“El crecimiento económico requiere algo más que mercados, ya que la existencia de estos últimos no puede nunca darse por sentado. Sí requiere instituciones capaces de abordar los problemas de coordinación que no pueden resolverse a distancia. En la Europa de la posguerra, esto significó coordinar negociaciones entre sectores y países. Esto implicaba resolver el problema de la inconsistencia temporal, que crea un incentivo para incumplir los acuerdos, haciendo que las partes sean reacias a comprometerse en el primer momento”.
Barry Eichengreen, en “La economía europea desde 1945: capitalismo coordinado y más allá”
Cualquier estudio sobre la historia de la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra nos permite apreciar la importancia que tuvieron las instituciones en su despegue económico y social. Según el economista de la Universidad de Berkeley, uno de los principales problemas que enfrentó Europa fue el de la coordinación, ya que todas las partes debían estar dispuestas a sacrificar algo para poner nuevamente en pie a la economía. Pero allí se presenta el problema de la inconsistencia temporal, cuando ninguna de las partes está dispuesta a realizar un sacrificio inicial por temor a que la otra parte, llegado el momento, incumpla con su parte del pacto.
La economía moderna ha formulado sofisticados modelos matemáticos para ayudar a resolver problemas de este tipo, disciplina que se conoce como teoría de los juegos. Pero no se necesita ser economista o matemático para comprender la importancia de la coordinación para maximizar el bienestar colectivo. Basta con imaginar el resultado del problema de reparto que se presenta cuando dos niños no logran ponerse rápidamente de acuerdo sobre cómo dividirse un helado.
Con la división de la economía y la ciencia política en disciplinas separadas, los economistas se fueron alejando de los factores políticos e institucionales, que naturalmente son menos estructurados y por tanto más difíciles de modelizar cuantitativamente. Por algo la disciplina en el pasado era conocida como economía política. Esto era reconociendo el hecho que la economía no puede separarse de la política, ya que muy frecuentemente los factores políticos tienen una influencia determinante en los resultados económicos. De hecho, ocurre a menudo que aquellos que avivan la llama de la falsa antinomia entre lo político y lo técnico son los mismos que presumen de valores republicanos, sin advertir que alentando esta fractura enciclopédica arriesgan con degradar la autoridad de los representantes del soberano. Para ilustrar los riesgos de este divorcio, basta apreciar la estrepitosa pérdida de confianza de la sociedad chilena en su sistema político, tras décadas de delegar gran parte de la tarea del gobierno a una tecnocracia aislada de la realidad económica y social.
Ni el poder ni las responsabilidades se delegan, y son los políticos quienes fueron encumbrados por la ciudadanía para asumir la responsabilidad de la conducción del país. Si el político se equivoca, la ciudadanía contará siempre con la oportunidad de juzgar con su voto. ¿Pero quién asume la responsabilidad si el que se equivoca es un técnico? Evidentemente, la responsabilidad es siempre política, ya que ningún gobierno podría desentenderse de un error cometido por miembros de su administración, por más “técnicos” que sean.
Sin lugar a dudas, es la política la responsable de elegir técnicos apropiados para resolver los problemas sociales y económicos del momento. Solo con una fuerte impronta política se lograrán los grandes acuerdos para que nuestro país vuelva nuevamente a la senda de crecimiento. Estos son los “tres o cuatro temas” de los que habla el Dr. Ricardo Pascale en su entrevista con Semanario Voces la semana pasada.
Es por todo lo anterior que desde las paginas de La Mañana se ha insistido en la necesidad de instalar el Consejo de Economía Nacional (CEN), figura que fue incorporada en la constitución de 1934 y que se ha mantenido incambiada desde entonces. Lo primero que debería hacer el CEN es consensuar los tres o cuatro principales temas a resolver. Posteriormente, el CEN estará en condiciones de formar un equipo de técnicos que garanticen una gama de opiniones lo suficientemente amplia para ser consideredas representativas. El arte del CEN sería asegurarse de que las visiones técnicas queden integradas en las recomendaciones de política al Poder Ejecutivo. Estas recomendaciones al Ejecutivo no tendrían naturaleza vinculante, pero permitirían al gobierno contar con una orientación más institucionalizada sobre las soluciones a los grandes problemas del país.
Nuestro país tiene un antecedente –breve pero muy sustancial– con la CONAPRO, acuerdo que fomentó el espíritu de colaboración entre los cuatro partidos que compitieron en las elecciones del 1984. Definida como un “ámbito de concertación nacional y programática, de partidos políticos y fuerzas sociales y empresariales”, la CONAPRO podría servirnos de inspiración para revivir el espíritu nacional de unidad que nos permitió realizar una transición democrática y pacífica. Economía y política no pueden circular por avenidas separadas. Muy por el contrario, se deben buscar mecanismos institucionales que faciliten la coordinación.
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