Lejos de ser una iniciativa filantrópica, sino la obligada consecuencia de la decisión del Gral. Manini Ríos de terminar con la usura crediticia, es que salieron a la palestra con bombos y platillos el presidente del Banco Central, Cr. Diego Labat; el presidente de la Aneac, Alejandro Grasso; la directora ejecutiva de Anbpu, Bárbara Mainzer, y la gerenta general del BROU, Marcela Espino, a publicitar, como si fuera una idea propia, el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas con un plan a realizarse por única vez.
En palabras del presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, Sr. Alejandro Grasso, el plan de pagos ofrece “beneficios enormemente favorables para los deudores”, lo que ha generado un fuerte interés.
Lo primero a destacar del plan, mezquino e insuficiente porque deja afuera a la gran mayoría de deudores expoliados, es que se hace bajo la mentirosa consigna de otorgar “enormes beneficios”, cuando la verdad es que simplemente es la renuncia de los prestamistas usureros a una parte ínfima de sus jugosas ganancias.
Se reconoce, no había medio de evitarlo, la existencia de 786.380 deudores morosos, como siempre dijo Cabildo, una gran parte de ellos calificados Categoría 5, o sea como incobrables y generalmente incluidos en el Clearing de Informes, lo que consagra una verdadera muerte civil.
Una parte se ha beneficiado por la condonación de sus deudas, cuando el monto es menor a los 5000 pesos y en algunas de las entidades privadas inferior a los 1000 pesos, o sea que por su escasa cuantía se dan por canceladas.
Los otros beneficios “enormemente favorables”, como dijo el señor representante de Aneac, son un refinanciamiento de las deudas de un monto hasta 100.000 pesos y consiste en facilitar el pago del capital, sin intereses recargos ni multas ni actualizaciones, hasta en un plazo de 48 meses. Eso sí, el historial crediticio se mantiene aunque se salde la deuda morosa, para saber si en el pasado tuvo incumplimientos.
Naturalmente, queda intacta la “Ley Astori” 18.212 del 2017 que habilita la usura, es decir el préstamo abusivo de dinero, a pesar de la prohibición constitucional (art. 52). Eso no se toca y todo el sistema político protege el sistema bancario y financiero, desde el gobierno a la oposición frenteamplista y hasta se ha sumado el reciente reincorporado a la política Dr. Pedro Bordaberry, que se ha expresado rechazando la derogación, con el lábil argumento de la “seguridad jurídica”, como si esa pretendida seguridad pueda saltearse la propia Constitución. O sea que, junto al gobierno y todo el Frente Amplio, el único partido de la Coalición Republicana que lucha contra la usura es Cabildo Abierto.
Alarmados, porque Cabildo Abierto ha llegado a superar las 320.000 firmas para asegurar la convocatoria del plebiscito Contra la Usura y por una Deuda Justa, se han adherido a la refinanciación promovida el Banco Central también otros bancos como el BBVA, Banco Heritage, BROU, Banco Itaú, Scotia y Santander y otras instituciones como ANDA, OCA, Pronto, ACAC. También entidades financieras como Crédito Uruguayo, Cash, Credisol, Crédito de la casa, Crédito Verde, Crédito Valor, Volvé, Fucac Verde, República Microfinanzas y Crediton.
La abundancia de oferentes del intocable sistema oficial, que impide la informalidad tan temida es elocuente en denunciar un negocio tan antiguo como pingüe, que funciona bajo el amparo inconmovible del sistema político y que para los casos de incumplimiento tiene, como sucedáneo al cobro, la venta de la cartera de morosos a empresas especializadas en ese tipo de cobro que cuentan con profesionales e incansables cobradores que persiguen y atomizan a llamadas y anuncios de juicios como son Mercurius, Viemventura y Fabraler, entre otras.
Por si fuera poco, y como respuesta evidente al débil argumento de mantener la “formalidad” de los prestamistas, ya han aparecido en varios departamentos prestamistas informales, algunos del exterior como un grupito de colombianos que hacen los llamados préstamos “día a día”, es decir que se comienza a devolver la plata al día siguiente, en cuotas diarias sin solución de continuidad, hasta la cancelación. Lo más curioso es que esa modalidad es de utilidad para muchas personas, que así satisfacen sus necesidades financieras y aunque se reprimen por la autoridad son una alternativa en el mercado.
Siendo como es el Proyecto contra la Usura de Cabildo, que han apoyado más de 320.000 personas, es insólito que no lo apoye el Frente Amplio, que pretende y se vende a sí mismo como el auténtico defensor de los intereses populares y en realidad defiende los intereses del sistema bancario y financiero (aunque sean claramente usurarios), como en forma expresa dijo el senador Charles Carrera, que comparte con Pedro Bordaberry y los gobernantes blancos, la protección del expolio, bajo el pretexto de que afecta la seguridad de los contratos, sin importarles la prohibición constitucional del art. 52.
Así es que califican como derechista a Cabildo Abierto, que defiende a los más vulnerables, mientras que los izquierdistas o aquellos llamados socialdemócratas sostienen el privilegio de los bancos y las entidades prestamistas, que expolian con interés de usura a los más necesitados.
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