Desde hace varios días la formalización del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi ha sido la noticia más destacada del ámbito político. Más allá de la discusión sobre si hubo o no delito, lo que ha sorprendido es la reacción prácticamente generalizada de la dirigencia del Partido Nacional. Desde “La Fiscalía es una operadora política”, pasando por “La fiscal es anti-Partido Nacional”, hasta “Todos somos Besozzi”, hubo una clara reacción de denuncia hacia el sesgo político de lo actuado por Fiscalía.
Por otro lado, causan cierta gracia las respuestas que vienen desde la izquierda. Con un cinismo increíble el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira manifestó, muy suelto de cuerpo, que “es Narnia pensar que el FA domina la Fiscalía”. No sé si es Narnia, pero saber a quién responden ciertos fiscales en Uruguay no parece ser muy complicado. A veces basta con ir a sus redes…
No juzgamos al exintendente Besozzi. Es una persona muy apreciada en su departamento y seguramente recibirá la solidaridad de buena parte de la población sorianense. Pero es claro que si infringió la ley deberá asumir sus responsabilidades. Como también lo deberían hacer todos los jerarcas públicos que violen la normativa vigente, incluidos los restantes 18 intendentes, si correspondiera.
Más allá de las valoraciones que cada uno pueda hacer sobre el accionar de la Fiscalía en este caso, sobre todo de la oportunidad (momento) en que se actúa, convenientemente cercano a las elecciones departamentales en las que Besozzi es el claro favorito, llaman poderosamente la atención estas reacciones de parte de quienes, en mayor o menor medida, tienen responsabilidad directa en las irregularidades que denuncian en el accionar de la Fiscalía.
Durante varios años desde Cabildo Abierto hemos denunciado el sesgo político con el que actúa el sistema de Justicia, y desde los partidos tradicionales se prefirió ignorar nuestra voz y mirar para el costado, aún a sabiendas de que hay inocentes presos, víctimas de esa politización que hoy denuncian. No les importó la bochornosa actuación de Fiscalía en todo lo relacionado al llamado pasado reciente, aun después de tomar estado público el empleo de falsos testimonios en los procesos penales. Es claro que la Justicia ha actuado como operadora de venganza, aplicando un “derecho para el enemigo” y violando los principios elementales del derecho como la irretroactividad de la ley penal y los tiempos de prescripción, entre otros. Desde Cabildo Abierto hemos buscado cambiar esa lamentable realidad, mediante proyectos de ley que fueron intencionalmente ignorados por los mismos que hoy se rasgan las vestiduras porque acometen contra un correligionario.
En los casos de violencia de género, nadie puede ignorar las tremendas injusticias que se perpetran a diario, y sin embargo no hay quien se atreva a cambiar esta triste realidad, consecuencia de una ideología de género empleada como arma política. Al aplicarse la Ley 19.580 la parte denunciada es considerada culpable ante la mera denuncia, las pruebas que pueda aportar en su defensa no son tenidas en cuenta y, lo que es peor, se le priva del contacto con sus hijos, generando una situación familiar de difícil reversión que involucra además a abuelos y otros familiares. Quisimos cambiar esta realidad, modificando aspectos claramente inconstitucionales de la norma, y en marzo de 2024 presentamos un proyecto de ley que no quisieron tratar los representantes del resto del sistema político.
En abril de 2022 presentamos un proyecto de ley que tipificaba el delito de “prevaricato” para jueces y fiscales que intencionalmente actuaran para condenar a un inocente o absolver a un criminal. Fue llamativa la reacción del gremio de los fiscales, que puso el grito en el cielo e incluso acudió a un organismo internacional para que presionara para que no se tratara el proyecto. Cabe preguntarse a qué le temían. Pero más llamativo fue el silencio del sistema político, que no quiso malquistarse con los jueces y fiscales. Por las dudas…
Entonces, ¿recién ahora descubrimos que algo anda mal en nuestro sistema de justicia? Ojalá que una vez que se acallen los ecos de este episodio, el sistema político no vuelva a meter la cabeza bajo tierra para no enfrentar un problema que reviste extrema gravedad. Porque si no reaccionamos el problema de fondo seguirá existiendo, y muchos jueces y fiscales seguirán cometiendo prevaricato amparados en la miopía de quienes ven el problema solo cuando les afecta a ellos. Cuando la opinión pública percibe que según quien sea el acusado el proceso judicial variará sustancialmente, el desprestigio de la Justicia es inevitable, debilitando seriamente a uno de los pilares de la Democracia. Y eso a la larga se paga caro…
