Como era esperable, finalmente se corrió el telón de fondo y la realidad se impuso: el atraso cambiario es inocultable. Si el desenlace podía ya intuirse en 2020 cuando el BCU decidió cambiar sus objetivos de política monetaria, se volvió ineludible cuando este comenzó a subir las tasas de interés el año pasado.
La Mañana lo viene advirtiendo desde un principio. Como Casandra, fuimos por mucho tiempo una voz solitaria que, ante la complicidad de algunos y la indiferencia de otros, empezó a dar la señal de alerta ante el ostensible rebrote de la doctrina astoribergarista. De repente “desdolarización” pasó a ser más importante que “competitividad” y el espejismo de soñar con una “moneda de calidad” nos fue adentrando en el profundo atraso cambiario que nos aqueja hoy. Ni que hablar del altisonante bono verde, emitido en el peor momento de los mercados mundiales, y que implicó aumentar el costo de refinanciar la deuda externa, subordinando el discurso de la competitividad a los objetivos marcados por Davos. Y sin siquiera advertir que, para ese momento, los grandes compradores de bonos, como es el caso de Blackrock y Vanguard, ya estaban de vuelta de la tontería de los criterios ESG.
Una de las notables excepciones es la del Ec. Javier de Haedo quien, con la claridad que lo caracteriza, alertó desde un principio sobre los peligros de la política seguida por el BCU. En su última columna en El País habla de “atraso cambiario autoinfligido”, y no es para menos. Haciendo un poco de historia, esto comenzó cuando en agosto de 2020 el Comité de Coordinación Macroeconómica, integrado por el MEF y el BCU, decidió impregnarse con el elixir de la desdolarización, olvidando que en el pasado esa misma política le había costado al BCU más de US$ 5 mil millones, dejándolo con patrimonio negativo y requiriendo un silencioso rescate por parte del MEF, que debió solventar el balance emitiendo deuda pública. Para aquellos que creen que el costo del Estado son solo los sueldos de los funcionarios públicos, es importante marcar también los delirios de algunos “técnicos” que pueden ser aún más onerosos.
Es así que el equipo económico pensó que podía revertir una realidad económica que se había impuesto a lo largo de muchas décadas, escribiendo un “paper” y bajando el rango meta de inflación, cuando nunca habíamos podido cumplir con el anterior, más laxo aún. Para dar cumplimiento a la nueva política, el 3 de setiembre de 2020 el BCU convocó de forma extraordinaria su comité de política monetaria, instancia en la cual se resolvió adoptar la tasa de interés como instrumento de política monetaria; la misma quedaría fijada en 4.5%. Fue también en esta ocasión que se resolvió modificar –con vigencia a partir de setiembre de 2022–, el rango meta de inflación a 3%-6%, respecto al 3%-7% vigente en la época.
Con el nuevo martillo en su poder, el BCU arrancó rápidamente en la búsqueda de clavos. En efecto, en agosto de 2021 comenzó su carrera para subir las tasas de interés, llevándolas desde el 4.5% original al 11.25% actual. La inflación prácticamente no se movió, ya que evidentemente las presiones eran resultado del aumento en los precios reales de alimentos y energía a nivel mundial, y no de factores monetarios domésticos. Es así que a mediados de este año el BCU decidió volver al rango meta de inflación original.
La realidad es que para ese momento el resultado de la suba de tasas se había hecho ver en una caída en la cotización del dólar, a contramano de lo que ocurría a lo largo y ancho de todo el mundo. Efectivamente, el cambio de expectativas de rentabilidad de los activos en pesos produjo lo que era esperable: una fuerte caída del dólar que acumula 15% en el año. Si a eso se le agrega una inflación anual en el entorno del 8%, los costos en dólares aumentaron 23% en el año.
Ante esta realidad que hoy denuncian, entre otros, las gremiales agropecuarias y la Unión de Exportadores, el equipo económico argumenta que esto es resultado del aumento en las exportaciones; sin tener en cuenta que el saldo de cuenta corriente parecería indicar algo diferente. Lo cierto es que con su accionar, y a pesar de las advertencias, el BCU hizo todo para llegar a este escenario indeseable para la producción.
No debería sorprender a nadie –y menos a quienes fueron testigos en primera fila de las políticas astoribergaristas– que con esta política el BCU estaba recreando condiciones ideales para atraer a los especuladores del “carry-trade”. Porque la verdad es que mientras las exportaciones vienen cayendo en términos nominales en los últimos meses respecto al año anterior, cada vez se advierten más entradas de dólares de fondos del exterior.
Frente a este problema, la solución es imponer controles o desestímulos a la entrada de capitales especulativos. Esta es una medida incluso aceptada por el FMI y que Uruguay experimentó hace más o menos una década en un contexto similar. Podemos aceptar que una medida de este tipo resulte indeseable a una conducción económica adversa ideológicamente a las intervenciones. Pero lo que sí no se puede tolerar es que sea el propio Estado el que de alguna manera esté habilitando las avenidas de la especulación, facilitando el aterrizaje de estos capitales golondrinas en nuestro mercado de cambios y dinero.
Nos referimos a la advertencia efectuada días atrás por el Ec. Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, de que ANCAP habría comprado cientos de millones de dólares a futuro al banco estadounidense JP Morgan. Si esta información se confirma, se trataría de un desarrollo inquietante, ya que una empresa pública uruguaya estaría “circunvalando” a los mercados e instituciones financieras locales para hacer una transacción que es de naturaleza puramente doméstica. Facilitar la posibilidad a un banco del extranjero a que venda dólares no es ni más ni menos que echar gasolina al fuego del atraso cambiario. Y ni que hablar que pone en tela de juicio el compromiso del BCU como supervisor bancario y de mercados en transparentar el funcionamiento de los mercados de cambio y dinero; máxime cuando hay una empresa pública involucrada. Son muchas las interrogantes que se plantean en función de esta “novedosa” operativa, que saltea al BROU y a BEVSA. ¿Qué tal si al BROU se le ocurre comprar petróleo a futuro para luego vender a ANCAP? ¿O a OSE comprar electricidad a futuro en un mercado extranjero para cubrir sus consumos con UTE? ¿Es posible que esto le pase desapercibido a una OPP que parecería controlar hasta las bombitas de luz? ¿Será que Jamie Dimon se convertirá en nuestro virrey del siglo XXI?
Quizás de alguna manera estemos vislumbrando el funcionamiento de un Acuerdo Transpacífico, que más que un tratado de libre comercio se parece en muchos aspectos a un gran marco regulatorio destinado a sobrescribir las normas nacionales. Ello implicaría una gran amenaza al sistema financiero nacional y, con ello, a nuestros sectores productivos. Y de esto sí que el BCU debería estar preocupado, mucho más que correr detrás de objetivos irrealistas como la desdolarización o metas inalcanzables de inflación. La competitividad de nuestras empresas y la eficiencia y transparencia de nuestras instituciones gubernamentales debería ser la prioridad.
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