Hemos leído que el plan político de la izquierda advierte a sus seguidores, que habrán de ser cuidadosos con la competencia interna de las candidaturas, para que eso no sea un obstáculo para la victoria.
Se equivocan señores autores del “plan político”, lo que es el verdadero obstáculo para su victoria es el archivo de los desastres de sus gobiernos, cuya gravedad desautoriza el olvido y nubla sus optimistas aspiraciones.
Deberían resignarse, bajar el falso empaque de sabihondos gobernantes, suspender las críticas y analizar los archivos de sus administraciones, que los dejan mal parados en todos los temas de gobierno a los hoy se oponen.
La suficiencia y la afectación doctoral, que mira con actitud de mentor o implacable pedagogo los proyectos de la Coalición Republicana, no son de recibo en quienes resultan vulnerables por su reciente historia.
No hay tema en el que su fresco pasado como gobernantes, haya dejado otra cosa que errores, abusos, nepotismo, corruptelas y un costo excesivo para las arcas del Estado.
A la vergüenza de los manejos con los alimentos para las ollas populares y las maniobras irregulares de la Corporación Solidaria encargada de distribuirlos, que han saltado en el MIDES, un área si las hay, de la mayor sensibilidad social, se agrega la retahíla interminable de conductas que merecen el más duro reproche de la gente a la que hoy mismo le piden clamorosamente su voto para volver al poder.
Ya se sabe que el año en curso, ha sido el de mayor conflictividad laboral de este período, con movilizaciones de todo tipo y color.
Ahora se agregan las recurrencias que se formulan contra los proyectos que pone en marcha la Coalición Republicana. La intendenta de Montevideo, que aún no ha salido del entuerto del Antel Arena, se ha presentado con los recursos de revocación y anulación contra la Resolución de la OSE aprobando el plan “Arazatí” para construir una nueva planta potabilizadora de agua. No sabemos si tiene legitimación para hacerlo, pero en cambio sabemos que su propósito es meramente obstruccionista, para una obra de incuestionable necesidad nacional.
Las críticas que se formulan a la seguridad, en las que ya se está anunciando una interpelación al Ministro Heber, olvidan que los territorios “liberados” de Montevideo, adonde primeramente no querían ir los taxis porque los asaltaban o apedreaban, luego los ómnibus del transporte colectivo, después las ambulancias y finalmente la policía que debía concurrir con varios móviles y debidamente pertrechada, ante la certeza de las agresiones, fueron en la época de Bonomi cuyo descomunal fracaso trajo estos lodos.
De todos los legados que han dejado los gobiernos frenteamplistas, uno de los más pesados es el decaecimiento institucional operado en su muy visible pretensión de politizar el sistema judicial. Comenzando por la Fiscalía de Corte, sabemos que el Dr. Jorge Díaz, propuesto por el FA fue votado por la unanimidad del Senado al aprobar su venia. O sea que toda la oposición acompañó el candidato, aunque no integraba el Ministerio Público ni tampoco tenía méritos académicos de relevancia.
Pero Díaz politizó el cargo, flechando su accionar al servicio de su interés partidario y personal y logrando con la aprobación del pésimo Código del Proceso Penal, convertir a las Fiscalías en el eje dominante de todo el sistema judicial. Esta es la razón por la cual el Frente Amplio se niega a votar un nuevo Fiscal de Corte, cuya designación necesita mayorías especiales, pues perdería un valioso instrumento de poder.
Por lo cual, ya lo hemos dicho y seguiremos insistiendo, es urgente sustituir el actual Código Procesal Penal, que ha determinado el mayor desprestigio de la justicia, para cuya reforma no se necesitan mayorías especiales y la Coalición Republicana tiene los votos para hacerlo.
Así al menos, se eliminará la preponderancia absoluta que tienen los Fiscales en la actualidad, restituyendo la función al Juez como único director del proceso (“tertius inter pares”), como garantía de imparcialidad y conocimiento que el Estado tiene la responsabilidad de imponer, para la delicadísima y fundamental tarea de administrar la justicia nacional.
Lo que hoy resulta una omisión imperdonable.
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