Estaba escrito en la pared. Apenas pasaron unos días de la confirmación del Dr. Lacalle Pou como presidente, para que las calificadoras empezaran a ejercer presión sobre la delicada situación fiscal. Quizás habiendo sido tan pacientes con el gobierno anterior, se podría haber esperado un poco más de paciencia con el gobierno entrante.
Fitch Ratings, una de las calificadoras más relevantes para Uruguay, escribió el lunes pasado que la tradicional estabilidad política del Uruguay ha ayudado a evitar cambios dramáticos en las políticas en el pasado, pero por sí sola no garantiza que se tomen las acciones políticas necesarias para cambiar el rumbo fiscal. Fitch habla de “apatía para hacer reformas” y “erosión en la credibilidad”. Son severas afirmaciones para referirse a un sistema político que auto-festeja su institucionalidad y una madurez que también puede confundirse con anquilosamiento.
En su análisis político, Fitch compra la versión para microondas preparada por los “expertos” locales. En lugar de enfatizar que una coalición de partidos firmó un documento en el que se compromete a realizar las reformas que tanto reclaman las calificadoras, Fitch pone la mira en Cabildo Abierto como fuente potencial de fricciones.
El relato del miedo creado por el gobierno actual pareciera entonces convertirse en una profecía autocumplida, que nos recuerda a Chaplin en “El Pibe”
La agencia calificadora también cuestiona los planes del nuevo gobierno de bajar las tarifas públicas, dada la presión adicional que esto produciría sobre las cuentas fiscales, estimando que se debería hacer un ajuste fiscal de 2,5% del PBI para poner la deuda en una trayectoria sostenible.
¿Qué significa todo esto? En términos sencillos, que las decisiones de política económica las van a tomar de aquí en más las agencias calificadoras internacionales. Si aún existían dudas sobre la precariedad fiscal en que las autoridades económicas dejaron al país, esto es prueba irrefutable de ello.
No hay que olvidar que las agencias calificadoras no son organismos internacionales con un dejo de neutralidad, tampoco son ONG. Representan los intereses de los acreedores internacionales, que no necesariamente están alineados con los de nuestro país. Fitch nos reclama un ajuste fiscal en un contexto de estancamiento, donde ella misma reconoce que el crecimiento actual es de alguna manera artificial y que se explica enteramente por el rubro telecomunicaciones (mensajes de whatsapp). Sin la posibilidad de hacer política monetaria, una política fiscal restrictiva a la que se agrega una suba de tarifas nos puede llevar a un fracaso. Todavía tenemos fresco el desenlace del gobierno de Macri en Argentina.
El relato del miedo creado por el gobierno actual pareciera entonces convertirse en una profecía autocumplida, que nos recuerda a Chaplin en “El Pibe”. Es un juego en el que entran las calificadoras, no solo forzando a un ajuste fiscal, sino también incorporando el “discurso” de la supuesta volatilidad política de la coalición que se ha comprometido a formar el nuevo gobierno.
Las calificadoras representan los intereses de los acreedores internacionales, que no necesariamente están alineados con los de nuestro país.
Lamentablemente, situaciones como esta le dan la razón al premio Nobel en economía Joseph Stiglitz, un gran crítico de los programas de ajuste procíclicos que son impuestos a los países emergentes. “Bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía”, escribió el lúcido economista norteamericano en una columna de los últimos días de Project Syndicate.
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