Dice el doctor Juan Rodríguez Puppo, distinguido letrado y riguroso panelista, en informaciones de cuya seriedad no tenemos la menor duda, que estudiando los rubros de los gastos de la construcción del Antel Arena se encontró con sorpresas inadmisibles. Comienza diciendo que el 88 por ciento de las compras se hicieron por contratación directa o mediante la arbitraria elección de dos o tres proveedores, para elegir luego uno entre aquellos que se habían digitado.
Expresa su sorpresa, que compartimos, de que una canchita de baby futbol haya costado dos millones de dólares.
Igualmente denuncia el costo (¿o sobrecosto?) de seiscientos mil dólares por una cocina y siete millones setecientos mil dólares gastados (o mejor, malgastados) en asesoramientos técnicos, cifra descomunal, decimos nosotros, que podría encubrir cualquier propósito, desde una prebenda otorgada a una firma amiga hasta la generosidad exagerada con los dineros públicos que todo gobernante debería cuidar.
Siguiendo “ítem por ítem”, como expresaba el mencionado letrado, en una secuela de precios propia del presupuesto de un jeque árabe, se gastaron tres millones de dólares en audios y seis millones de dólares en instalaciones térmicas.
Al parecer la fiscalía que trató el asunto no encontró abuso de funciones ni otro delito, y justificó la quiebra del principio constitucional de “especialidad” (el artículo 190 dice: “Los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”), violado en forma notoria por un ente industrial y comercial, en las razones expuestas por los informes jurídicos solicitados y pagados a estudios especializados en derecho administrativo, lo que le alcanza para sostener que el tema es discutible a nivel del derecho público, a pesar de ser rotundamente clara la disposición constitucional.
Aunque se trate de un organismo que tiene competencia en nuestro medio, nada autoriza a desconocer una muy clara normativa de la más alta jerarquía, como lo es nuestra Carta Magna, con base en una simple opinión de una consulta rentada, sea quien sea el autor. Pues impone la norma en lectura escolar, que el ente Antel no puede “disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales” y ni la opinión del más pintado puede convencer a alguien que los millonarios gastos de la construcción de una obra faraónica, cuyo funcionamiento solo arroja pérdidas, sea un cometido expreso o siquiera implícito en las funciones asignadas a su giro.
Como se observará, el criterio del señor fiscal absolvente en materia de los gastos de los entes públicos es de una extraordinaria “manga ancha”, de muy clara incompatibilidad con la prohibición constitucional y nada aconsejable en una administración sensata y razonable.
Todo lo precedente, expuesto con claridad por el doctor Rodríguez Puppo merece amplia divulgación y a la vez permite recodar otros episodios y hacer muy válidas comparaciones.
Los errores de gestión de los quince años de gobiernos frentistas no pueden olvidarse bajo pena de que vuelvan a repetirse. Comencemos por el entusiasmo de Tabaré Vázquez y José Mujica en venderle nuestros productos a Cuba y a Venezuela: el resultado fue que nunca pagaron; Cuba porque simplemente estafa, así de sencillo, y no paga pretextando un bloqueo que no existe, y Venezuela porque tampoco paga y si alguien tiene dudas puede preguntarle a Conaprole y a los productores del sector lácteo, que siguen penando sin cobrar.
Las cifras del despilfarro han sido tan grandes que cuesta entender que pueda confiarse nuevamente en los gobernantes frentistas. Mujica hoy exhorta a los diputados y senadores que resulten electos a ceder un veinte por ciento de sus sueldos para atender a la niñez desvalida; parece que se olvidó de Gas Sayago o del simulacro del remate de Pluna para darle el monopolio a López Mena, o de las velitas al socialismo o de Aratirí o del puerto de aguas profundas o de los turbios negocios con Venezuela.
Con esa descomunal cantidad de dólares tirados en ruinosas aventuras se podrían haber suprimido todos los asentamientos, que avergüenzan al país.
Hoy en día el tema de la seguridad es una de las legítimas preocupaciones de los uruguayos, pero lo que el frentismo imputa como un fracaso al gobierno de la coalición, tiene sus raíces en el primer gobierno de Vázquez, cuando bajo la excusa del hacinamiento carcelario liberaron a ochocientos presos que salieron a reincidir. Luego, en las administraciones siguientes, el Frente Amplio tuvo la funesta ocurrencia de poner la seguridad en las manos inexpertas de Bonomi y del enfermero hermano de Vázquez, con lo que consolidó una situación que se deberá atender en un largo proceso, tan largo como el de los quince años del desastre frentista.
Ahora hay voces que claman por darle a las Fuerzas Armadas alguna labor de apoyo a la Policía, como lo hace con eficacia en las fronteras del país, mientras que algunos frentachos trasnochados abogan por suprimir al Liceo Militar y reducir en forma considerable a las Fuerzas Armadas y hasta se está discutiendo en incluir esos puntos en el programa de gobierno que el sistema tupa-bolche quiere imponerle a Uruguay.
Y todavía quedan dos preguntas para hacerse: si el señor fiscal interviniente se hubiera animado a defender su tesis sobre el principio constitucional de especialidad en el examen que debió dar sobre esa materia en la Facultad de Derecho para recibirse de abogado y si Antel le acabó de pagar al Banco de Santander los cuarenta y dos millones de dólares que recibió en préstamo.
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