Al término de una anterior columna nos comprometimos, luego de referenciar la coyuntura negativa y las tendencias críticas que caracterizan la situación del Agro y la Agroindustria en nuestro país, a proponer alternativas de esperanza, confianza y generación de fuentes de trabajo en el sector, a partir de políticas y acciones concretas y creíbles como las que compartimos en las siguientes líneas.
Comencemos por destacar los valores y principios sobre los que proponemos basar un nuevo modelo socio-económico que sustituya al vigente, culpable de la situación preocupante en la que nos encontramos. A partir de la irrenunciable libertad individual y la solidaridad con el colectivo, a un Estado activo y no prescindente le incumbirá el establecimiento de estímulos al crecimiento y la generación de fuentes de empleo por parte del sector privado, en un marco de estabilidad y seguridad física y jurídica, asumiendo a la actividad empresarial como el principal motor y al trabajo como la única vía digna para una progresiva y sustentable equidad y desarrollo social.
La relevancia en las exportaciones del país de los productos de origen agropecuarios y el endeudamiento que refleja el sector, explican nuestra focalización en la búsqueda de una mayor productividad y competitividad internacional, a las que contribuirán la presencia de innovadores mecanismos de financiación, una flexibilización del mercado de trabajo y la reducción de la carga fiscal y demás costos transaccionales. No menor será el aporte de una adecuada infraestructura y el fomento a la incorporación de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en el marco de una apertura comercial impulsada por la sinergia que debe producirse entre el sector público y el sector privado.
Si bien las acciones de fomento a la producción nacional comienzan con la reducción gradual del costo-país, especialmente de la energía, el transporte y la tributación, una política cambiaria no condicionada por objetivos coyunturales de otras políticas económicas concluirá imprescindiblemente en un tipo de cambio real adecuado al fomento de las exportaciones, orientado a promover una Cuenta Corriente de saldo positivo.
Una política de libre fijación de precios de productos y servicios transables, ajustados por la propia competencia regional e internacional, corresponderá ser complementada por controles oficiales sobre potenciales excesos en el mercado doméstico, en particular de productos y servicios no transables.
A todo lo procedentemente expuesto se sumará un mercado de trabajo caracterizado por la negociación de los salarios de acuerdo a la productividad de la mano de obra, con Consejos de Salarios integrados y actuando según las pautas recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A su tiempo, acciones de efectos esperables en el mediano y largo plazo, como la transformación productiva y la recuperación de la competitividad empresarial, deberán ser complementadas por medidas inmediatas de impulso a la gestión de subsectores como el lácteo, el arrocero, el granjero, el citrícola y la apicultura, revirtiendo desarrollos negativos y apoyando al empresariado privado en la recuperación de impagos internacionales, con soluciones viables para el endeudamiento crítico que oportunamente hemos comentado.
A nivel empresarial, el reconocimiento de la importancia de las PyMEs conlleva a la necesidad de recomendar incentivos fiscales para estas entidades, en particular en sectores que generen fuentes de trabajo e incorporen nuevas tecnologías, prioritariamente en aquellos competitivos a nivel internacional, otorgando facilidades similares a las establecidas en la Ley de Inversiones y Promoción Industrial (Ley 16.906 y Decreto 143/018) y a lo concedido recientemente a macro proyectos forestales, evitando la excesiva concentración del esfuerzo del Estado y perfeccionando su efectividad a nivel del territorio nacional.
Un cambio como el que proponemos requerirá también de la formación de Clusters de Conocimiento y Experiencias Agroalimentarias entre universidades, centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario doméstico e internacional, buscando perfeccionar la investigación, información y transferencia de conocimiento, en el marco de una gradual reestructura de la dinámica productiva sectorial.
Esta transformación productiva, instrumentalmente deberá orientarse a la expansión de aquellos subsectores con mayor dinamismo y competitividad internacional en la utilización de las hectáreas explotables que el país dispone, impulsando el crecimiento de la producción lechera, la granja y el arroz, sin perjuicio de incentivos para el logro de una mayor productividad en el sector pecuario nacional, con medidas tendientes a recomponer el stock ovino, así como a la búsqueda de mercados que valoren y diferencien por calidad nuestros productos cárnicos.
Finalmente, cerrando esta columna, consideramos necesario sugerir la generalización de fondos de reserva y estabilización que compensen o atenúen los impactos de la volatilidad de precios de nuestros commodities en los mercados internacionales, instrumentados por medio de las asociaciones gremiales y del sistema financiero, así como el perfeccionamiento de políticas sociales y mecanismos financieros que favorezcan la sucesión generacional y la radicación en el medio rural.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, máster en Administración Pública y Macroeconomía en Harvard.
El país y el agro reclaman un cambio
