“El problema que tenemos, políticamente, es que hemos sido capaces de dejar en nuestros conciudadanos la sensación de que existía un país legal y un país real. Y que mientras nos ocupábamos del país legal –yo en primer lugar–, el país real no se movía”.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, refiriéndose a la situación de inseguridad en su país en febrero del año pasado.
La reflexión del presidente francés resuena con una situación que percibimos desde hace años los ciudadanos de nuestro país. Escuchamos hablar de inclusión financiera y bancarización como si hubiera sido nuestro ingreso en la modernidad, pero al mismo tiempo observamos todos los días cómo choferes de ómnibus de localidades alejadas del interior recogen las tarjetas –y sus claves- de la población para aventurarse al cajero automático más cercano y hacerles el retiro. Supuestamente tenemos a todo el país cableado con fibra óptica, pero resulta casi imposible que funcione un celular en la ruta entre Minas y Melo. Y así se pueden mencionar varios ejemplos más donde la realidad según los informes oficiales, el amplísimo marco normativo y la múltiple folletería en que derrocharon los fondos del Estado, se distancia ampliamente de la realidad vista desde el llano.
Cuando existen este tipo de divergencias, los gobernantes se enfrentan a la disyuntiva de si actuar en función de lo que les informa la burocracia estatal, o hacer caso a la intuición y las observaciones directas. En momentos de estabilidad económica y social, el error tiende a corregirse en las próximas elecciones ya que la ciudadanía, tarde o temprano, penaliza a los gobernantes que percibe como alejados de su realidad. Esto es lo que ocurrió con el gobierno del Frente Amplio en la última elección, cuando ya resultó evidente para la ciudadanía que la realidad distaba del mensaje que se le pretendía impregnar desde la maquinaria estatal. Fue este error el que colocó a la coalición republicana en el gobierno.
Desafortunadamente, el gobierno actual no cuenta con los mismos grados de libertad. Heredó una situación fiscal muy comprometida, una economía con serios problemas de competitividad y una situación social difícil de compatibilizar con una explosión en el gasto estatal, cuya incidencia en el PBI aumentó en un cincuenta por ciento. A esto se agregó la pandemia, que pasó a ser la prioridad principal a solo días de asumir el nuevo gobierno.
Esta disonancia entre la realidad y la legalidad se hace especialmente presente en estos días en que el país se debate nuevamente entre priorizar la economía o la salud de la población. La situación no tendría por qué haber llegado a este extremo. El país cuenta con instrumentos legales que le hubieran permitido mantener la propagación del virus bajo control sin necesidad de afectar mayormente la economía. Pero su aplicación hubiera requerido una intervención de la policía y la prefectura que podría haber generado situaciones indeseables, sobre todo cuando existen elementos que alimentan la grieta entre los uruguayos y que no queda más remedio que sospechar que puedan querer provocar una reacción conveniente para sus objetivos. ¿El foco de vuelta? Parecería que una parte importante de la ciudadanía estaría de acuerdo con medidas más firmes para evitar aglomeraciones y otras actividades que arriesguen la salud de la población. ¿Pero qué dirían si estas intervenciones condujeran a disturbios o alguien resultara herido o muerto? Sin dudas este dilema es el que tienen muy presente las fuerzas de seguridad pública y el Ministerio del Interior.
Claramente, será necesario implementar nuevas medidas restrictivas. La pérdida de grados de libertad implica que en las condiciones actuales, este nuevo conjunto de medidas afectará directamente a la economía. Arbitrar este equilibrio entre economía y salud será cada vez más difícil, ya que conlleva una inevitable disputa entre el poder económico y el poder político.
Pero el poder del Estado es esencialmente político. Sus medios de coacción son esencialmente políticos, y goza del monopolio en su utilización. La situación se vuelve más compleja cuando el Estado utiliza medios económicos de coacción con fines políticos, ya que entra en un campo de acción donde existen múltiples centros de decisión y actores. Lo mismo ocurre cuando toma decisiones políticas que tienen impactos diferenciales en los varios sectores de actividad económica. La multiplicidad de actores convierte la toma de decisiones en un ejercicio complejo para cualquier gobernante. Las condiciones actuales tensionan a un sistema político que se encuentra ante un hecho muy infrecuente, un verdadero cisne negro –no de esos con lo que nos aburren los economistas académicos–. Estamos viviendo un evento sanitario y social no experimentado por el mundo hace más de un siglo y que ha provocado la peor crisis económica desde la Gran Depresión de la década del ´30. Más razón para sentar a la oposición en una mesa y forzarla a un diálogo genuino, responsable y que quede documentado para la posteridad.
El llamado de La Mañana a convocar el Consejo de Economía Nacional responde a la necesidad de dotar al poder político de un ámbito de concertación válido que permita al Estado arbitrar en un marco formal –y constitucional– los múltiples intereses económicos, sociales y sanitarios que se contraponen en esta difícil etapa en la historia nacional. Visto de otra manera, sería una forma de acercar el país legal al país real.
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