Sin lugar a duda, al final del año 2024 una carga pesada ha sido colocada en los hombros de la sociedad uruguaya.
Los hechos son:
1. Las autoridades designadas del Ministerio de Salud Pública, para el nuevo quinquenio, proponen aumentar plazos para abortar a 19 o 20 semanas de gestación, y derogar el delito de aborto del Código Penal.
2. Un estudio publicado en diciembre 2024, sobre el costo de un aborto legal en Uruguay, comparado con el protocolo sugerido por la Organización Mundial de la Salud, mostró que el nuestro es un 33% más costoso que el del organismo internacional. Sugiere ampliar plazos y reducir requisitos para abortar.
3. Acompasado con el numeral anterior, la investigación del Grupo de Estudios en Política Criminal, que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que según trascendidos de prensa informa:
a. La consulta de la mujer que cursa un embarazo inesperado con el equipo interdisciplinario no tiene sentido.
b. La inutilidad del período de reflexión que establece la ley.
c. Se debería derogar el delito de aborto del Código Penal.
Ante estos hechos –que generarán más muerte, depresión y suicidio–, a la sociedad uruguaya le cabe una gran responsabilidad: ¿seguirá permitiendo que más niños por nacer mueran? Hasta el 31 de diciembre de 2023, han muerto de esta forma 106.631 uruguayos. ¿O tomará la única acción racional y lógica, que es promover la derogación de la mal llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite matar hasta las 12 semanas de gestación?
Gianella Aloise
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