En el día de ayer Cabildo Abierto lanzó oficialmente la campaña de recolección de firmas para obtener mediante plebiscito lo que nuestra orgullosa República no logra conseguir luego de tres años de tertulias parlamentarias: un marco jurídico justo y adecuado que proteja a los ciudadanos de la usura y permita a cientos de miles de uruguayos emerger de la ciénaga de deuda en que la flagrante omisión del regulador permitió que se hundieran gradualmente.
En efecto, el BCU dispone de un herramental administrativo con el que hubiera podido corregir la situación, al menos parcialmente, sin necesidad de un decreto del Poder Ejecutivo o de una nueva ley. Pero quizás convencido de que es correcto permitir que un ciudadano se endeude legalmente a tasas del 180% anual, el BCU no hizo absolutamente nada. De tanto discurrir sobre el “riesgo moral”, resultó inevitable que se comenzara a agitar el fantasma de un regulador capturado por el regulado. De golpe el fenómeno de las puertas giratorias empezó a cobrar sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que con un stock de créditos en efectivo del entorno de los US$ 6000 millones, 10% menos de tasa de interés representa US$ 600 millones menos de ingresos para bancos y financieras. De modo que, si se lograra llevar la tasa del 150% actual a una más normal, aunque todavía elevada de 50%, estas instituciones devengarían US$ 6000 millones menos de intereses al año, cifra que representa poco menos del 10% del PBI y se encuentra por fuera de toda lógica. Como no existen datos precisos del BCU y ninguna consultora privada pareciera interesada en el tema, lamentablemente no hay mucha más información que ésta. Ojalá alguien nos desmintiera. Pero hace ya más de cuatro años que La Mañana viene denunciando la situación y aportando cálculos que nadie ha logrado demostrar estén equivocados. La respuesta es siempre la misma: silencio.
Visto de otra manera, los uruguayos destinarían entre un cuarto y un tercio de la masa salarial sólo para pagar intereses de los préstamos al consumo, situación que en cualquier otro país podría provocar desde una revolución hasta una guerra civil. Paradojalmente, aquellos que todavía defienden la insurrección armada promovida por la OLAS desde La Habana a fines de los ´60, hoy no atinan a reaccionar siquiera verbalmente contra este abuso indignante dirigido hacia los sectores más desprotegidos de la población. Por el contrario, lo poco que emerge de esa mórbida izquierda caviar actual no son más que sofismas académicas formulados y financiados por el poder financiero internacional. La idea es extraer rentas hasta más no poder. Hasta que alguien diga “no más”, como el mítico Roberto “Mano de Piedra” Durán en su imposible pelea contra Sugar Ray Leonard el 25 de noviembre de 1980.
Las condiciones reinantes para el endeudamiento familiar constituyen una medida flagrante de las profundidades morales a la que viene descendiendo nuestro país de forma acelerada; quizás esto sólo sea comparable a la ausencia de una estrategia seria y decidida para evitar que el narcotráfico nos penetre como a un colador. Lamentablemente, los dos fenómenos se refuerzan entre sí y tienen la misma raíz: la indiferencia de un sistema político que se muestra sin capacidad y voluntad de ejercer los poderes que la Constitución le confiere al Estado.
El problema de las deudas y la usura se puede enmarcar dentro de una tendencia más general que se viene instalando en el mundo occidental y que favorece la captura de rentas por parte de grupos de interés, algo que aparentemente iría en dirección contraria a la profesión del liberalismo de las autoridades económicas. Cabe notar que el éxito del desarrollo capitalista occidental se basó en la competencia, la libertad y la diversidad, ofreciendo al mismo tiempo incentivos a la innovación y castigos regulatorios a esa captura de rentas que había caracterizado al “ancien regime”.
Hoy observamos con pesar que muchos de los “negocios innovadores” que plantean la participación del Estado no son más que repartos de rentas del Estado a favor de intereses privilegiados; desde exenciones fiscales que benefician selectivamente a grandes empresas hasta reguladores que miran para el costado ante el crecimiento de posiciones dominantes en varios sectores de la economía nacional. Todo solventado con los impuestos de trabajadores, profesionales y pymes.
Otra modalidad pasa por privatizar solapadamente los segmentos más rentables de las empresas públicas para dejarlas con los menos rentables, una “modernización” que si se le aplicara a cualquier empresa privada terminaría por fundirla. Pero parece que para la empresa pública eso estaría bien, bajo el argumento que hay que forzarlas a competir o sanatas por el estilo. Eso no es ni más ni menos lo que se está haciendo con UTE, permitiendo que grandes productores y consumidores formen un “mercado privado”, salteándose al ente, pero utilizando su costosa infraestructura y acudiendo a él por energía de respaldo si no llegara a soplar el viento… Por denunciar esto que a todas las luces aparenta ser un vaciamiento de los ingresos del ente, el representante de Cabildo Abierto en su directorio se ganó la acusación de “terrorista”.
A decir verdad, el término resultaría más apropiado para describir aquellas conductas que insisten con repartir o generar rentas en beneficio de unos pocos al costo de esa mayoría de uruguayos que tienen voto, pero cada vez menos voz.
Hoy Cabildo Abierto nos abre una oportunidad de decir “no más” a esta escandalosa captura de rentas. ¡Aprovechémosla!
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