Eduardo Acevedo tiene una biografía de Artigas muy voluminosa que comienza señalando que no debemos referirnos a él como José Gervasio porque Gervasio era su nombre de bautismo y que él jamás firmó un documento como «José Gervasio Artigas», sino que siempre firmaba «José Artigas». Considero que el tema tiene interés histórico y el respaldo de la autoridad, nada menos, que de Acevedo.
Por otra parte, quiero señalar que no es la primera vez en la historia del Uruguay –o sea en la Batalla de Las Piedras– que se pronuncia el famoso «Clemencia para los vencidos».
El 25 de abril previo se había librado la Batalla de San José, generalmente ignorada. Como descendiente de maragatos –o de josefinos, como se dice actualmente– quiero reivindicar que, previo a esa batalla, Benavides intima a José Larriera y a Juan Perera –de quien desciendo directamente– la rendición. Les dice que, si no se rinden, va a degollarlos. La cuestión es que los españoles le contestan a Benavides que van a resistir mientras puedan. Y así, efectivamente, lo hacen.
Una vez vencidos, Benavides se aprestaba a degollarlos, como era habitual en aquella época. Debemos tener en cuenta que en esa batalla se enfrentaron criollos y españoles –en ambos bandos había criollos y españoles– y muchos de ellos eran familiares. Cuentan Aníbal Barrios Pintos y José Larriera en La historia de San José que los compañeros de Benavides –muchos de ellos criollos y simples gauchos– se arrodillaron ante él y le pidieron «clemencia para los vencidos». Y Benavides le concedió a los vencidos el perdón de sus vidas.
Creo que es una referencia histórica que demuestra que, a pesar de la tan proclamada barbarie de nuestros gauchos, existía en ellos un sentimiento cristiano de piedad y perdón.
El Uruguay vivió momentos de extrema violencia en las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo, envuelto en la disputa de las potencias hegemónicas de aquella época que generó enfrentamientos internos en los países de Hispanoamérica.
Al redactar el proyecto de ley original, aprobado inicialmente por este Senado, pretendimos abonar la reconciliación de los compatriotas partícipes de dichos enfrentamientos, intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país.
Si bien no lo logramos, ya que la oposición se negó a votar el proyecto –cosa que lo hubiera enaltecido, al contribuir a resolver heridas que no se han restañado–, debemos señalar que aun siendo realistas y conscientes de la profunda división que los hechos en cuestión han generado, guardamos la esperanza de que la aprobación de la iniciativa, aun cuando no tenga la unanimidad del sistema político, constituya un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica, cerrando un ciclo que dio lugar a que en abril de 1972 se declarara, por el Parlamento democrático de la época, el estado de guerra interno.
Debemos señalar que, como descendientes de españoles, hemos heredado algunas de sus virtudes y muchos de sus defectos –entre ellos, el de ser cabezas duras– y guardamos en nuestro corazón la remota esperanza de que un proyecto de esta naturaleza sea aprobado por la unanimidad del Senado. Quizás podría decir, como Francisco Arias en la batalla de Empel: «Me rendiré cuando muera».
La dictadura de los años setenta estuvo precedida por la acción de grupos armados que desataron la violencia con la finalidad política de deponer un gobierno democráticamente electo y sustituirlo por un régimen inspirado en la revolución cubana de 1959 que, en definitiva, instaló una dictadura que lleva más de seis décadas oprimiendo al pueblo de Cuba.
El accionar de dichas organizaciones generó no solo el asesinato de numerosos policías y soldados –verificados en situaciones de absoluta indefensión– sino que además perdieron la vida numerosos civiles, que fueron víctimas inocentes de enfrentamientos en los que no participaban.
Las víctimas de los movimientos armados de carácter político –que ocasionaron numerosos daños materiales y, particularmente, la pérdida de vidas– son alrededor de un ciento de personas que, inexplicablemente, nuestra sociedad no ha reparado material ni moralmente en casi cuarenta años de restaurada la democracia.
Son numerosas las leyes que han reparado económica y moralmente a las víctimas de la dictadura militar; sin embargo, no se ha reparado, en cuatro décadas, a las víctimas del terrorismo ideológico de los años sesenta y setenta.
No se pretende abogar por la teoría de los dos demonios, ni se pretende equiparar a las víctimas de los grupos armados con las víctimas de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas. Es obvio que este proyecto de ley no contempla la totalidad de los damnificados por actos violentos, pero ampara a un número significativo de víctimas a las que por desidia o intencionalidad política no se las ha querido indemnizar en el pasado argumentando los más variados pretextos.
El entonces doctor Tabaré Vázquez pretendió amparar a estas víctimas, objeto de este proyecto, y su sana pretensión chocó con intereses que frustraron su iniciativa, a nuestro juicio, de manera inexplicable e injusta.
Esperamos que esta ley ponga algo de justicia respecto de un cierto número de compatriotas injustamente afectados por la violencia política desatada en Uruguay, que deseamos no se reedite.
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