La bancada de senadores del Frente Amplio pidió ayer la interpelación de Luis A. Heber y Francisco Bustillo, ministros de Interior y Relaciones Exteriores, respectivamente. Esta tendrá lugar el próximo lunes y quedará a cargo del senador Mario Bergara. El motivo: la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo al que se lo vincula con el asesinato del fiscal paraguayo ocurrido en Colombia en mayo pasado.
Sin dudas que el episodio resulta confuso para un observador casual, como mucho de lo que ocurre en el mundo de los servicios de inteligencia. Visto desde ese punto de vista, la entrega del pasaporte puede haber sido un grave error, como también puede ser parte de una estrategia consciente y coordinada para que el pez chico conduzca a un pez más grande. En todo caso, daría la impresión que no son del tipo de cosas que haya que discutir en el Parlamento, al menos no en tiempo real. Algún escéptico incluso se permitiría dudar respecto al verdadero motivo, ya que puede argumentarse esto podría favorecer de algún modo a las redes criminales. En efecto, el sueño de cualquier red criminal es enterarse en vivo y en directo de las estrategias de las fuerzas del orden que intentan reprimirlas. Es canónico.
Canónico fue también lo ocurrido con Rocco Morabito, un contador de altísima jerarquía en la estructura de la mafia calabresa y al cual, durante su estadía en la Cárcel Central, solo le faltó anotarse en un campeonato de tenis. Los uruguayos quedamos mesmerizados con el episodio de su espectacular fuga, pero prestamos poca atención al porqué de su presencia en Uruguay. ¿Por qué “el” contador de la principal organización de narcotraficantes italiana había elegido nuestro país?; ¿al “Uruguay transparente” de la OCDE y de la bancarización obligatoria?
Quizás la respuesta canónica a este enigma lo tenga el propio miembro interpelante, uno de los principales artífices de la política financiera de nuestro país durante los quince años de gobierno del Frente Amplio. Son políticas que resultaron en severas sanciones a instituciones que hasta el día de hoy son impedidas de operar normalmente con el mundo financiero. Operaciones supuestamente orquestadas por el propio supervisor que permitieron circundar estas sanciones y que hoy se exponen a altos jerarcas del BCU ante la justicia. Proliferación en la circulación de millonarias cifras de dólares en efectivo, en un país que en apariencia lo desestimulaba. Inspecciones oculares a los contenedores del puerto en lugar de scanners, el último de los cuales había perecido ahogado en la bahía. Todo muy canónico.
En fin, probablemente el ministro Heber tenga una oportunidad única de entender, de boca misma del expresidente del BCU, cuáles fueron exactamente las medidas adoptadas por nuestro país que atrajeron a los Morabitos y a los González Valencia a residir aquí. Resulta canónico observar que los Marset son meros peones de una organización mucho más grande y compleja, y que en algún momento vio en nuestro país terreno fértil para desarrollar sus actividades.
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