Muchos se preguntan el motivo de un pedido de informes al MTSS sobre las pensiones reparatorias para exiliados y presos políticos. Se hacen conjeturas y endilgan intencionalidades a este acto sin siquiera haber recibido yo hasta el momento un solo llamado de la prensa u otros interesados sobre el asunto.
Vamos por el principio. Sobre este beneficio se ha especulado desde parte de la población durante mucho tiempo si corresponde o si efectivamente es un tema de justicia reparatoria.
Desde tiempo atrás, tenemos la legítima preocupación de que si esta ley está siendo aplicada de manera correcta a quienes en ella se determinó comprender.
Nunca fue ni será nuestro objetivo ni la derogación de la misma, ni quitar derechos adquiridos de nadie. Así nos comprometimos al formar la coalición y así cumpliremos nuestra palabra; pero además entendemos que es justo que quienes fueron perjudicados reciban dicha reparación.
Tampoco es motivo del pedido de informes las últimas publicaciones en las redes sociales, poniendo en duda o cuestionando la veracidad de personas que reciben este beneficio al denunciar que lo estarían percibiendo de manera ilegítima.
Asimismo, considero necesario que en virtud de la publicación de las auditorías realizadas en la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado (OAVTE), donde se brindan prestaciones médicas en forma gratuita y vitalicia tales como asistencia psicológica, psiquiátrica, odontología y farmacológica a hijos, nietos, cónyuges o concubinos de las víctimas y donde se constató la falta de documentación sustantiva de quienes reciben dichas prestaciones, aclarar entonces que bajo ningún concepto estaremos reclamando en estos casos revisión alguna. No vamos en contra de quien necesita una ayuda sanitaria.
Nuestra preocupación viene desde mucho antes. El tipo de denuncia sobre las reparaciones económicas se nos viene haciendo llegar por varios medios a modo de conocimiento o rumor, lo cual no puede ser de recibo para elevar de manera seria la misma en ningún ámbito. Por tanto, lo que corresponde hacer es efectuar el pedido de informes desde nuestra banca de legislador para cumplir con un objetivo supremo: llegar a la verdad.
De eso se trata precisamente pedir información, se trata de dejar a un lado las especulaciones y llegar a la verdad, sea cual sea.
Diría, además, que quienes más interesados deberían estar en que así fuese, son quienes, de forma legítima, están comprendidos en esta ley, quienes realmente sufrieron y perdieron mucho más que a nivel económico durante los años de atropello y persecución política. A ellos es a quienes por respeto, toda la sociedad debería exigir que en caso de que algún deshonroso individuo esté sacando provecho de sus penurias, sea de inmediato sometido a la pena que por su fraude dicte la justicia.
Se escuchan voces que se oponen a que esta verdad sea entregada a este legislador, quien esperará paciente la comunicación oficial, sin adelantar respuesta a las mismas. Simplemente expreso que a la verdad nunca hay que oponerse o temerle. Mucho menos esquivarla.
Sobre el pedido en sí mismo fue entregado el día 12 de octubre, previo llamado telefónico una semana antes al directorio del BPS, solicitando información general al respecto y avisando que sería enviado el pedido formal de informes a la brevedad.
Con cierta sorpresa, pero de buen agrado, me entero que también el Partido Colorado presenta casi el mismo día un pedido de similares características. Siempre es bueno que la preocupación por un tema de tal sensibilidad sea compartida por otros actores políticos.
Lo que quisiera dejar, meridianamente claro, es que mi motivación no es ni será jamás político partidaria en asuntos que comprendan a la verdad o que sean causa que entendamos de justicia emprender.
No nos mueve otro sentido que cumplir con la ley y el de tener la tranquilidad de que esta está siendo impartida, en este caso a quienes justamente les corresponde.
Sí entiendo que en el caso de comprobarse la existencia de fraude por parte de algún beneficiario no solo está cometiendo un delito hacia el Estado, sino, que más grave aún, hacia todos quienes han sufrido de verdad las consecuencias por ser víctimas de un período nefasto.
Defendemos a ultranza toda la verdad, le guste a quien le guste, le convenga a quien le convenga. Esta nunca puede ser moldeada para beneficio propio o de corrientes políticas.
También es verdad que muchos compatriotas sufrieron y sufren gravísimas consecuencias derivadas de aquellos años que precedieron a la dictadura y nunca reclamaron reparación económica, aunque sí ahora reclaman al menos toda la verdad.
A pesar de ello, este diputado cree que es causa justa que exista una ley tipo espejo que repare de forma económica a las víctimas y familiares del terrorismo en Democracia.
La verdad es una para todos, la justicia debe ser también una para todos.
(*) Diputado por Cabildo Abierto.
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