La semana pasada, el relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, publicó junto a otros expertos de la ONU un informe en el que se advertía sobre la situación que está sufriendo la población de Uruguay, por el problema de la calidad del agua que brinda el servicio de OSE.
En el mismo documento, el organismo internacional instaba al gobierno uruguayo a “priorizar el uso de agua dulce para el consumo humano”, pero yendo todavía más lejos, acusaba de que en nuestro país se estaba desarrollando una privatización del agua de facto, en la medida de que para consumir agua potable había que comprar agua embotellada. Y concluyeron que “el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”, aunque no se aclaraba a qué industrias se refería específicamente.
Desde el primer momento, el Ejecutivo se defendió a capa y espada de lo que consideró y era un informe inconsistente, y desde Cancillería se aclaró que el agua de OSE no es potable, pero sí es bebible, lo que seguramente dejó perplejos o sin palabras al equipo de expertos.
Sin embargo, el domingo pasado, Pablo Ruiz Hiebra, Coordinador de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, dio marcha atrás, y se desmarcó de lo expresando en aquel informe, argumentando que quienes lo realizaron eran personas que trabajaban voluntariamente dentro de la organización pero que no eran funcionarios de esta, por lo que su investigación no tendría validez alguna. Y destacó, entonces, los esfuerzos que el Gobierno uruguayo está realizando para enfrentar este problema, manifestando que la ONU “ha venido monitoreando la situación y acompañando el trabajo de respuesta del Gobierno de Uruguay, en múltiples áreas como la salud de la población o los impactos potenciales en la infancia”.
Ahora bien, resulta paradójico que cuando los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech han criticado la injerencia de los organismos internacionales en nuestra política doméstica, han sido poco menos que tildados de irreverentes, pero cuando es el Ejecutivo el que se ve afectado por esas intromisiones, sobre todo en un momento complejo de su gobierno, las críticas o los informes negativos no son de recibo.
Con esto, no estamos diciendo que haya actuado mal, sino lo contrario, pero sería importante que el Ejecutivo tuviera la misma posición en otras situaciones similares a esta, como, por ejemplo, el año que viene, cuando la OMS culmine el proceso de discusión para aprobar un nuevo Reglamento Sanitario Internacional que cada país deberá decidir si lo va a firmar o no. Entre las nuevas enmiendas que pretenden introducirse, figura la posibilidad de que la OMS pueda, si a su director se le ocurre, decretar una “emergencia” o incluso una “emergencia intermedia”, limitando la circulación internacional o exigiendo determinadas vacunas o similares para poder viajar, sin atenuantes de acuerdos entre Estados (Extramuros 9-7-23).
El peligro de esta clase de reglamentos radica justamente en aquello que recalcaba el líder de Cabildo Abierto cuando expresaba en una audición del 20 de junio en Radio Oriental: “Estamos totalmente en contra de esa intromisión extranjera en nuestros asuntos, y pensamos que no es coherente hablar de artiguismo por un lado y acatar calladamente decisiones de organismos internacionales cuando esto no fue decidido por el pueblo uruguayo en su legítimo ejercicio de la soberanía”.
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