Con frecuencia, los orientales tendemos a pensar que nuestro sistema democrático es insuperable e indiscutible. ¿Es así? ¿Ha habido democracias mejores que la nuestra? ¿Es posible mejorarla? Procuraremos, una vez más, mirar atrás para cuestionarnos el presente. Y eventualmente, mejorar el futuro.
En el año 711, los moros invadieron España por el sur. En 722, Don Pelayo frenó su avance en Covadonga, al norte de la península. Allí empezó la reconquista de los territorios perdidos. Entre el norte y el sur, quedó una franja de territorio casi desierto, donde los moros se dedicaron a saquear a los escasos pobladores que quedaban. Urgía repoblar.
¿Qué hicieron los reyes del momento? Ofrecieron tierras y privilegios a los segundones de familias nobles. Si estos tenían la fortuna de triunfar en los enfrentamientos con los moros, se podían adueñar de los territorios conquistados. En ellos, concedían tierras a los agricultores, hombres libres, que gozaban de importantes privilegios, aunque ocasionalmente tenían que apoyar a su señor en sus enfrentamientos contra los moros. Así se fueron fundando ciudades, cada vez más al sur, durante 770 años.
El gobierno de las nuevas ciudades estaba a cargo de un cabildo que gozaba de gran autonomía y negociaba acuerdos con el rey que se denominaban “fueros”. Estos fueros establecían cuáles eran los deberes y derechos de las partes. Los cabildos eran gobernados por ciudadanos libres que podían ser electores y elegidos.
El gobierno de los reyes estaba limitado por la Iglesia, que podía imponer graves penas al monarca si no se mostraba digno de su cargo; y por las Cortes, órgano representativo de la nobleza, el clero y la burguesía. Las Cortes autorizaban al rey a poner impuestos o hacer levas. También intervenían cuando se complicaba la sucesión del rey. Cada representante iba a las Cortes con un mandato imperativo de su cabildo y al llegar debía leerlo: no iba a dar su propia opinión, sino a defender el pensar y el sentir del cabildo de su pueblo.
Tanto los representantes de los cabildos, a su regreso de las Cortes, como los virreyes y gobernadores al final de su mandato, debían someter su actuación a los “juicios de residencia” donde los perjudicados por su administración podían hacer sus descargos, a veces con consecuencias graves para los gobernantes. Este sistema se trasladó a América y subsistió hasta que llegaron los Borbones con su absolutismo monárquico. Tras la Revolución Francesa, en lugar de volver a un sistema auténticamente representativo, se creó un sistema donde la participación ciudadana prácticamente se limita a elegir a los gobernantes cada cierto tiempo, pero sin facilitar –en la práctica– su participación directa en el ámbito local, regional o nacional.
Al contemplar las instituciones que hicieron grande a España, uno se pregunta: ¿por qué los alcaldes de los municipios en Uruguay no pueden gozar de una auténtica autonomía presupuestal, independiente de las intendencias municipales? ¿No podrían hacer muchas más cosas los municipios, si fueran más independientes?
Además, ¿no sería mejor poder elegir los candidatos a ediles y diputados que uno prefiere dentro de una lista de candidatos posibles, en lugar de seguir con las famosas “listas sábana”? ¿No sería mejor un sistema donde los representantes del pueblo estén obligados a defender con mayor fidelidad los mandatos o intereses de sus electores?
Por último, ¿no se podría establecer una institución parecida a la de los juicios de residencia, donde los gobernantes deban rendir cuentas de sus acciones al pueblo? Se nos dirá que el juicio ya lo ejerce el pueblo cuando renueva o retira la confianza en un legislador determinado. Pero… ¿no agregaría transparencia a nuestra democracia un sistema que obligara a gobernantes y legisladores a hacerse cargo de su gestión al final de su mandato?
Son preguntas que nos hacemos como ciudadanos, pues observamos que al menos parte de las decisiones del gobierno y del Parlamento (promover la Agenda 2030, aceptar alegremente lo que dice la ONU, etc.), no representa ni el sentir ni los intereses de buena parte del pueblo llano. De democracia, de participación, de igualdad y de derechos se habla mucho; pero lo cierto es que los ciudadanos de a pie muy raramente podemos participar en decisiones que los gobernantes toman sobre asuntos que nos atañen directamente.
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