Antes de decidir el voto por el candidato a presidente, vale la pena detenerse a pensar en la forma en que el Frente Amplio dispuso de los dineros públicos. Cada uno de los gobernantes frenteamplistas, en el largo período de 15 años, se encargó de dilapidar los recursos del pueblo a su manera.
Nadie puede asegurar que no harán lo mismo. Con el inmenso botín que en el Estado dejaron los muy altos precios de nuestros productos de exportación, durante una bonanza irrepetible, se encargaron de despilfarrar esos beneficios de alrededor de 2500 millones de dólares.
Raúl Sendic dejó a la Ancap fundida al punto de tener que capitalizarla por 500 millones de dólares y resultó procesado por la Justicia. Danilo Astori trajo a Matías Campiani y le salió de garantía para la compra de los aviones para Ledgate, que pagó el país por más de 120 millones de dólares; se fundió Pluna, Campiani fue preso por estafador y fueron procesados y condenados el ministro de Economía Cdor. Fernando Lorenzo y el presidente del BROU Fernando Calloia.
José Mujica hizo las peores inversiones, que le costaron al país sumas millonarias como la regasficadora, Aratirí, el puerto de Aguas Profundas Envidrio, los oscuros negocios con Venezuela, el perdón de la deuda cubana y las velitas al socialismo, entre otros antojos voluntaristas, dilapidando el dinero del pueblo que tanto dice defender y logrando entre otras consecuencias el enjuiciamiento de su apadrinado Daniel Placeres. Ahora, a pocos días de la elección del nuevo presidente, este despilfarrador de los dineros públicos, con todo descaro miente al decir que “durante 40 meses estuvieron los salarios y las jubilaciones congelados”. Le contestó indignado el exministro Mieres y dejó en evidencia la falsedad.
Tabaré Vázquez le hizo el favor de una compra directa a su millonario amigo Carlos Bustin de un avión por el que le pagó un millón de dólares, al que con el mentiroso propósito de un “multipropósito” se le hicieron algunas costosas reformas y se terminó vendiendo en la irrisoria suma de doscientos ochenta mil dólares. Todo con la plata ajena, por supuesto.
Los homenajes para celebrar obras fallidas se festejaban con grandes banquetes como el de la regasificadora o el del Tren de los Pueblos Libres, que entre los dos insumieron unos 600 mil dólares, celebrados al mejor estilo de un jeque árabe, y cuyo costo demuestra el tamaño de las “mordida” que nunca nadie investigó, a pesar de una seria denuncia de Pedro Bordaberry en el Senado.
A esos temas puntuales se agrega la voracidad impositiva de Astori, que en lugar de gravar la riqueza reintrodujo el impuesto al trabajo con el IRPF creado por la Ley 18.083 del año 2007, que dice en su art. 2 literal C que se gravan: “Las rentas del trabajo dentro o fuera de la relación de dependencia”.
Para que ningún trabajador se escapara después de su vida útil, por la Ley 18.314 del 4 de julio de 2008 se crea el IASS o sea el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, contraviniendo el texto constitucional, pues configura una duplicación de la tributación a los jubilados. Luego el ajuste al IRAE, para hacerlo compatible con los anteriores y cuando la Suprema Corte impide que se le aplique el IRPF a los pasivos inventa el IASS, duplicando la tributación a los jubilados, lo que es un abuso y un gravamen totalmente inconstitucional.
Pero el candidato frentista Yamandú Orsi no habla de bajar impuestos y su aumento viene implícito en los anuncios de su programa, de generosa proyección y total carencia de financiamiento. Veamos. Las Bases Programáticas del Frente Amplio (2025-2030) dicen: “La política tributaria tendrá como objetivos contribuir a un cambio estructural de la economía, acorde con los objetivos de desarrollo nacional y contribuir a una disminución sustancial de la desigualdad”.
Queda todo dicho en esa frase mal escrita que, no obstante, encierra un mensaje que no disimula la andanada de los nuevos impuestos o de los aumentos de las tasas que se avecina.
Por si fuera poco, el monto de 1500 millones que se llevan pagados a las víctimas del terrorismo de Estado incluye un ajuste de las sumas y un aumento de beneficiados que pudieren haber quedado afuera. Téngase en cuenta que con la Ley 18.033 (llamada “Del guerrillero”) y las posteriores, han llegado a más de diez mil los beneficiados. Nadie habla de que esas reparaciones se hicieron hereditarias por decreto, y por supuesto nunca quiso el frenteamplismo votar los resarcimientos para las víctimas del terrorismo de la guerrilla tupamara a los herederos de los que asesinaron, dejaron mutilados o fueron desaparecidos. Las mismas “bases programáticas” tienen previsto ajustar al alza esas reparaciones y proceder a la inclusión de todos aquellos que estando amparados a ese derecho todavía están pendientes de cobro.
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