La historia no se repite, pero rima
Mark Twain
Un millón de uruguayos figuran como incumplidores en el Clearing de Informes. Una deuda bancaria de $ 27 000 puede transformarse al cabo de siete años en $ 1 361 000, según expresó la Dra. Dora Szafir a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado la semana pasada. Lamentablemente, la especialista no tuvo oportunidad de coincidir con la delegación del BCU, que ingresó después de su exposición. Hubiera constituido una gran oportunidad para cotejar información frente a los miembros de la comisión.
Si ese encuentro se hubiera producido, el BCU habría podido aclararle a la experta que una situación como la que describió no solo es posible, sino absolutamente legal. En efecto, hubiera bastado una tasa de interés de 100% para que se acumulara una deuda de tal dimensión. Pero aplicando la tasa de 150%, autorizada actualmente por el BCU, ese capital original se hubiera convertido como mínimo en $ 3 500 000. Y si agregáramos moras e intereses compensatorios, es muchísimo más. Toda una maravilla del interés compuesto, aplicado sobre uruguayos que por suerte todavía se consideran libres, a pesar de haber sido abandonados a la merced de los especuladores por parte de una élite seudoregulatoria más preocupada por proteger las rentas de sus regulados que por salvaguardar los supremos intereses de la Nación.
A veces daría la impresión que, lejos de intentar buscar soluciones para el problema, se esfuerzan por empujarnos hacia la pendiente trasandina. ¿O todavía creemos que el estallido social que tuvo lugar el 18 de octubre de 2019 en Chile fue únicamente resultado de la acción de un grupo reducido de agitadores? Afortunadamente, el millón de uruguayos expulsados financieramente todavía creen en el sistema. Pero si no hacemos algo rápida y contundentemente, nos estaremos rifando esta noble República construida con tanta sangre y esfuerzo. No podemos ignorar lo que viene ocurriendo con los países del Pacífico sudamericano, otrora considerados “modelos a imitar” por no pocos aduladores locales. En efecto, países como Chile y Perú eran considerados el paradigma del respeto a esa “reglas de juego”, definidas por esa selecta claque global sin rostro y sin Nación, pero con inconmensurable poder económico, político y mediático.
Resulta inverosímil que un país que hoy fantasea con las “finanzas sostenibles” advierta recién ahora el grave problema con el endeudamiento familiar. La verdad es que la situación es evidente desde hace bastante tiempo. Pero si en sus inicios atribuíamos sus causas a un astoribergarismo que fomentaba el atraso cambiario y el consumo como motores de la economía, hoy apreciamos con mayor nitidez que a estas políticas macro mal concebidas, se le fueron agregando regulaciones y prácticas a nivel micro que exacerbaron el problema.
Las políticas micro son reducto casi exclusivo del BCU, institución que en materia financiera y bancaria hace las veces de poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que en la práctica disfruta de una independencia que sería impensado para la Reserva Federal, la OCC o la SEC, instituciones que deben reportar regularmente al Senado de Estados Unidos. No deben pedir permiso para actuar, pero sí deben rendir cuentas de su actuación.
Es quizás consecuencia de esta exagerada independencia lo que explique que los directores no hayan prestado, hasta ahora, demasiada atención al problema del endeudamiento. Veamos el caso específico del cálculo de las tasas máximas de interés, que de acuerdo a la Ley No. 18.212 del 2007, no pueden superar en un 55% las tasas medias publicadas por el BCU. En los meses previos a la entrada en vigencia de dicha ley, la tasa media de interés para créditos a las familias se encontraba en el entorno del 40%. Quince años después, la tasa media para el segmento de créditos en efectivo ronda el 85%. Para llegar a la tasa de usura, hay que multiplicar esta última tasa por un factor de 1,55, de modo que hoy es absolutamente legal hacer préstamos a una familia a tasas hasta 132%.
¿Cuál es el shock monetario de los últimos quince años que justifique una duplicación de las tasas medias? La respuesta es que se produjo ninguno. La inflación se mantuvo estable y no superó el 10%. Las tasas de interés de referencia del mercado mayorista, salvo situaciones excepcionales, no excedieron 15%. ¿Cuál es entonces la explicación? La verdad es que la Ley del 2007 fragmentó el mercado de préstamos en varios casilleros, explicando el origen de ese cuadro ininteligible que el BCU publica regularmente en la prensa. ¿El efecto práctico? Se sacó al BROU del cálculo del promedio, por lo que, si el banco estatal presta al 30% en su línea de crédito social, esa tasa no afectará a la de créditos en efectivo sin descuento, el segmento más rentable para las financieras vinculadas a los bancos. De este modo el sistema se quedó sin “ancla”, por lo que basta que las financieras decidan aumentar las tasas para que aumente el promedio y con ello el tope máximo. Se trata de una de las grandes “creaciones” de los autores intelectuales y materiales de la “inclusión financiera”, que hoy sigue vigente gracias al respeto a esas “reglas de juego” que parecerían haber sido acordadas en el Concilio de Nicea.
Se trata de un negocio “entre privados”. Este es otro de los argumentos esgrimidos con frecuencia por los jerarcas en su intento por evitar que nada cambie.
Claramente nunca fueron sujetos de las llamadas de esos escritorios en que bancos y financieras tercerizan el cobro cuando el crédito se considera irrecuperable. ¿Puede imaginarse mayor asimetría de negociación que la que se plantea en estos casos?
El otro argumento habitual es que limitar la tasa de interés puede producir una inconveniente “restricción al crédito”. Habría que preguntar a las casas matrices de los bancos que operan en Uruguay si en sus países de origen se atreven a esgrimir el mismo argumento frente a sus propios reguladores.
¿Imaginan defender tasas de 150% frente al Senado de un país desarrollado? En todo caso, ¿cuál sería la pérdida de bienestar para una sociedad que no permite a su población endeudarse a tasas que garantizan su ruina económica? A las cosas, BCU…
Lo absolutamente cierto es que, habiendo transcurrido veinte años desde la última crisis, hoy nos enfrentamos a un BCU que exhibe algunos rasgos preocupantes. Quizás llegó el momento de examinar con mayor detenimiento la propia gobernanza de una institución no exenta del problema de las puertas giratorias, que la deja sujeta al problema del regulador capturado por el regulado. Hablamos de un BCU que en los últimos años ha perdido más de US$ 5 mil millones como resultado de operaciones monetarias y cambiarias muy cuestionadas, y que dejaron como resultado un opaco balance del que no se desprende claramente el verdadero grado de capitalización. ¿Será que el BCU no cumple con los mismos criterios prudenciales que este mismo exige a sus supervisados?
Quizás le sentaría bien al BCU un ejercicio introspectivo de humildad. Si tenemos realmente interés en resolver el tema del endeudamiento, no se puede seguir mareando la gata.
Para salir de este círculo vicioso, sería recomendable que los legisladores contaran con un asesoramiento verdaderamente independiente y con genuina voluntad de enfrentar a una burocracia que está muy lejos de ser la dueña de la verdad.
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