El sistema de salud viene respondiendo muy bien al desafío presentado por la pandemia. Autoridades de la Salud, administradores de centros de salud, médicos, enfermeros y el resto de los funcionarios se esfuerzan día a día para proteger a los uruguayos del covid-19. La pandemia ha permitido mostrar la mejor cara del sistema de salud, ofreciendo en el proceso a Uruguay una oportunidad de destacarse en la región y el mundo como un país que encara la salud con la responsabilidad que el problema merece.
Mientras tanto, empiezan a surgir señales de alerta sobre la solidez económica y financiera del propio sistema de salud. Este tema estuvo presente el jueves pasado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la cual participó una delegación del Ministerio de Salud Pública liderada por el ministro Salinas.
Durante la sesión, el senador Guido Manini Ríos es interesó por el estado del sistema mutual y de los prestadores en general, preguntando sobre su salud financiera y preocupado por cualquier debilidad que ello pudiera significar a futuro. La respuesta del presidente de la Junasa no se dejó esperar y explicó que el sector mutual constituye, a su criterio, el “eje del sistema” sobre el que recae la atención de más de dos millones de ciudadanos, evidenciando además “un nivel de aceptación muy importante por parte de la población”.
A pesar de ello, el jerarca alertó acerca de la preocupación que existe en el MSP por la situación de “tres o cuatro instituciones” que nuclean aproximadamente a 500.000 socios y que “reúnen una infraestructura muy importante que el sistema de salud del Uruguay no puede dejar de tener en funcionamiento”. Según informó la Junasa, estas instituciones vendrían acumulando niveles de endeudamiento que parecen insostenibles en el mediano plazo. Esto explicaría la propuesta incluida en la ley de presupuesto, de establecer un límite de endeudamiento que restrinja la posibilidad de que las mutualistas accedan a nuevos préstamos en caso de superar dicho tope.
Desde la reforma al sistema de salud aprobada por el Frente Amplio, los ingresos del sistema mutual pasaron a ser en gran medida dependientes de los fondos aportados por el Fonasa, fondo que a su vez se alimenta con los aportes de los ciudadanos. Si se analizan aspectos neurálgicos de la reforma, el sistema mutual pasó a ser privado solo de nombre. Con sus ingresos mayormente controlados por el Estado, con restricciones y regulaciones en su operación y con costos de personal inflexibles, son pocas las variables que pueden controlar los administradores de las mutualistas para reducir las pérdidas.
De la información presentada por el MSP en el Senado se desprende que esta situación merece mucha atención, sobre todo cuando afecta instituciones que cubren a medio millón de personas. Evidentemente las mutualistas sufren un problema de rentabilidad, lo cual redunda en la necesidad de endeudarse para financiar las pérdidas. Esta no sería una situación muy diferente a la que aqueja a vastos sectores del sector servicios como consecuencia de la pandemia.
Sin embargo, parecería ser que, en el caso del sistema mutual, esta situación precede a la pandemia, aunque seguramente se haya visto agravado como consecuencia de la complejidad que implica hacer frente la emergencia sanitaria.
Si efectivamente el desequilibrio económico tuviera causas estructurales, resultaría difícil que el mismo se pudiera resolver con la imposición de límites al endeudamiento de las entidades. Sería como restringir al MEF la posibilidad de endeudarse en el exterior como solución al problema del déficit fiscal. Seguramente las autoridades han estudiado la situación cuidadosamente y tienen una estrategia para resolver este importante tema, pero convendría no agregar a la incertidumbre que ya de por sí provoca la pandemia.
El Sistema Nacional Integrado de Salud promovido por el Frente Amplio deja muchas interrogantes, y a la luz de los resultados parecería haber favorecido a los intermediarios de salud privados en detrimento de los prestadores mutuales, pilar fundamental de la atención de salud en Uruguay. Esto contrasta con los objetivos declarados de la “reforma Olesker”, aunque no se trataría del primer caso de una reforma que pretendidamente a favor de los más postergados, termina favoreciendo a intereses particulares, como es claramente el caso de la mal llamada Ley de Inclusión Financiera.
Daría la impresión que es del mejor interés de la coalición de gobierno hacer un estado de situación lo más completo posible que permita hacer un corte sobre la situación, y poder determinar dónde se origina el problema de fondo, el cual no se va a resolver imponiéndole aún más rigideces a un sistema ya altamente regulado.
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