construir lo que denomina “una combinación perfecta de servicios de atención presencial, digital y virtual que resultan prácticos donde la gente trabaja, compra y vive”. Definido de esta manera, resulta difícil no percatarse de que este modelo no solo es incompatible con el modelo de atención del sistema mutual de salud uruguayo, sino que logra separar el aspecto comercial del social, de la misma manera que Amazon logró eliminar la experiencia social de la librería de la mera transacción comercial. Los que nos gusta explorar libros extrañamos la experiencia de la librería, pero podemos sobrevivir sin ella. En cambio, resulta difícil imaginar cómo una plataforma y una boca de ventas puede sustituir esa experiencia social de acudir a la mutualista a visitar al médico de cabecera, adquirir los medicamentos y de paso, tener oportunidad de interactuar con gente que pasa por experiencias similares y tiende a buscar contención en la experiencia compartida y el sentido de pertenencia a un cuerpo social.
Es en función de lo anterior que corresponde analizar el artículo 267 de la Rendición de Cuentas, que modifica el Decreto-Ley No. 15.703 de 1985, sustituyendo los anteriores numerales 4 y 5 que restringían la instalación de farmacias a ciertos criterios territoriales y poblacionales, por un numeral 4 que establece que ahora las farmacias podrán desarrollar “aquellas actividades que, estando orientadas a garantizar la salud de la población, prevea la reglamentación y según corresponde, sean autorizadas o habilitadas por el Ministerio de Salud Pública”. En pocas palabras, autorización mediante, las farmacias podrían en principio desarrollar cualquier actividad, hasta potencialmente operar. Esto dejaría un poder en manos del Ministerio de Salud pública que ni el más ambicioso de los borbones hubiera soñado.
El resultado inmediato es esperable: las ciudades quedarán tapizadas con un oligopolio de farmacias que con el tiempo irán ofreciendo cada vez más servicios, clavándole una nueva banderilla al sistema mutual de salud, que se agrega a las que viene sufriendo consecuencia de la “reforma Olesker”.
Debemos estar alertas a que, probablemente en forma inadvertida, el Estado no le esté poniendo alfombra roja a la formación de una nueva posición monopólica cuyo resultado más tangible sería la extracción de rentas por algún pingo tapado, de esos habituados a extraerle rentas al pueblo uruguayo. Todo infaltablemente embanderado de modernidad, tecnología y mejora en el servicio de salud. ¿No era que Uruguay tuvo la mejor atención de salud durante la pandemia? ¿El sistema mutual no tuvo nada que ver con esto? ¿Será que daremos bandera libre a su uberización?
Jaime Buchanan
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